/ Estela Casados González /
Hace un año mi esposo y yo detectamos a una mujer que dormía a la intemperie en una glorieta que se encuentra por la antigua estación de tren. Estaba sola, su comportamiento era errático. Parecía que tenía muchos días (un mes, al menos) de no haberse aseado. Nos preocupamos de inmediato porque la zona en donde pernoctaba no tenía buena iluminación, árboles y plantas ornamentales no conocen la poda periódica y el lugar está lleno de la basura que dejan las familias que acuden (con todo y pandemia) a hacer día de campo. Hay ratas y perros callejeros en busca de deshechos.
Era claro que la salud mental de la mujer en cuestión estaba comprometida. Su comportamiento y apariencia daban temor; pese a ello, algunas personas se acercaron para ofrecerle de comer y agua para beber. De inmediato nos dimos cuenta de que no era suficiente. Quienes deseábamos apoyarla ignoramos cómo tratar adecuadamente a personas en esa situación, carecíamos de infraestructura y recursos para atenderla como correspondía. Lógicamente, reportamos el caso a las autoridades. Ya la conocían, pues no era la primera vez que ella se encontraba en tal situación de riesgo. Por protocolos legales que aún no me quedan claros, la mujer en cuestión era remitida con su familia, la cual no asumía el compromiso de cuidarla. Al parecer no tenían condiciones mínimas para ofrecerle refugio y cuidados.
A los pocos días la volvimos a ver en la glorieta. Dormía con la lluvia y el frío en medio de la oscuridad. ¿Qué hacer? Repentinamente dejó de ir a dormir ahí. Ya no la vimos por el rumbo.
Hace un par de semanas volvimos a saber de ella. Había sido localizada en una ciudad cercana, en calidad de desconocida y con varias semanas de embarazo. Sentí frustración, ira e impotencia. Eso se pudo haber evitado.
Las personas en condición de indigencia y que muestran visos de algún padecimiento neurosiquiátrico, sobre todo cuando se trata de mujeres, son susceptibles a ser la “papa caliente” de la atención institucional. Pareciera que nadie tiene claro el respectivo protocolo y son los institutos de las mujeres los que terminan por atender la situación, lo cual no es su atribución, por lo que se complejizan en sobremanera sus gestiones. No tienen instalaciones ni personal ni presupuesto para atender esos casos.
Una preocupación recurrente por parte de quienes atienden violencias hacia las mujeres es la carencia de infraestructura por parte del Estado mexicano para atender y proteger debidamente a aquellas ciudadanas que tienen problemas neurosiquiátricos.
De acuerdo con diversos estudios, en México, tres de las diez enfermedades más discapacitantes son neuropsiquiátricas. A saber: desórdenes mentales, desórdenes neurológicos y uso de sustancias. En el país se observa que personas con trastornos mentales graves, particularmente con esquizofrenia, reciben servicios hospitalarios psiquiátricos con mínima atención en servicios ambulatorios y nula atención de servicios comunitarios. Las instancias gubernamentales pertenecientes a los tres ámbitos de gobierno parecen no ponerse de acuerdo para el tratamiento de mujeres y hombres de diferentes edades que se encuentran bajo esa situación y deambulan por las calles, son víctimas de todo tipo de delito o, incluso, llegan a cometer alguno.
Para el caso concreto de las mujeres en este tipo de situación, la violencia sexual y física se traduce en embarazos no deseados y de riesgo. En enfermedades de transmisión sexual y en un horizonte de vida totalmente desolador.
La violencia hacia mujeres con salud mental comprometida es, por así decirlo, el lado obscuro y tenebroso de la luna: nadie quiere atenderlo de manera estructural y efectiva. Definitivamente, esto inhibe la sola posibilidad de una vida libre de violencia y en igualdad para las habitantes de nuestro país que presentan dicha condición.
En tanto, la mujer que dormía en la glorieta y que hoy presenta varias semanas de embarazo, se encuentra en el cuarto estado en donde se ha reformado el derecho a la interrupción legal del embarazo. Esperemos que para ella, como para muchas otras, vivir en Veracruz represente algún tipo de garantía.
