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14.10.2025 Ciudad de México.- En una sesión marcada por la polarización y el rechazo opositor, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones.
La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo, modifica sustancialmente los alcances del juicio de amparo, restringiendo la suspensión provisional en casos vinculados al sistema financiero y redefiniendo el concepto de interés legítimo, tema en la que no estuvo de acuerdo la ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero.
La diputada Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y figura prominente en la bancada oficialista, se abstuvo de votar, convirtiéndose en la única integrante de Morena que no respaldó el dictamen. Su postura crítica, expresada públicamente, contrastó con el respaldo cerrado de su grupo parlamentario.
En el bloque aliado, la petista Martha Araceli Cruz votó en contra, mientras que sus compañeros Marian Durán y Javier Vázquez se abstuvieron. Por parte del Partido Verde, Ana Erika Santana también se pronunció en contra.
La reforma introduce criterios como “interés social” y “orden público” que los jueces deberán ponderar antes de conceder suspensiones, además de ampliar de 60 a 90 días el plazo para emitir resoluciones. También limita el recurso de revocación en casos de créditos fiscales firmes y actos administrativos que el contribuyente desconozca.
Durante el debate, la oposición denunció que los cambios debilitan la protección de derechos de ciudadanía frente a actos autoritarios y subordinan el interés legítimo a consideraciones políticas.
Legisladores del PAN y PRI recordaron que figuras hoy cercanas al oficialismo defendieron el juicio de amparo como herramienta progresista en legislaturas pasadas.
Desde Morena, la diputada Mariana Benítez defendió la reforma como un intento por evitar el uso faccioso del amparo para frenar proyectos públicos, negando que se trate de una medida autoritaria.
La abstención de Sánchez Cordero, sin embargo, dejó en evidencia fisuras internas en torno a una reforma que, según críticos, erosiona el último recurso legal disponible para comunidades y ciudadanos frente al poder estatal.
