- Miscelánea, salud y política .
/ Judith Álamo López /
Cuatro características corresponden al buen juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente: Sócrates
Antes de su toma de posesión, los nueve integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación participaron en ceremonias plagadas de simbolismos relacionados con el sincretismo cultural del país: limpias tradicionales de los pueblos indígenas con copal y mirra, incluida una calenda oaxaqueña y ritos ancestrales de purificación relacionados con la masonería.
Más allá de las creencias de los nuevos ministros, al parecer el presidente de la Corte Suprema para el periodo 2025-2027, el oaxaqueño de origen zapoteco, Hugo Aguilar Ortiz, segundo indígena en ocupar este cargo, quiso rescatar una tradición de los pueblos originarios, incluyendo la entrega de bastones de mando a los ministros, símbolos de autoridad predilectos y usados por su mentor, el expresidente López Obrador.
La ceremonia “sagrada y secreta”, según consigna La Jornada, fue la “purificación de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), realizada por ‘médicas tradicionales’ de varios estados de la República”. El edificio sede de la Corte conserva signos masones en su interior debido a que los expresidentes Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho, a quienes tocó inaugurar la obra de construcción y las instalaciones, respectivamente, fueron masones.
Muchas leyendas corren sobre los políticos mexicanos del siglo pasado que acostumbraban hacerse limpias. Se dice que algunos llegaban a hacer rituales satánicos para mantenerse en el poder.
En lo personal me recordó a una amiga oaxaqueña, quien, al asumir un puesto de mando, llegaba subrepticiamente en la madrugada a su oficina para rociarla de agua de San Juan y le rezaba a San Benito para que la protegiera de enemigos y del maligno.
Paradójicamente, el primer indígena en ser presidente de la Suprema Corte fue don Benito Juárez, oaxaqueño también de origen zapoteco, político y jurista profundamente laico, impulsor de las Leyes de Reforma que proclamaron la separación entre la Iglesia y el Estado, y de quien no existen informaciones de que haya participado en algún ritual ancestral o indígena ni de que usara su traje tradicional.
De ahí que haya causado extrañeza que en un gobierno laico como el mexicano se haya publicitado esta parafernalia que para algunos podría ser hasta ilegal por su contenido de sincretismo religioso, contraria a los rituales del poder político antes de la Cuarta Transformación.
Sin duda, López Obrador además de ser el artífice de promover un marco legal que hiciera posible una regresión autoritaria fue proclive a realizar estos rituales que, lamentablemente le atrajeron feligreses entre un pueblo atávico, que confiere al presidente de la República poderes sobrenaturales.
Pero ni los rituales ni las invocaciones a divinidades ancestrales han librado a la mayoría de los morenistas de incurrir en actos de prepotencia, soberbia, incompetencia y corrupción. Creo que esas energías no cambian la naturaleza humana.
Los ministros de la SCJN llegan con una legitimidad cuestionada debido a una elección manipulada desde el poder. Aunque se autoproclamen como elegidos por el pueblo, lo cierto es que lograron su postulación y triunfo gracias a su proclividad con el gobierno de Morena. El pueblo-pueblo no votó, sólo se recibió un voto por cada 10 electores empadronados.
El ahora presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, siete años antes fue nombrado por AMLO coordinador general de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígena (INPI), según la panista Xóchitl Gálvez: él fue quien convenció a las comunidades originarias de dar su aceptación a los mega proyectos de López Obrador, pese a las afectaciones que han ocasionado a las comunidades indígenas y a las finanzas públicas del país.
Las tres ministras que repiten en el cargo fueron propuestas por López Obrador, Lenia Batres, Yazmín Esquivel y Loretta Ortiz, y sin rubor se asumieron de Morena. Pese a la exhibida ignorancia de una de ellas, el plagio cometido por otra y al nepotismo en que incurren varias, nada impidió que su “lealtad” a AMLO fuera premiada extendiendo sus periodos y con la promesa de que llegarán a ocupar la presidencia del máximo tribunal.
En el caso del Tribunal de Disciplina Judicial que sustituye al Consejo de la Judicatura, desde el 1 de septiembre lo preside Celia Maya, jurista y ex candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro y otros cargos no logrados, impulsada siempre por AMLO a lo largo de su carrera política.
Todos los que llegaron a ocupar puestos de ministros, magistrados y jueces en la elección del pasado mes de junio cuentan con el respaldo de Morena, varios fueron empleados directos de López Obrador en su camino a la presidencia y durante su gobierno.
Todos los nuevos juzgadores figuraron en los acordeones que a través de una estrategia de inducción al voto les dieron un triunfo considerado por juristas expertos y analistas como espurio. Pero, ante lo inevitable, creo que podrían intentar legitimarse emitiendo sentencias apegadas al derecho.
Realmente ni al gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum le conviene desaparecer al Poder Judicial autónomo, indispensable para mantener equilibrios en la gobernanza y para garantizar el Estado de Derecho necesario para ser confiables con nuestros socios comerciales; tampoco se puede ignorar que Estados Unidos exige que se combata “sin miedo” al crimen organizado.
Es necesario que cada quien haga su tarea: los partidos de oposición, las organizaciones sociales, los empresarios, los medios de comunicación, las universidades y todos los factores reales del poder en México participen en consonancia para evitar que en el país se consolide un sistema de gobierno populista autoritario, que continúe informando logros no veraces ni comprobables.
El reto para todos los mexicanos que creen en la democracia, incluidos los morenistas –quienes cada vez son más–, es que en 2027 se realicen unas elecciones democráticas: para elegir 500 diputados federales, 17 gobernadores y el otro 50 por ciento de los cargos del Poder Judicial de la Federación.
