*IMPRONTA.
/ Carlos Miguel Acosta Bravo /
La comparecencia de Ricardo Ahued Bardahuil ante el Congreso de Veracruz dejó un balance que combina oficio político, resultados administrativos y una tarea aún inconclusa, convertir la atención ciudadana y las investigaciones en justicia efectiva. Como secretario de Gobierno y operador político de la gobernadora Rocío Nahle, Ahued se presentó como un funcionario cercano, dialogante y firme, pero también dejó expuestos los límites de una gestión que todavía debe demostrar resultados verificables.
Ahued llegó a la comparecencia con una ventaja importante, es un político experimentado, dos veces alcalde de Xalapa, con reputación de buen trato, capacidad de diálogo y disposición para atender a alcaldes, legisladores y ciudadanos.
Su estilo contrasta con la imagen de una Secretaría de Gobierno usada como instrumento de presión. Ahued rechazó que la dependencia sea “mafiosa” y sostuvo que los presidentes municipales tienen acceso libre a su oficina para construir acuerdos dentro del marco de la honestidad.
Ese perfil le permite funcionar como puente entre el gobierno estatal, los ayuntamientos, el Congreso y la sociedad civil y consiguió el respaldo para la cancelación de la deuda de 199 municipios. Pero también lo obliga a demostrar que la cercanía no se convierte en complacencia y que la diplomacia no sustituye la rendición de cuentas.
El secretario presentó una agenda de atención social, seguridad y coordinación interinstitucional. Reportó más de 3 mil audiencias ciudadanas, la gestión de más de 22 mil documentos ante dependencias federales y estatales, y 150 acciones de búsqueda de personas desaparecidas en 94 municipios.
También destacó la atención a víctimas, más de 98 millones de pesos destinados a 32 mil apoyos económicos para casi 3 mil víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, además de 25 mil acciones de asesoría y acompañamiento especializado.
En materia de mujeres, informó que la estrategia Veracruzana Protegida ha atendido a más de 39 mil mujeres con servicios jurídicos, psicológicos y de acompañamiento. Estos datos son relevantes porque muestran una Secretaría de Gobierno que no se limita a la política partidista, sino que también opera como una instancia de mediación, protección y atención directa.
Uno de los momentos más delicados fue el cuestionamiento sobre la muerte del diputado federal Roberto Zenyazen Escobar García. Ahued defendió sus declaraciones iniciales, en las que descartó un atentado, explicando que se basaron en las condiciones en que fue encontrado el vehículo.
Su explicación fue prudente, pero insuficiente para cerrar las dudas públicas. Reconoció que la investigación seguía en curso y que la Fiscalía General de la República también atendería la carpeta.
Aquí está el reto de un portavoz en momentos críticos, debe comunicar con rapidez, pero sin adelantar conclusiones. La prudencia protege la investigación; la ambigüedad, en cambio, puede alimentar desconfianza. Ahued tendrá que demostrar que la coordinación entre Segob, FGE y autoridades federales produce resultados, no sólo declaraciones.
El tema más contundente fue el presunto cártel inmobiliario. Ahued informó que el gobierno ha atendido a más de 170 personas que denuncian despojos o irregularidades en sus propiedades, y que se han realizado auditorías a notarías en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.
Confirmó que hay personas detenidas y otras prófugas por investigaciones relacionadas con despojos, suplantación de identidad y posibles irregularidades notariales y registrales. También afirmó que algunas operaciones inmobiliarias irregulares han sido revertidas y que se han devuelto propiedades a sus legítimos dueños.
La firmeza es necesaria, pero no basta. La prueba real será cuántos casos terminan en sentencias, cuántas propiedades se restituyen de manera definitiva y cuántos servidores públicos, notarios o intermediarios son sancionados. Hasta ahora, la comparecencia mostró avance operativo, pero no un cierre contundente de la investigación.
Ahued reconoció que la solución de fondo pasa por modernizar el Registro Público de la Propiedad. Propuso digitalizar más de 48 millones de documentos, con una inversión estimada en 60 millones de pesos, para reducir la manipulación de libros y fortalecer la certeza jurídica.
Esa medida podría ser una de las más importantes de su gestión. Un registro digital, con alertas ante modificaciones a propiedades, reduciría el margen para fraudes, suplantaciones y alteraciones documentales.
Pero la digitalización no es una solución automática. Debe acompañarse de controles de acceso, auditorías, trazabilidad, sanciones efectivas y protección de datos. Si no, el problema puede cambiar de formato sin desaparecer.
La comparecencia dejó al menos cinco tareas pendientes, precisar cuántas notarías han sido auditadas, cuántas han sido sancionadas y cuántos casos han derivado en denuncias formales. Informar cuántas propiedades han sido restituidas y mediante qué procedimientos.
Explicar el avance real de las investigaciones sobre el caso Zenyazen y evitar declaraciones anticipadas. Demostrar que las audiencias ciudadanas y las reuniones interinstitucionales terminan en acuerdos cumplidos, no sólo en atenciones registradas.
Concretar la modernización del Registro Público con presupuesto, calendario y mecanismos de transparencia.
Ricardo Ahued Bardahuil salió fortalecido de la comparecencia por su estilo, dialogante, respetuoso, accesible y capaz de sostener una narrativa institucional de cercanía. Su experiencia como alcalde de Xalapa y su papel como portavoz en momentos críticos le dan una autoridad política que pocos funcionarios tienen.
Pero la prueba de su gestión no será la calidad de sus respuestas ante el Congreso. Será la capacidad de transformar la atención ciudadana en protección efectiva, las auditorías en sanciones y las promesas de modernización en un Registro Público confiable.
Si logra eso, será recordado como el operador político que ayudó a Rocío Nahle a gobernar con cercanía y firmeza. Si no, su diplomacia podrá ser reconocida, pero no será suficiente para resolver las demandas más profundas de justicia, seguridad y certeza jurídica que Veracruz sigue esperando.

