*Tras la acusacion el canciller ordenó expedirle pasaporte con vestimenta eclesiástica
09.11.2026., Ciudad de México.- El sacerdote católico Alberto Medel denunció haber sido objeto de discriminación por motivos religiosos en una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, donde personal de la dependencia le exigió quitarse su vestimenta eclesiástica para permitirle aparecer con ella en la fotografía de su pasaporte.
El caso, ocurrido el 4 de noviembre y hecho público al día siguiente, abrió una discusión sobre la libertad religiosa, el derecho a la no discriminación y los criterios que deben aplicar las autoridades mexicanas al expedir documentos oficiales, particularmente después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera que las personas pueden conservar determinadas prendas religiosas en las fotografías de sus pasaportes cuando estas no impidan su identificación.
La denuncia del religioso llegó hasta el titular de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, quien intervino públicamente y anunció que instruyó repetir la fotografía de Medel con su atuendo sacerdotal, además de continuar con la expedición del documento. También ordenó revisar tanto la actuación de los servidores públicos involucrados como la disposición administrativa que justificaron para impedirle realizar el trámite de esa manera.
De acuerdo con el relato publicado por el sacerdote en sus redes sociales, acudió a la oficina de pasaportes de Coyoacán para renovar su documento. Durante el procedimiento de captura de datos biométricos, el trabajador encargado de atenderlo le indicó que no podía fotografiarlo con el traje eclesiástico y le pidió que se lo quitara.
Medel se negó y argumentó que tenía derecho a presentarse con la vestimenta correspondiente a su condición religiosa, siempre que su rostro permaneciera completamente visible y pudiera ser identificado sin dificultad.
El empleado solicitó la intervención de una supervisora, quien inicialmente mantuvo la misma postura, pero después de consultar con una autoridad superior le comunicó que podía continuar con el procedimiento. La fotografía y el registro de sus datos biométricos se realizaron, por lo que el sacerdote pasó a la sala de espera mientras se procesaba su solicitud.
Sin embargo, la situación cambió cuando otra funcionaria lo llamó a una oficina y le informó que no se tramitaría el pasaporte con la imagen en la que aparecía vestido como sacerdote.
Según Medel, la empleada le mostró una disposición interna de la Secretaría que prohibía tomar fotografías con símbolos religiosos. El religioso solicitó que le indicaran por escrito la disposición legal que sustentaba esa exigencia, pues consideró que un reglamento administrativo no podía colocarse por encima de los derechos constitucionales.
En su denuncia también señaló que la funcionaria mantuvo una actitud hostil y que un elemento policial permaneció detrás de ella durante el intercambio, situación que interpretó como intimidatoria.
El sacerdote sostuvo que no se le comunicó expresamente que el documento sería negado, pero que la condición planteada era quitarse la vestimenta religiosa o no concluir el trámite.
“Los sacerdotes católicos somos ciudadanos de segunda que, a causa de nuestra opción de fe, tenemos libertades y derechos restringidos”, escribió al denunciar lo ocurrido, al tiempo que calificó el episodio como una vulneración de sus derechos humanos y una expresión de anticlericalismo y cristianofobia.
La controversia no se limitó a la experiencia individual del religioso. Su denuncia puso nuevamente sobre la mesa la obligación de las instituciones públicas de garantizar que los procedimientos administrativos no se conviertan en obstáculos para ejercer derechos fundamentales por motivos de religión o convicciones personales.
La publicación fue dirigida a la SRE y a su titular, a quienes pidió revisar el comportamiento de los funcionarios y explicar por qué se aplicaban restricciones a su vestimenta religiosa durante la expedición de un documento oficial.
La respuesta del canciller y la revisión de los procedimientos
Después de que el caso se difundió públicamente, Roberto Velasco Álvarez respondió que había instruido a la oficina correspondiente para que el sacerdote pudiera repetir la fotografía con su vestimenta eclesiástica y recibir su pasaporte.
“He instruido que se le tome nuevamente la fotografía con su vestimenta eclesiástica y se le expida el pasaporte. En la SRE se respeta plenamente la libertad religiosa. Revisaremos la actuación del personal y la disposición interna que se le aplicó”, comunicó el funcionario.
La respuesta representó un reconocimiento institucional de que el caso debía revisarse y que la exigencia planteada al sacerdote no debía impedir la conclusión de su trámite.
Sin embargo, la instrucción de repetir la fotografía no resuelve por sí misma el problema de fondo: la existencia de criterios administrativos que pueden ser interpretados de manera restrictiva por el personal encargado de atender a los solicitantes de pasaportes.
Medel también planteó la necesidad de que la Cancillería establezca criterios claros para evitar que otras personas enfrenten situaciones semejantes por utilizar indumentaria vinculada con sus creencias religiosas.
La Suprema Corte ya había establecido un criterio sobre la vestimenta religiosa
Uno de los elementos más importantes para entender la controversia es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había analizado un conflicto relacionado con la fotografía del pasaporte y el uso de indumentaria religiosa.
El 11 de diciembre de 2025, el Pleno del máximo tribunal resolvió los amparos en revisión 499/2024 y 418/2025, promovidos por mujeres musulmanas a quienes autoridades de la SRE habían exigido retirarse el hiyab, un velo que cubre la cabeza, pero deja visible el rostro, para poder obtener sus documentos.
La Corte determinó que el requisito de fotografiar a los solicitantes con la cabeza descubierta debía interpretarse de manera compatible con los derechos a la libertad religiosa, de conciencia y a la no discriminación.
El criterio establece que, excepcionalmente, cuando una persona manifieste que necesita utilizar una prenda religiosa que no impida su identificación, la autoridad debe permitir que aparezca con ella en la fotografía del pasaporte.
El tribunal consideró que la finalidad de seguridad e identificación de los documentos oficiales puede garantizarse mediante mecanismos complementarios, incluidos los datos biométricos, sin obligar a las personas a abandonar una práctica religiosa.
La resolución no eliminó la regla general sobre las características de las fotografías, pero estableció que no puede aplicarse de manera rígida cuando ello implique sacrificar injustificadamente la libertad religiosa.
Este criterio quedó reflejado en la jurisprudencia publicada en julio de 2026, que desarrolla el alcance de las libertades religiosas y de conciencia a partir del artículo 24 constitucional.
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En el caso de Alberto Medel existe una diferencia que debe precisarse: los asuntos resueltos por la Corte se referían específicamente al uso del hiyab y no a la vestimenta sacerdotal católica. Por tanto, no se trata de una sentencia que haya resuelto directamente el caso de los sacerdotes, aunque sí establece principios constitucionales relevantes para analizar restricciones a otras prendas de carácter religioso que no impidan la identificación.
Qué dice la Constitución sobre la libertad religiosa
El artículo 1 de la Constitución mexicana prohíbe la discriminación motivada, entre otras causas, por la religión y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Por su parte, el artículo 24 reconoce la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, así como el derecho de cada persona a tener o adoptar las creencias de su elección y participar individual o colectivamente en ceremonias y actos de culto.
Estas garantías deben armonizarse con las disposiciones que regulan la expedición de documentos oficiales y los mecanismos de seguridad para identificar a sus titulares.
El artículo 14, fracción IV, del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje establece requisitos para la fotografía, entre ellos que se tome de frente, con la cabeza descubierta y sin objetos o prendas que cubran parcial o totalmente el rostro.
No obstante, la interpretación de esa disposición ya fue materia de análisis constitucional por la Suprema Corte, que determinó que la exigencia de mantener la cabeza descubierta admite excepciones cuando se trata de indumentaria religiosa que no impide reconocer plenamente a la persona.
La discusión, por tanto, no consiste en eliminar los mecanismos de identificación ni en otorgar privilegios a integrantes de una confesión religiosa, sino en evitar que las reglas administrativas se apliquen de manera que restrinjan derechos fundamentales cuando existen alternativas para cumplir con los objetivos de seguridad.
Un caso que obliga a revisar los criterios de atención
La denuncia de Alberto Medel también puso de manifiesto la importancia de capacitar al personal de las dependencias públicas para que conozca los alcances de la libertad religiosa y los criterios judiciales que deben observarse durante la atención ciudadana.
La existencia de disposiciones administrativas no exime a los servidores públicos de su obligación de actuar conforme a la Constitución y los derechos humanos. Tampoco justifica que una persona sea sometida a un trato diferenciado por la manera en que expresa sus convicciones religiosas.
En este caso, la intervención del canciller permitió que el sacerdote recibiera una respuesta favorable a su exigencia de aparecer con su vestimenta eclesiástica en el pasaporte. No obstante, queda pendiente conocer el resultado de la revisión anunciada sobre la actuación del personal y la disposición interna que fue utilizada para justificar la negativa inicial.
El episodio también reabre una discusión sobre el carácter laico del Estado mexicano. La laicidad implica que las instituciones públicas no deben favorecer ni perjudicar a las personas por profesar una religión, y que deben garantizar el ejercicio de sus libertades dentro del marco constitucional.
El reconocimiento de esos derechos no significa conceder privilegios a sacerdotes, ministros de culto o integrantes de una comunidad religiosa. Significa aplicar las mismas garantías de igualdad y no discriminación que protegen a todas las personas.
La controversia deja así una pregunta para la Cancillería: si la Suprema Corte ya estableció que la identificación oficial puede conciliarse con el uso de prendas religiosas que no cubran el rostro, ¿por qué el personal de una oficina de pasaportes seguía aplicando criterios que llevaron a impedir inicialmente la fotografía de un ciudadano con su vestimenta sacerdotal?
La respuesta institucional no debería agotarse en resolver el trámite de Alberto Medel. También requiere revisar los procedimientos internos y garantizar que ninguna persona tenga que renunciar a expresar sus convicciones religiosas para acceder a un servicio público.