* Supuestamente el exigente del CISEN (primero en la foto) fue el segundo tirador en el caso Colosio.
* Acusan que García Luna lo encubrió quien era director operativo del CISEN .
29.01.2024 México. – Luego de que un juez federal negará una orden de aprehensión en contra de un supuesto segundo tirador en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio identificado como José Antonio N, la FGR advirtió que apelará dicha decisión ante una actuación indebida del juzgador.
El Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, Jesús Alberto Chávez Hernández, rechazó que se emita una de aprehensión contra Antonio Sánchez Ortega, agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y a quien la Fiscalía General de la República (FGR) señala de ser un segundo tirador en los hechos violentos del 23 de marzo DE 1994 en Lomas Taurinas, Baja California.
A juicio de la FGR el juzgador “actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentadas que implican a Jorge Antonio Sánchez Ortega”.
Según la evidencia presentada por la FGR en el caso Colosio, José Antonio Sánchez Ortega, en su calidad de agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, fue liberado tras el ataque, en un evidente acto de encubrimiento por parte de Genaro García Luna, entonces Subdirector Operativo en el propio CISEN y quien dice la FGR, “lo rescató en Tijuana”.
Las pruebas presentadas por la FGR en contra del presunto segundo tirador Jorge Antonio “S”, demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo una diferencia de segundos entre ambos disparos.
Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima.
“Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”, señala la FGR.
En ese sentido dicen contar con un gran número de testimoniales que señalan a Sánchez Ortega de estar en el lugar de los hechos al momento de los disparos, y huir de la zona, negando que él haya ayudado a transportar al candidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio.
“Un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; mientras que también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”, indica la fiscalía.
Además hacen referencia al video que captó el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas por la FGR, estaba ubicado hacia el primer tirador, supuestamente Mario Aburto Martínez, y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse.
Refieren que al no existir ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo.
La Fiscalía considera que en este caso, el juez llegó “hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal”, lo cual, agregó, es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, “demostrando así que los delitos de carácter político”.
Por tal motivo la FGR irá al procedimiento de apelación, pues dijo confíar en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
Insisten en que la testigo a la que se refiere un diario que hoy expone el caso, señalándola como “la única prueba”; ella nunca estuvo en el lugar de los hechos; y no atestiguó nada de lo ocurrido; mientras acusan que en dicho diario sí se ocultan todas las pruebas incriminatorias que constan en el expediente judicial en el que se basa esa nota periodística.
En este caso, el juez llegó hasta el extremo de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance.
A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, la FGR irá al procedimiento de apelación, como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.
