* Pedro Alliana asume la Presidencia.
07.11.2026., Paraguay.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue destituido por el Senado y posteriormente detenido por orden de la Fiscalía, en medio de una profunda crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, institución que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y puso bajo cuestionamiento el manejo de recursos públicos durante su administración.
La decisión se concretó el viernes 6 de noviembre de 2026, cuando el Senado paraguayo, constituido en tribunal de juicio político, aprobó por unanimidad la separación del mandatario por mal desempeño de sus funciones. Los 44 legisladores presentes votaron a favor de su destitución, en un procedimiento que se desarrolló en ausencia del gobernante.
Peña, de 47 años, se convirtió así en el segundo presidente paraguayo apartado mediante un juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989. El antecedente fue Fernando Lugo, quien perdió el cargo en junio de 2012, después de un controvertido proceso parlamentario.
La caída de Peña ocurrió después de que la crisis bancaria provocara protestas, reclamos de ahorradores y cuestionamientos sobre las relaciones entre el Gobierno y la entidad financiera. Las acusaciones legislativas apuntaron a posibles conflictos de interés, presuntas irregularidades en la supervisión bancaria y el traslado de importantes cantidades de dinero público hacia Ueno.
La destitución abrió paso a una sucesión presidencial inmediata y a la intervención de las autoridades judiciales, que ordenaron la detención domiciliaria del ahora expresidente mientras avanzan las investigaciones.
Una crisis bancaria que desencadenó la caída presidencial
El origen del conflicto se encuentra en la intervención de Ueno Bank, una institución financiera digital que había experimentado un crecimiento acelerado en Paraguay y que llegó a reunir aproximadamente 2.9 millones de clientes, en un país con alrededor de 6.1 millones de habitantes.
La entidad quedó bajo intervención de las autoridades financieras después de enfrentar graves problemas que impidieron a sus usuarios disponer normalmente de sus depósitos, retirar efectivo y realizar operaciones con sus tarjetas.
El impacto fue especialmente delicado porque entre los recursos comprometidos se encontraban fondos de organismos públicos y ahorros vinculados al sistema de previsión social.
Durante el Gobierno de Peña, Ueno recibió depósitos de distintas instituciones estatales que superaron los 800 millones de dólares, de acuerdo con información difundida durante la crisis. Los legisladores cuestionaron que se concentraran recursos públicos en una institución que posteriormente terminó intervenida.
Uno de los puntos más delicados fue la presencia de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo responsable de administrar recursos destinados a la seguridad social y las jubilaciones de miles de trabajadores paraguayos.
La situación generó preocupación entre pensionados y trabajadores, quienes exigieron explicaciones sobre el destino y la protección de sus aportaciones.
La intervención bancaria dejó a millones de usuarios con dificultades para acceder a sus cuentas. Aunque las autoridades financieras buscaron contener los efectos y garantizar la devolución de los depósitos protegidos, el episodio se convirtió en una crisis de confianza hacia el sistema bancario y el Gobierno.
El juicio político y la renuncia que no frenó la destitución
La Cámara de Diputados aprobó el 5 de noviembre iniciar el juicio político contra Peña y designó a los fiscales acusadores. La resolución obtuvo 78 votos favorables, sin sufragios en contra.
En medio de la presión política, el mandatario anunció que había presentado su renuncia a la Presidencia, argumentando que no quería convertirse en un factor de mayor división e inestabilidad para el país.
Sin embargo, el procedimiento de renuncia no se concretó mediante la vía legislativa y el Senado continuó con el juicio político.
El 6 de noviembre, los senadores analizaron los señalamientos y los argumentos de la defensa, representada por los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda. Peña no acudió personalmente a la sesión y estuvo representado por sus defensores.
Finalmente, los 44 senadores presentes votaron por declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones y aprobaron su separación inmediata del cargo.
La decisión también tuvo consecuencias sobre su situación jurídica. Al ser destituido mediante juicio político, Peña perdió la posibilidad de acceder a la condición de senador vitalicio que la Constitución paraguaya reconoce a los expresidentes electos, con las excepciones previstas para quienes hayan sido declarados culpables
Horas después de su destitución, la Fiscalía paraguaya ordenó la detención de Santiago Peña y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, como parte de una investigación por presuntas irregularidades financieras.
Peña quedó inicialmente bajo arresto domiciliario en su residencia de Asunción, mientras que Carvallo fue puesto bajo custodia policial en dependencias determinadas por las autoridades.
Entre las conductas investigadas se encuentran posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en beneficio propio. Las autoridades también buscan esclarecer si existieron decisiones para favorecer a Ueno mediante el manejo de recursos estatales y posibles omisiones en la supervisión de sus operaciones.
Carvallo había sido designado al frente del Banco Central durante la administración de Peña y anteriormente estuvo relacionado con la entidad financiera que dio origen a Ueno.
Este sábado 7 de noviembre, el exmandatario compareció ante la Fiscalía para responder a las preguntas de los investigadores. La investigación penal continúa y las autoridades todavía deben determinar los cargos específicos que podrían formularse en su contra.
Peña ha rechazado haber cometido irregularidades y ha sostenido que los problemas de Ueno corresponden a un asunto de supervisión financiera.
Pedro Alliana asume la Presidencia
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay para completar el periodo gubernamental que concluye en agosto de 2028.
Alliana, integrante del gobernante Partido Colorado y aliado político del expresidente Horacio Cartes, rindió protesta ante el Congreso durante la noche del viernes.
En su primer mensaje como jefe de Estado anunció que atenderá prioritariamente la situación de los ahorradores afectados por el colapso bancario y que impulsará medidas para racionalizar el gasto público y recuperar la confianza en las instituciones.
El nuevo mandatario también enfrenta cuestionamientos por sus posibles vínculos con Ueno, por lo que la crisis financiera no queda resuelta con el cambio de titular del Ejecutivo.
Protestas y exigencias de los ahorradores
La destitución de Peña estuvo acompañada de movilizaciones ciudadanas en Asunción, donde miles de personas reclamaron que se esclarezca el destino de los recursos comprometidos y se garantice la recuperación de los depósitos.
Las manifestaciones también alcanzaron los alrededores de la residencia del expresidente, donde los inconformes exigieron que enfrentara las investigaciones sin privilegios. La tensión obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad.
El Banco Central paraguayo ha señalado que los depósitos cuentan con mecanismos de garantía y que una parte de los clientes comenzó a recuperar su dinero. Sin embargo, la incertidumbre continúa para quienes no han podido disponer de la totalidad de sus recursos.
La crisis también alcanzó a empresas y trabajadores que dependían de operaciones vinculadas con la institución financiera, mientras que las pérdidas de confianza repercutieron en los mercados y en la estabilidad económica del país.
El caso de Ueno Bank se convirtió así en el detonante de una de las mayores crisis institucionales de Paraguay en los últimos años. La destitución de Santiago Peña, su detención y la llegada de Pedro Alliana al poder abrieron una nueva etapa política, pero no resuelven las interrogantes sobre el destino de los recursos públicos ni las responsabilidades de quienes participaron en las decisiones que llevaron al colapso de la entidad.
Las investigaciones deberán establecer si existió un uso irregular del dinero estatal, si hubo beneficios indebidos para particulares y qué funcionarios tuvieron conocimiento o participación en las operaciones cuestionadas. Mientras tanto, Peña conserva la presunción de inocencia respecto de los delitos que se investigan.