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/ Ana María Salazar /
¿Debe considerarse el carro bomba que estalló frente al edificio de la policía comunitaria de Coahuayana como un atentado terrorista? A menos de una semana de asumir el cargo, Ernestina Godoy enfrentó uno de los grandes retos de cualquier Fiscal: el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, le corrigió la plana. Según él, lo sucedido en Coahuayana no fue un acto de terrorismo, sino otro episodio más en la lucha entre organizaciones criminales por el control de la violenta región de Michoacán. La definición de si este acto debe investigarse y perseguirse como terrorismo corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR), no al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Este caso también ilustra la necesidad del Ejecutivo —en este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum— de influir en las decisiones de la Fiscal. México busca proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad para recibir a equipos y turistas que vendrán al Mundial. Carros bomba no ayudan a este esfuerzo; por el contrario, el gobierno parece minimizar estos ataques como parte de una guerra interna entre cárteles que “no afecta” a civiles ni a quienes planean visitar el país. Sin embargo, cada vez que se utiliza la palabra “terrorista” para describir actos violentos, aumenta la posibilidad de que Estados Unidos y otros países eleven alertas para que sus ciudadanos reconsideren viajar a México. Los equipos de fútbol y sus acompañantes seguramente evalúan qué nivel de seguridad requerirán, y las aseguradoras calculan primas: cubrir accidentes es muy distinto a cubrir siniestros catalogados como terrorismo.
La imagen del país puede depender de cómo la Fiscal decida perseguir ciertos delitos: ¿será un país donde reina la impunidad para violentos y corruptos, o uno donde se persigue a opositores mientras las víctimas permanecen desamparadas? Uno de los mayores retos para Ernestina Godoy es que delincuentes, crimen organizado y corruptos no temen a la FGR ni al ministerio público. Parte del problema fue la infame estrategia de “Abrazos, no balazos”, que permitió al crimen organizado ampliar su control territorial. Además, en 25 años de reformas para mejorar la justicia penal, el ministerio público ha sido la institución huérfana. Con las últimas reformas que crearon la FGR, la situación parece peor: su titular es “disque independiente” cuando conviene al Ejecutivo, para evitar el costo político del fracaso del Estado en proteger a sus ciudadanos de las organizaciones más violentas del planeta. Además, Ernestina Godoy llega a la titularidad de la Fiscalía en un momento donde esta claramente documentado la corrupción y la ineficacia de la institución-además de que no ha habido un aumento suficiente en el presupuesto. La Fiscal está empezando, literalmente de cero, en un momento en donde el país enfrenta una crisis de violencia y posiblemente protestas sociales ante la coyuntura el Mundial de la FIFA del año entrante.
Este fracaso explica por qué el gobierno de Donald Trump decidió clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Aunque las sanciones de esa política no siempre implican cárcel, sí afectan flujos financieros y dañan reputaciones al transparentar información que posee Estados Unidos. Hoy, los criminales no temen a la fiscalía mexicana, pero sí a ser perseguidos por el gobierno estadounidense y entregados —sin proceso de extradición— al Departamento de Justicia. De hecho, uno de los retos más difíciles para la Fiscal Ernestina Godoy será su relación con el Departamento de Justicia (DOJ) y su Procuradora Pam Bondi- una de las funcionarias más controvertidas en el gobierno de Trump. La FGR debería ser el muro de contención ante las demandas y presiones de la Casa Blanca de querer enfrentar sin frenos a los grupos del crimen organizado. Decisiones que se toman desde la FGR tienen mucho más impacto que las conversaciones entre los cancilleres y los diplomáticos.
Es gravísimo que el crimen organizado no tema al ministerio público. En un sistema penal funcional, deben existir incentivos para no delinquir: ser detenido, investigado, procesado, enjuiciado y condenado. Pero si las probabilidades de enfrentar un juicio son mínimas, ¿cómo se ejerce presión para disuadir el delito? Ante la debilidad institucional para controlar organizaciones violentas que actúan como terroristas, surge la terrible opción de la “guerra sucia”: en lugar de investigar y enjuiciar, el Estado neutraliza —mata o desaparece— a los violentos.
Este es otro de los grandes retos de la Fiscal: rescatar el Estado de derecho y la confianza del ciudadano.
