*Empresarios y periodistas mexicanos han recurrido a instancias internacionales para denunciar persecución política**
13.01.2026 Washington, EUA.- El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego acudió a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington para presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su escrito acusa al Estado mexicano de ejercer una persecución política en su contra mediante el uso del aparato fiscal, hostigamiento administrativo, captura del Poder Judicial y criminalización de la crítica. La acción marca un nuevo capítulo en la confrontación abierta entre uno de los hombres más influyentes del sector privado y las instituciones gubernamentales.
De acuerdo con lo expuesto por Salinas, la persecución se ha manifestado en auditorías fiscales constantes, multas consideradas desproporcionadas y procesos judiciales que, en su opinión, buscan acallar su voz crítica frente al gobierno.
El empresario sostiene que la administración pública ha utilizado mecanismos de presión institucional para limitar su libertad de expresión y condicionar su participación en el debate público. La denuncia ante la CIDH busca que el organismo internacional examine si se han vulnerado derechos fundamentales, entre ellos el de la libre opinión y el de la seguridad jurídica.
“Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV , Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX : persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.
“Lo que al pueblo mexicano y sobre todo a los empresarios les debe quedar claro es que no se trata solo de un ataque contra mi persona. Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: El uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos, y restringir la libertad de expresión”.
“—En México se está intentando imponer el miedo como método de control.”—
Y yo voy a defender la libertad, la legalidad y el derecho de cualquier ciudadano mexicano a alzar la voz”.
“El pleito no es conmigo, yo solo soy uno de los que hemos decidido ponernos en el medio entre un gobierno autoritario, con tintes dictatoriales, y la libertad de expresión de ustedes los mexicanos, en pocas palabras, a los Gobiernicolas les estorbo para seguir robando en lo oscurito en paz y por eso la traen contra nosotros.
“Salgo muy contento y con más convicción de que a mí no me van a doblar, porque sé que no se puede avanzar de rodillas… y yo voy a seguir avanzando.” escribió en su cuenta de la red X.
La presentación del caso en Washington se da en un contexto de tensiones crecientes entre el sector empresarial y el gobierno federal. En los últimos años, Salinas ha sido uno de los críticos más visibles de las políticas económicas y fiscales, señalando que el Estado ha recurrido a la intimidación como estrategia para disciplinar a quienes cuestionan sus decisiones.
Según su versión, la persecución no se limita a lo fiscal, sino que se extiende a un entramado de acciones administrativas y judiciales que buscan desgastar su posición pública.
La denuncia también plantea que existe una captura del Poder Judicial, lo que en términos prácticos significa que los tribunales estarían operando bajo presiones políticas y no con independencia plena.
Para Salinas, esta situación coloca a los empresarios y ciudadanos críticos en un estado de indefensión, pues los recursos legales se convierten en instrumentos de castigo en lugar de mecanismos de protección. En su discurso, la criminalización de la crítica se convierte en el eje central de la acusación: el señalamiento de que disentir del gobierno se traduce en procesos legales y administrativos que buscan silenciar voces incómodas.
El caso ha generado reacciones diversas. Mientras algunos sectores empresariales consideran que la denuncia abre un debate necesario sobre el uso del poder estatal frente a la iniciativa privada, otros analistas advierten que se trata de una estrategia política de confrontación que busca internacionalizar un conflicto interno.
La CIDH deberá evaluar si existen elementos suficientes para admitir el caso y, eventualmente, emitir medidas cautelares o recomendaciones al Estado mexicano.
La decisión de llevar la denuncia a un organismo internacional refleja la magnitud de la disputa. No se trata únicamente de un diferendo fiscal, sino de un alegato sobre la calidad democrática y el respeto a los derechos humanos en México.
En este sentido, la acción de Salinas coloca en el escenario internacional un tema que hasta ahora se había discutido principalmente en el ámbito nacional: la relación entre poder económico, libertad de expresión y límites del Estado.
El desenlace de esta denuncia será observado con atención tanto en México como en el extranjero. Si la CIDH admite el caso, se abrirá un proceso que podría tardar meses o incluso años, pero que pondrá bajo escrutinio internacional las prácticas del gobierno mexicano en materia de persecución política y respeto a la independencia judicial.
Para Salinas, el objetivo es claro: evidenciar que el Estado ha cruzado la línea entre la aplicación de la ley y el uso del poder para acallar la crítica.
El caso de Ricardo Salinas Pliego, quien presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por lo que considera una persecución política del Estado mexicano, se inscribe en una tradición de actores nacionales que han buscado respaldo internacional frente a lo que perciben como abusos de poder. Aunque cada caso tiene particularidades, todos comparten la idea de que las instituciones nacionales no ofrecen garantías suficientes y que es necesario acudir a organismos externos para visibilizar la problemática.
En el ámbito empresarial, se recuerdan antecedentes como el de los conflictos fiscales de Grupo Elektra y TV Azteca en sexenios anteriores, cuando se planteó la posibilidad de acudir a instancias internacionales por lo que se consideraba un trato desigual frente a otros consorcios. En el terreno periodístico, varios comunicadores han denunciado ante la CIDH y la ONU la falta de protección frente a amenazas y agresiones. Casos como el de Lydia Cacho, quien en 2005 llevó su denuncia de persecución y tortura hasta la Comisión Interamericana, marcaron un precedente importante en la defensa de la libertad de expresión.
Organizaciones de la sociedad civil también han recurrido a instancias internacionales para denunciar la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 han documentado cómo la criminalización de la crítica y el uso de procesos judiciales se han convertido en mecanismos de presión. En el caso de desapariciones y feminicidios, colectivos como el Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana y la Red por los Derechos de la Infancia en México han llevado informes a la ONU y a la CIDH para evidenciar la falta de respuesta estatal.
El patrón que se observa es que tanto empresarios como periodistas y organizaciones recurren a instancias internacionales cuando consideran que el sistema judicial mexicano está capturado o es incapaz de garantizar imparcialidad. En todos los casos, la denuncia busca abrir un debate sobre la calidad democrática del país y sobre el uso del poder estatal para acallar voces críticas.
La acción de Salinas, por tanto, no es aislada. Se suma a una serie de episodios en los que distintos sectores han buscado que organismos internacionales examinen la actuación del Estado mexicano. El desenlace dependerá de si la CIDH admite el caso y lo coloca en su agenda, lo que podría derivar en recomendaciones o medidas cautelares. Mientras tanto, el mensaje político es claro: la confrontación entre poder económico, libertad de expresión y aparato estatal ha alcanzado un nivel que trasciende las fronteras nacionales y se coloca en el escenario internacional.
