*Se detectó una triangulación de la fundación que administraba la UPAV, revela la Gobernadora.
/Darío Pale/
02.03.2026 Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, informó que su administración asumió el control total de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) tras detectar presuntas irregularidades financieras y administrativas en el esquema bajo el cual operaba la institución.
Explicó que la universidad funcionaba bajo un modelo híbrido: por un lado, una asociación civil cobraba cuotas a estudiantes; por otro, el Gobierno del Estado facilitaba instalaciones públicas y cubría pagos a la administración. Con el paso del tiempo —señaló— comenzaron a surgir observaciones relacionadas con el pago a docentes y el manejo de recursos.
Ante las quejas de maestros que no recibían su salario y la falta de claridad en la nómina, el gobierno estatal ordenó una auditoría. De acuerdo con la mandataria, en el proceso se detectaron inconsistencias graves, incluida la presunta triangulación irregular de recursos por parte de la fundación que participaba en la operación de la universidad.
La intervención derivó en la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, instancia que actualmente mantiene investigaciones abiertas. Nahle García informó que ya hay personas detenidas, entre ellas un exrector, así como órdenes de presentación pendientes contra otros presuntos responsables vinculados con el manejo administrativo anterior.
Regularización y nuevo padrón docente.
La gobernadora detalló que, debido a que la nómina fue eliminada del sistema anterior, el Estado realizó un registro masivo en 12 regiones para que docentes acreditaran su identidad, perfil profesional y carga horaria. En total, más de cinco mil personas acudieron a presentar documentación.
Posteriormente, se llevó a cabo una revisión individual para verificar funciones, horas efectivamente impartidas y cumplimiento de requisitos académicos. El proceso también incluyó la revisión de directivos en distintas sedes, con el objetivo de reorganizar la estructura administrativa.
Como parte de esta reestructuración, el Gobierno del Estado emitió un decreto para que la UPAV quede bajo control total estatal, garantizando así la continuidad académica de cerca de 60 mil estudiantes.
Inicio de pagos y postura ante manifestaciones.
Nahle García indicó que el pago a personal administrativo comenzó el viernes pasado y que esta semana iniciará la dispersión de recursos para docentes debidamente acreditados y regularizados.
Respecto a manifestaciones recientes, la mandataria sostuvo que en Veracruz se respeta la libre expresión; sin embargo, enfatizó que el Estado no permitirá prácticas irregulares ni impunidad.
“No vamos a permitir malas prácticas. Se está poniendo orden”, afirmó, al reiterar que las investigaciones continúan y que el objetivo central es garantizar certeza laboral a los maestros y estabilidad académica a los estudiantes.
Finalmente, aseguró que la reorganización busca transparentar el uso de recursos públicos y cerrar un ciclo de opacidad en la institución, dejando claro que las responsabilidades legales serán determinadas por las instancias correspondientes.
La gobernadora Rocío Nahle García detalló el proceso de reorganización y control estatal que se realiza en la UPAV , una universidad pública que operaba bajo un esquema mixto con una asociación civil.
Explicó que, al asumir el gobierno, se identificaron inconsistencias relacionadas con el pago a docentes y el manejo de recursos, lo que derivó en una auditoría formal y en la intervención de la Fiscalía Anticorrupción.
Según precisó, se detectó una presunta triangulación irregular de recursos por parte de la fundación que administraba parte de la institución, situación que ya es investigada por las autoridades correspondientes. Informó que existen personas detenidas, incluido un exrector, y órdenes de presentación pendientes contra otros involucrados.
Ante la falta de una nómina oficial —que, dijo, fue eliminada del sistema— el gobierno estatal realizó un censo en 12 regiones para registrar a más de cinco mil docentes, revisar su documentación, verificar cargas horarias y regularizar su situación contractual.
La mandataria indicó que el proceso implicó también la revisión de directivos y estructuras administrativas, con el objetivo de garantizar transparencia y orden. Añadió que ya comenzó el pago a personal administrativo y que esta semana iniciará la dispersión de recursos para los docentes debidamente acreditados.
“Vamos a poner orden. No se van a permitir malas prácticas ni impunidad”, afirmó.
Finalmente, reiteró que el objetivo principal es garantizar la continuidad académica de casi 60 mil estudiantes y asegurar que los recursos públicos destinados a educación se ejerzan con legalidad y transparencia.
