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03.09.2026 Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, advirtió a los permisionarios de casinos y establecimientos de apuestas que sus negocios podrían ser cerrados si intentan corromper a servidores públicos de la dependencia, mientras que los funcionarios que acepten dinero serían llevados ante las autoridades.
La advertencia fue revelada este jueves 3 de septiembre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, al informar que la Secretaría de Gobernación prácticamente concluyó una propuesta para actualizar la legislación que regula los juegos y sorteos en México.
Rodríguez explicó que, al asumir la titularidad de Gobernación, convocó a representantes y permisionarios de las dos principales industrias relacionadas con el sector para establecer las condiciones bajo las cuales se mantendría la relación con el Gobierno federal.
La reunión, relató, fue breve y su intervención duró entre cuatro y cinco minutos. El principal planteamiento fue evitar cualquier intento de soborno al personal encargado de las tareas de regulación y supervisión.
“Lo primero que quiero de ustedes es que, por favor, no corrompan al personal de la Secretaría de Gobernación porque les voy a cerrar sus negocios y voy a meter a los compañeros que estén recibiendo dinero de ustedes, los voy a meter a la cárcel”, expresó la secretaria.
Rodríguez señaló que los empresarios no respondieron ampliamente en ese momento, aunque posteriormente, aseguró, se mantuvo una relación de trabajo con el sector.
La funcionaria también dejó claro que la Secretaría de Gobernación no cuenta con representantes, intermediarios o “brokers” autorizados para gestionar asuntos de los permisionarios.
“No tengo ningún representante; las cosas que quieran tratar, directamente conmigo”, afirmó.
Como parte de los acuerdos planteados, la secretaria ofreció trabajar en la regularización de situaciones jurídicas relacionadas con establecimientos del sector, incluidos los amparos que algunos operadores mantienen ante las autoridades.
La relación con los empresarios, dijo, ha continuado bajo esas condiciones durante los últimos dos años, aunque precisó que no han sido necesarias reuniones frecuentes.
Preparan nueva regulación
La advertencia se produjo mientras la Secretaría de Gobernación avanza en una reforma a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, legislación que data de 1947 y que el gobierno federal considera necesario actualizar frente a las condiciones actuales de la industria.
Rodríguez informó que la revisión de la propuesta se encuentra prácticamente terminada y que el siguiente paso será presentarla al Gabinete de Seguridad para su análisis. Si obtiene su aprobación, continuará el proceso correspondiente para modificar el marco jurídico.
La secretaria explicó que la elaboración de la propuesta ha involucrado a distintas dependencias federales relacionadas con las actividades de casinos y centros de apuestas. La intención es establecer reglas acordes con las condiciones actuales del sector y reforzar los mecanismos de supervisión.
Uno de los asuntos que también se encuentra bajo revisión es el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales de las empresas.
Rodríguez planteó a los empresarios tres condiciones para mantener una relación con el Gobierno federal: cumplir con el pago de impuestos, regularizar a sus trabajadores y garantizar sus derechos laborales, además de evitar actos de corrupción.
“Páguen sus impuestos, regularicen a su personal con derechos laborales y no habrá tema con el gobierno de México”, señaló.
La secretaria también pidió que tanto los inspectores como los trabajadores de los establecimientos graben con sus teléfonos celulares las visitas de verificación. La medida, explicó, permitiría contar con evidencia sobre el desarrollo de las inspecciones y reducir espacios para posibles actos de corrupción.
Casos bajo investigación
La titular de Gobernación también diferenció los problemas administrativos de aquellos relacionados con posibles delitos financieros.
Explicó que existen investigaciones sobre casinos que no corresponden directamente a la función administrativa de la Secretaría de Gobernación, debido a que involucran posibles operaciones de lavado de dinero y defraudación fiscal.
En estos procedimientos participan otras autoridades, entre ellas la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de las instancias encargadas de investigar operaciones financieras.
Rodríguez señaló que los casos han alcanzado a alrededor de 20 establecimientos, aunque no dio a conocer los nombres de los casinos involucrados durante su intervención. Reportes periodísticos han señalado que algunos de estos procedimientos derivaron de investigaciones financieras y fiscales.
El antecedente de la posición de la secretaria frente a la industria se encuentra también en una comparecencia ante el Senado, donde había señalado que desde su llegada a Gobernación sostuvo reuniones con empresarios de casinos y casas de juego para pedirles que cumplieran sus obligaciones fiscales, no corrompieran a servidores públicos y denunciaran cualquier intento de extorsión por parte de funcionarios.
La nueva legislación todavía no está vigente. La propuesta deberá ser revisada por el Gabinete de Seguridad y, posteriormente, seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en una reforma aplicable al sector.
Mientras ese proceso continúa, Rodríguez mantuvo la advertencia a los permisionarios: cualquier intento de utilizar dinero para influir en servidores públicos de Gobernación implicaría consecuencias tanto para quienes entreguen los recursos como para los funcionarios que los reciban.