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18.07.2026 Tamaulipas.- La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, ha generado una oleada de testimonios que dibujan un panorama de violencia extrema física y psicológica al interior de la institución que ha indignado a la comunidad nacional.
Mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas supuestamente mantiene abierta la investigación sobre el fallecimiento de la adolescente, ex alumnos y ex instructores aseguran, y muchos documentan con videos y testimonios frente a la prensa local, que las prácticas “disciplinarias_ aplicadas en el plantel rebasaban los límites de la formación militar convirtiéndose en abusos muchas veces contra alumnos con problemas de salud mental y, en algunos casos, ponían en riesgo la integridad de los menores.
El caso comenzó a atraer la atención nacional luego de que la necropsia practicada a la menor estableciera como causa de muerte asfixia por sumersión.
Sin embargo, la familia sostiene que esa conclusión no explica las lesiones que presentaba el cuerpo de la adolescente y exige que se esclarezca si existieron actos de violencia, negligencia u omisiones por parte de quienes estaban a cargo del campamento.
Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha señalado públicamente que su hija ingresó al curso de verano en buenas condiciones de salud y que, apenas cuatro días después, recibió una llamada en la que le informaban que la menor se encontraba indispuesta. Minutos más tarde le comunicaron que había fallecido.
Convencida de que existen elementos que no han sido aclarados, la familia solicitó una segunda necropsia y demandó una investigación independiente que determine qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de la adolescente.
En medio de las indagatorias comenzaron a surgir relatos de personas que afirman haber formado parte de la Academia Militarizada de Marina Doenitz. Sus testimonios, compartidos en redes sociales como facebook, coinciden en describir un ambiente de violencia argumentando disciplina extrema donde, aseguran, los castigos físicos incluso de riesgo, eran una práctica recurrente.
Uno de los exalumnos afirmó que durante su estancia los estudiantes eran obligados a participar en agresiones contra otros compañeros y que quienes se negaban también eran castigados. “Los que salimos de ahí normalizamos la violencia” en contra de nuestra salud mental refiere.
“Nos obligaban a golpear a otros compañeros y, si no lo hacíamos, nos golpeaban a nosotros”, declaró uno de los alumnos.
El mismo testigo aseguró que existían dinámicas que nada tenían que ver con la formación militar y que, según dijo, incluso llegaron a ser obligados a consumir sustancias ilícitas durante determinadas actividades.
A quienes tenían alguna condición divergente los amarraban o recluian en jaulas. “Había veces que los colgaban de patas” acusó un ex alumno que confirmo que las niñas eran acosadas por supuestos “comandantes”.
Otro exalumno recordó que las sanciones consistían en ejercicios físicos llevados al extremo, independientemente de la edad o condición física de los participantes.
“Si alguien cometía un error nos hacían hacer lagartijas durante mucho tiempo, correr bajo el sol o permanecer en posiciones incómodas durante horas”, relató.
De acuerdo con su versión, estas medidas eran aplicadas como mecanismo de disciplina y se repetían con frecuencia.
Las denuncias no provienen únicamente de antiguos estudiantes. Un exinstructor entrevistado también aseguró que algunos responsables de la academia recurrían a prácticas que consideró incompatibles con cualquier proceso formativo.
“Había golpes, humillaciones y castigos que no tenían ninguna finalidad educativa”, sostuvo ante medios locales y familiares que recogían los testimonios
A estas versiones se han sumado padres de familia que aseguran haber retirado a sus hijos después de observar cambios en su comportamiento o de escuchar relatos sobre presuntos malos tratos.
Algunos refieren jornadas extenuantes de actividad física, alimentación insuficiente y un sistema disciplinario basado en el miedo. Estos señalamientos forman parte de los testimonios que deberán ser corroborados por las autoridades ministeriales.
Hasta ahora, ninguna de estas acusaciones constituye por sí misma una determinación judicial. Será la investigación de la Fiscalía la que establezca si existieron conductas constitutivas de delito y si guardan relación con la muerte de Dafne.
La Academia Militarizada de Marina Doenitz ofrecía cursos y campamentos dirigidos a niñas, niños y adolescentes bajo un esquema de disciplina inspirado en la formación castrense. Este tipo de instituciones privadas operan como espacios de capacitación extracurricular y no forman parte del Sistema Educativo Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional ni de la Secretaría de Marina.
Tras conocerse el fallecimiento de la menor, colectivos defensores de los derechos de la infancia y especialistas en protección de niñas, niños y adolescentes han insistido en la necesidad de revisar las condiciones en las que operan este tipo de academias y verificar que sus programas respeten los derechos humanos de los menores.
La legislación mexicana establece que toda institución encargada del cuidado, formación o resguardo de menores está obligada a garantizar su integridad física, emocional y psicológica. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíbe cualquier forma de violencia, castigo corporal o trato degradante como método disciplinario.
Mientras la investigación continúa, la familia de Dafne sostiene que no cesará en su exigencia de justicia. Para sus padres, la causa oficial de muerte representa apenas una parte de un caso que aún tiene numerosas preguntas sin responder: qué ocurrió durante las actividades del campamento, quiénes eran responsables de la supervisión de los menores, cuánto tiempo transcurrió antes de que recibiera atención médica y si existieron omisiones que pudieron evitar el desenlace.
El caso ha generado indignación dentro y fuera de Tamaulipas y ha colocado bajo escrutinio el funcionamiento de las academias militarizadas para menores de edad.
Los testimonios de exalumnos y exinstructores han abierto una nueva línea de cuestionamientos sobre los métodos disciplinarios empleados en estos espacios y han reforzado el llamado para que las autoridades esclarezcan plenamente la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez y determinen las responsabilidades que correspondan.