Retrocesos significativos en Derechos Humanos con AMLO.

*Escrito por Edith González Cruz .

05.11.2023 / Cimac Noticias.com / Ciudad de México.- Previo a la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU) de México ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a realizarse el próximo 24 de enero de 2024, más de 300 organizaciones y redes estatales, nacionales e internacionales de la sociedad civil, agrupadas en el Colectivo EPUMx, presentaron 18 informes temáticos como insumos para dicha reunión sobre el estado de los derechos humanos en el mundo cuya conclusión señala retrocesos significativos en el Estado de Derecho.

Violencia contra las mujeres, la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas; migración; desplazamiento forzado; militarización; desaparición forzada; pueblos indígenas; población LGBTIQ+; personas privadas de la libertad; personas con discapacidad; tortura; empresas y derechos humanos; seguimiento a recomendaciones internacionales; sistema penal e impunidad; niñez, adolescencias y juventudes; protesta social y población afromexicana, son algunos de los temas analizados que dan cuenta de la situación de los derechos humanos en México, en un contexto de violencia sistemática e impunidad.

“Se observan retrocesos significativos en el Estado de Derecho, lo cual se evidencia particularmente en el debilitamiento de mecanismos, órganos autónomos y desconcentrados relevantes para la garantía de los derechos humanos y la democracia, como el Instituto Nacional Electoral o el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Por otra parte, a 10 años de su creación, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas no cuenta con la capacidad operativa y administrativa necesarias para cumplir con su labor y se ha deteriorado la institucionalidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, señala el informe.

Para los expertos en derechos humanos, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos.

Por ello, es indispensable que, al examinar a México en enero próximo, el Consejo de Derechos Humanos considere en su balance la persistencia, pero también la agudización, de algunas de las cuestiones abordadas en las recomendaciones previas, así como la existencia de problemáticas sobre las cuales no se han emitido recomendaciones específicas, especialmente en las cuestiones vinculadas con la militarización y sus múltiples impactos.

Al respecto, Angélica de Anda Celis, de Amnistía Internacional, señaló que, en particular, el derecho a la protesta y la militarización, son temas aún invisibilizados en los diagnósticos de derechos humanos.

“Vemos un aumento de 163 por ciento de los recursos presupuestales en un contexto donde tristemente estas instancia continúan siendo opacas, no rinden cuentas, utilizan el fuero militar para investigar violaciones a los derechos humanos, pese a que la constitución como los estándares internacionales dictaminan que ante cualquier violación de los derechos humanos tiene que ser investigada y juzgada por jueces civiles”, señaló durante la presentación del informe.

Como ejemplo, señala a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que desde 2019, cuando fue la designación de su actual presidenta, la independencia y criterios de actuación de la institución se ha puesto en duda, debido al debilitamiento de la estructura interna y la adopción de decisiones en respaldo a la política del gobierno que contravienen sus obligaciones como institución nacional de derechos humanos, tal fue el caso de avalar las reformas legislativas que institucionalizaron la militarización de la seguridad pública.

Militarización

A lo largo del sexenio, la militarización se ha extendido en diversas esferas de la vida pública, mediante una base legal sin precedentes. El gobierno ha perpetuado e institucionalizado la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana y otras de índole civil, que suman más de 240, incluidas la construcción de obras públicas, la implementación de la política migratoria, la gestión de programas sociales y de aduanas y puertos, entre otras.

En 2019, se reformó la Constitución para la creación de la Guardia Nacional (GN) como la entidad civil responsable de la seguridad pública a nivel federal, luego en el 2022, el Congreso aprobó reformas secundarias para adscribir la GN al control administrativo y operativo de la SEDENA. En la práctica la GN se ha consolidado como un órgano castrense por el origen de sus mandos, la composición de sus elementos, su entrenamiento y la inexistencia de controles civiles efectivos sobre su actuación.

Acceso a la Justicia y feminicidios

En 2021 se efectuó una reforma al Poder Judicial de la Federación con la que se buscó atacar prácticas de nepotismo y corrupción, así como fortalecer un nuevo sistema de precedentes y de representatividad en la carrera judicial y construir una fiscalía autónoma.

Sin embargo, para los analistas, esto derivó en una serie de contrarreformas que acotaron los derechos de las víctimas, cancelando instancias de rendición de cuentas, erosionando controles para designación de fiscales y desvinculando a la FGR de mecanismos de coordinación interinstitucional en temas tan relevantes como la búsqueda de personas desaparecidas, bajo el argumento de ser una institución autónoma, desvirtuando el sentido de su autonomía de investigación.

Destaca el 2021 como el año con más feminicidios. Se registró un máximo histórico de mil 018 de estos delitos, en un contexto de aumento de violencia contra las mujeres. En esta línea, en comparación con el año previo, en 2022 incrementó la tasa de víctimas y de delitos en general.

La narrativa de autoridades federales y estatales busca justificar la persistencia de la violencia en diversos contextos bajo el discurso de que son enfrentamientos entre grupos delincuenciales. En este contexto, la impunidad es la regla: en promedio, el 91.8 por ciento de los delitos que se denuncian en el país no son investigados.

“Se estima que en 2021 solo el 10.1 por ciento de los delitos se denunció ante las autoridades y únicamente en 67.3 por ciento de estas denuncias se inició una carpeta de investigación, de las cuales en 50.8 por ciento no pasó nada o no se resolvió la denuncia”, destaca el informe.

Desapariciones

Según datos oficiales, México registra más de 111 mil personas desaparecidas, de las cuales más de 40 mil ocurrieron durante esta administración. Si bien estos datos incluyen casos recientes y del pasado, el índice ha crecido exponencialmente en los últimos años, observándose una estrecha relación con el inicio, en 2006, de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Los casos judicializados por el delito de desaparición rondan alrededor del 2 y 6 por ciento, y solo se han emitido 36 sentencias condenatorias a nivel nacional, ninguna contra un alto mando civil o militar.

En este panorama, en los últimos años han aumentado sustantivamente las desapariciones de personas migrantes, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Existen serias falencias en las investigaciones por parte de las fiscalías, como la burocracia y formalismos excesivos, la ausencia de planes de investigación y omisiones en la práctica de diligencias, la resistencia para colaborar con las comisiones de búsqueda de personas, o la falta de recursos suficientes para cumplir su deber.

En general, el Estado no cuenta con una política integral para prevenir y erradicar esta práctica. A la par, el país enfrenta una crisis forense, con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, bajo custodia estatal, a los que se suman aquellos que son encontrados por familias y no tienen un procesamiento adecuado por parte de las autoridades.

Examen Periódico Universal

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo singular del Consejo de Derechos Humanos que estipula que cada Estado Miembro de las Naciones Unidas se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos. De tal forma, constituye una oportunidad para visibilizar las problemáticas estructurales y de diseño de políticas públicas que enfrentan los países miembros.

De estos análisis, surgen recomendaciones por parte de la comunidad internacional encaminadas a mejorar la situación de derechos humanos en las naciones y superar los retos que dificultan la garantía de los derechos humanos.

El EPU fue creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero fue hasta el 2008 cuando se realizó el primer el primer EPU, todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han sometido tres veces a la evaluación. El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022.

El Colectivo EPUmx

Es una coalición de organizaciones, redes y colectivos de sociedad civil nacionales, estatales e internacionales que trabajan en el ámbito de los derechos humanos en México. El Colectivo se aglutina alrededor de los ciclos de evaluación de México ante el Examen Periódico Universal y sus integrantes han presentado contribuciones conjuntas desde el primer ciclo sobre el país en 2009.

Está conformado por:

Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Las organizaciones que integran el Espacio OSC son:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentarios y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados. El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

 

Fian México

Frontline defenders

Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual A.C. Coordinadora del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+ en México que agrupa a 64 organizaciones y de la Red de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas LGBT en México de 25 organizaciones.

Fundación Juconi México A.C.

Fundación para la Justicia

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Américas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos  Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación  Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; Paso de Esperanza A.C.; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save the Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas:  Misión con Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Gloria Ciria Valdéz Gardea, fundadora y coordinadora del Seminario Niñez Migrante; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vertiz Hernández, Secretaria Técnica.

Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos

Humanismo & Legalidad Consultores

Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.

Indigenous Peoples Rights International

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C

Iniciativa Ecofeminaria

Iniciativa Kino para la Frontera

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ.

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C.

Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario

Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Intersecta

Justicia Transicional Mx

Kalli Luz Marina A.C.

México igualitario

México Unido Contra la Delincuencia

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio

Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra personas LGBTI+

Oxfam México

Peace Brigades International – México

Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato

Programa de Asuntos Migratorios – Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación

Red de Apoyo a las Personas Migrantes y Refugiadas LGBT

Red de Mujeres y hombres por una opinión pública con perspectiva de género A.C.

Red Escazú Mx

Red Franciscana para Migrantes

Red guerrerense por los derechos de las mujeres

Red Jesuita con Migrantes México; Servicio Jesuita a Refugiados México; Albergue Decanal Guadalupano; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de día para Migrantes, Jesús Torres; Iniciativa Kino para la Frontera; Fundación San Ignacio de Loyola; Radio Huayacocotla; Centro Gerardi; Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana (CJR); Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, de la IBERO Torreón e IBERO Ciudad de México; Programa de Estudios sobre Migración de la IBERO León, Área de Vinculación e Incidencia de la IBERO Tijuana y Persona académica responsable de Asuntos Migratorios en el Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”.Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.

Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes contra la Tortura

Red por los Derechos de la Infancia en México

Red por los Derechos Digitales

Renace Capítulo San Luis Potosí A.C.

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados

Servicio Internacional para la Paz

Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A. C.

Servicios para una Educación Alternativa A.C.

Servicios y Asesorías para la Paz, A. C.

Tsikini, Brote Pro Dignidad y Justicia

Veredas, Caminos Alternativos de Educación Ambiental, A.C.

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Organizaciones internacionales que apoyan el informe general

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Business and Human Rights Resource Centre

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko – Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Due Process of Law Foundation

Federación Internacional por los Derechos Humanos

Foodfirst Information and Action Network

International Rehabilitation Council for Torture Victims

Latin America Working Group

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Organización Mundial Contra la Tortura

Robert F. Kennedy Human Rights