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05.01.2025. Caracas, Ve.- En sus primeras acciones como Presidenta de la república bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez emitió un decreto que ha generado un fuerte impacto político y social en el país y se prevé ocasionará un fuerte choque con EEUU.
La medida, difundida ampliamente por los medios nacionales e internacionales, establece sanciones severas contra cualquier ciudadano, institución o grupo que propicie, apoye o promueva la intervención extranjera en territorio venezolano, en particular la invasión norteamericana que se discute en el escenario internacional.
El decreto emitido por la presidenta Delcy Rodríguez, apenas seis horas después de haber jurado el cargo, señala que se aplicarán penas de privación de libertad, inhabilitación política y confiscación de bienes en los casos donde se compruebe financiamiento o apoyo logístico a fuerzas externas.
El decreto también subraya que la defensa de la soberanía es un deber constitucional y que ningún venezolano puede ser cómplice de una agresión contra su propio pueblo. En su exposición de motivos, Rodríguez argumenta que la medida busca blindar al país frente a la amenaza de una invasión norteamericana y combatir la subversión interna que, según el gobierno, facilita la injerencia extranjera.
Es decir el documento convierte en delito cualquier forma de colaboración con actores externos que participen en operaciones militares o políticas contra Venezuela y ha trascendido la detención de 7 periodistas que cubrieron la juramentación de la nueva Presidenta. Tres han sido liberados.
Las sanciones incluyen desde declaraciones públicas de apoyo hasta la entrega de recursos materiales o financieros. La presidenta enfatizó que la sanción no es solo un castigo, sino un mecanismo de prevención para evitar que la crisis interna se convierta en un terreno fértil para la intervención extranjera.
Lo anterior abre la posibilidad de que opositores o críticos del gobierno sean acusados de traición, lo que genera preocupación sobre un posible uso político de la norma.
Durante una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Rodríguez ha colaborado con funcionarios de su gobierno tras la captura de Nicolás Maduro, detenido en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.
Por lo que Estados Unidos, según adelantaron voceros de la administración Trump, no reconocerá medidas que criminalicen a quienes apoyen la “restauración democrática” en Venezuela.
Lo anterior anticipa un choque diplomático directo, pues mientras Caracas busca blindarse legalmente contra la injerencia, Washington insiste en que su estrategia es legítima y necesaria para erradicar amenazas en el hemisferio occidental.
En síntesis, el decreto dice que apoyar la intervención extranjera será considerado traición a la patria, con sanciones penales, políticas y económicas, y que el objetivo es preservar la soberanía venezolana frente a la presión internacional.
El texto también cita que quienes incurran en actos de colaboración con fuerzas extranjeras serán considerados responsables de traición a la patria y enfrentarán procesos judiciales con penas que van desde la inhabilitación política hasta la privación de libertad.
La presidenta Rodríguez justificó la medida como un paso necesario para blindar al país en un momento de alta vulnerabilidad, subrayando que “ningún venezolano puede ser cómplice de una agresión contra su propio pueblo”.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la medida podría ser utilizada para criminalizar la disidencia y limitar la libertad de expresión, especialmente en un contexto donde la polarización política es extrema.
En el plano internacional, la postura de Estados Unidos frente al decreto será determinante. Washington ha insistido en que su objetivo es garantizar la transición política en Venezuela y erradicar la influencia de actores como Irán y Hezbolá en la región.
La administración Trump podría interpretar el decreto como un intento de bloquear la cooperación de sectores internos con su estrategia, lo que aumentaría la confrontación diplomática.
El decreto marca un punto de inflexión en la política venezolana. Con él, Delcy Rodríguez busca enviar un mensaje de firmeza tanto a la población como a la comunidad internacional en medio de rumores que fue impuesta por RRUU.
La medida, sin embargo, abre interrogantes sobre su aplicación práctica y sobre el equilibrio entre la defensa de la soberanía y el respeto a los derechos ciudadanos. En un país marcado por la crisis económica y la presión internacional, el decreto se convierte en un símbolo de resistencia, pero también en un foco de controversia que definirá el rumbo de la política venezolana en los próximos meses.
