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/Escrito por Wendy Rayón Garay /
17.07.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- La violencia política en razón de género es un logro feminista que permitió en 2020 -cuando la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas para su tipificación- nombrar y castigar la violencia ejercida contra las mujeres candidatas o en funciones por su género; sin embargo, actualmente está siendo usada como una herramienta que busca censurar a la ciudadanía desde las esferas del poder.
De acuerdo con la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta deberá disculparse públicamente por medio de su cuenta X durante 30 días, publicar un extracto de la sentencia, pagar una multa económica, tomar cursos de violencia en razón de género e inscribirse en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, debido al post que escribió sobre la diputada federal Diana Karina Barreras en febrero de 2024.
Su caso es uno de los más recientes en cuanto al uso de la violencia política de género como herramienta de censura. Sus disculpas comenzaron el pasado 13 de julio en donde cada día se reproduce el mensaje: “Te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO, por el mensaje que estuvo cargado de violencia simbólica, psicológica, por interpósita persona, digital, mediática y análoga, así como de discriminación, basado en estereotipos de género. Esto perjudicó tus derechos político- electorales porque minimizó tus capacidades y trayectoria política”.
A raíz de la situación y del contenido específico del mensaje, el Frente Nacional de Mujeres denunció que lo ocurrido atenta contra la libertad de expresión y representa una señal de autoritarismo y abuso de poder que se justifica bajo el marco jurídico de la violencia de género para tomar acciones contra Karla Estrella ante una opinión. La organización señaló que lo ocurrido es «venganza política disfrazada de legalidad» y que la disculpa obligada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un intento de humillación pública impuesta desde el poder.
«La violencia de género no puede ni debe ser instrumentalizada con fines políticos o personales. Hacerlo es una burla para las víctimas reales de este flagelo (…) utilizar este marco legal para proteger a figuras con poder mientras millones de mujeres esperan justicia es una traición al sentido más profundo de la lucha feminista y de los derechos humanos.» -Frente Nacional de Mujeres.
Además, el Frente Nacional de Mujeres denunció el uso erróneo de la violencia vicaria, también conocida erróneamente como «a través de interpósita persona», que se mencionan en la disculpa. Este tipo de violencia conforma «cualquier acto u omisión que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se dirige contra las hijas y/o hijos, familiares o personas allegadas», según indica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La ciudadana Karla Estrella no fue la única denunciada por violencia política en razón de género, lo mismo le ocurrió a la actriz, conductora y columnista, Laisha Wilkins, cuando compartió en su perfil de X una publicación de Aristegui Noticias en el que se acusa a la excandidata a ministra, Dora Martínez Valero, de intentar censurar su investigación «Televisa Leaks». En dicha publicación se nombra a la candidata como «Dora la censuradora» haciendo referencia a su autonombramiento como «Dora la transformadora» con el que hizo campaña política.
Gracias a esta acción, Laisha Wilkins fue denunciada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al mismo tiempo en que se denunció a la periodista Carmen Aristegui por denunciar el intento de censura y al periodista Juan Omar Fierro por publicar ante lo revelado por el medio lo siguiente: «Se imaginan el retroceso para la libertad de expresión en caso de que sea ministra?» en el caso de Dora Martínez, excandidata a ministra que quiso censurar Televisa Leaks».
Delimitando la violencia política en razón de género
Los últimos datos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre septiembre de 2020 al 2 de junio de 2025 hubo 516 registros de violencia política en razón de género, de los cuales se sancionaron a 469 personas (85 mujeres y 384 hombres) y fueron inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres (RNPS). Esto representa un aumento significativo, ya que en julio de 2023 los registros llegaron a 341 casos y 297 sanciones.
Liderando la lista de personas sancionadas por cargo se encuentra ciudadanas y ciudadanos (101 casos), seguido de presidenta o presidente municipal (86 casos), periodistas (60 casos), regidora o regidor (53 casos), así como la síndica o síndico (19 casos). Esta estadística pone en relieve los señalamientos del INE hacia la ciudadanía y el gremio periodístico como mayores sectores infractores de la violencia política en razón de género.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Cívica Propuesta señalaron que los meses de junio y julio se están presentado altos niveles de riesgo de censura institucional que van desde los asesinatos, amenazas y agresiones, hasta la reformación de leyes a nivel federal y en los estados.
La Operación Censura 4T pone todo el poder del Estado en contra de la ciudadanía y periodistas y puede lograrlo a través de tribunales que aceptan formar parte de esta embestida, así como congresos sumisos y que desafían las leyes de libertad de expresión y derechos humanos. Se enmarca en un contexto de peligro para la libertad de expresión de las mujeres en el mundo, según concedieron mujeres periodistas y expertas en comunicación durante el foro “Sección J: Salvaguardar los derechos digitales y de comunicación de las mujeres en Beijing+30” en Nueva York el pasado mes de marzo.
Operación Censura 4T en acción. Represalias desde el poder – cimacnoticias.com.mx
A esto se suma la utilización de la violencia política en razón de género donde el INE está sancionando a la ciudadanía y el gremio periodístico por emitir cuestionamientos en busca de respuestas hacia las acciones de funcionarias públicas. De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia política en razón de género es cuando:
Las acciones u omisiones se basan en elementos de género, es decir, cuando se dirigen a una mujer por su condición de mujer; le afectan desproporcionadamente o tienen un impacto diferenciado en ella. Asimismo, puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley y es perpetuada desde agentes estatales, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas o precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos, medios de comunicación e integrantes, por un particular o un grupo de personas particulares.
La reproducción de la violencia política en los medios de comunicación
Si bien, se debe señalar y sancionar la violencia política desde cualquier esfera de poder, primero se necesita aprender a distinguir como se reproduce esta violencia, particularmente en los medios de comunicación. De acuerdo con el informe «El sexismo en las noticias es violencia política» (2018) del Observatorio de Medios de la organización Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC), cuando una mujer es incorporada al poder se despierta una expectativa mayor, por lo que se le cuestiona su forma de hacer política, las decisiones que toma, la subordinación a su partido y el compromiso con sus votantes, aunque a los hombres en el poder no se les haya cuestionado estos aspectos.
Además, exista la carga sexista que cuestiona su forma de vestir, de hablar o de presentarse, entre otras prácticas que pretenden desvincularlas de su acción política y desdibujarlas en la toma de decisiones. La exigencia para las mujeres que ejercen un cargo o público tiene su raíz en el imaginario social que espera que mujeres y hombres cumplan con roles basados en estereotipos de género. Inicialmente, las mujeres rompen con la construcción social del poder masculino al postularse al cargo. Pero luego, estando en esos puestos, se espera que actúen de determinada manera, en la que además influyen las representaciones que ofrecen los medios de comunicación.
Después de un análisis de mil 842 notas periodísticas, el Observatorio de Medios de CIMAC encontró 90 casos de violencia política contra mujeres tras examinar los datos generales de la noticia; el sexismo mediático en la narración, la imagen y ángulo de la noticia; así como los hechos violentos contra las candidatas y su tratamiento mediático. De esta manera, en los hallazgos se presentaron diferentes formas de sexismo como:
«Afirmación de que la presencia de las candidatas generará conflictos y será poco beneficiosa a la sociedad y a la vida política del país; uso constante de lenguaje masculino; utilización de las mujeres en el discurso electoral sin hacerlas partes de la política integral y reproducir el discurso estereotipado de las y los candidatos; referencia a las candidatas a partir de su relación de parentesco, eliminando sus acciones, proyectos y logros personales; señalamiento de que la presencia de las candidatas pretende excluir a los candidatos; invisibilización de las candidatas, al narrar únicamente lo ocurrido con los candidatos; reproducción de imágenes o fotografías que hacen de la participación de las mujeres una burla; presentación de las candidatas como subordinadas a los hombres de su familia o partido; reproducción de la idea de que el poder es masculino y que las mujeres están negadas para ejercerlo; presentación de las candidatas a partir de su apariencia física o forma de vestir; naturalización de características estereotipadas como la maternidad, la sensibilidad o la envidia como propias de las mujeres; narración de la violencia desligada del contexto en que la candidata ejerce su acción política; presentación de las mujeres como enemigas entre sí y defensoras de candidatos; referencia a la paridad como un capricho de las mujeres por ocupar cargos para los que no están preparadas; y la cobertura desigual en tiempos, espacios y ángulos para candidatos y candidatas»
De acuerdo con el informe, el sexismo mediático usado cuando se habla de la participación política de una mujer también constituye un hecho de violencia política, ya que la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres señala que esta violencia puede perpetuarse a través de la divulgación de imágenes, mensajes o revelando información de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o virtual, basada en estereotipos de género, relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos.
