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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, en medio de una de las mayores crisis políticas y financieras que ha enfrentado el país en los últimos años, luego de que la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades bancarias de la nación sudamericana, dejara bajo incertidumbre los ahorros de millones de clientes y exhibiera los vínculos financieros que el mandatario mantuvo con el grupo empresarial propietario de la institución.
La caída del banco provocó indignación entre ahorradores, jubilados, trabajadores y sectores de la oposición, que salieron a las calles de Asunción para exigir la devolución de su dinero y responsabilidades políticas. Las manifestaciones estuvieron acompañadas de consignas contra el mandatario y demandas de juicio político, mientras en el Congreso avanzaba una iniciativa para destituirlo.
La crisis adquirió dimensiones institucionales cuando legisladores opositores presentaron una solicitud de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, con señalamientos de conflicto de intereses y presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de recursos públicos y fondos jubilatorios.
La renuncia del mandatario se produjo después de que la crisis también fracturara a su propio Partido Colorado, cuya dirigencia y legisladores comenzaron a retirar su respaldo político. De acuerdo con Associated Press, las principales corrientes de la agrupación gobernante terminaron por respaldar el proceso de juicio político.
En un mensaje difundido mediante un video en sus redes sociales, Peña comunicó su decisión de abandonar el cargo y justificó su salida con el argumento de que debía anteponer la estabilidad nacional a su permanencia en el poder.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, anunció.
El mandatario aseguró que su determinación respondía a la necesidad de preservar la paz social y las instituciones democráticas, y ofreció disculpas a la población, aunque no asumió responsabilidad directa por el colapso financiero de la entidad bancaria.
También afirmó que su prioridad era garantizar que los depositantes pudieran recuperar sus recursos, en un país donde la crisis alcanzó a millones de personas que utilizaban los servicios de Ueno Bank.
“Detrás de cada depósito hay años de trabajo, sacrificio y sueños familiares”, expresó, de acuerdo con la transcripción difundida por Associated Press.
El anuncio puso fin a una escalada política que en apenas tres días pasó de una intervención bancaria a una rebelión contra el jefe del Ejecutivo, con protestas en las calles, detenciones de directivos y cuestionamientos sobre la relación entre el poder político y los intereses financieros privados.
El escándalo también alcanzó al Banco Central de Paraguay, cuyo titular, Carlos Carvallo, presentó su renuncia después de que se conociera la intervención de la entidad financiera.
Los vínculos de Peña con el banco bajo investigación
Uno de los elementos que detonó la crisis fue la relación empresarial que Santiago Peña mantuvo con el conglomerado propietario de Ueno Bank.
El mandatario fue accionista de Grupo Vázquez, sociedad matriz de la entidad financiera, hasta marzo de 2025, de acuerdo con información publicada por Reuters. Aunque ya había vendido su participación cuando se produjo la intervención bancaria, sus antecedentes como accionista abrieron cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses y la relación entre el Gobierno y los propietarios de la institución.
Otro punto bajo escrutinio fue el nombramiento de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. Antes de ocupar ese puesto, Carvallo había presidido Financiera Ueno, antecedente de Ueno Bank, por lo que su designación generó interrogantes sobre la independencia del organismo responsable de supervisar a las instituciones financieras.
Durante el Gobierno de Peña, Ueno experimentó una expansión acelerada y consiguió una importante participación en el mercado paraguayo. La institución llegó a reportar más de tres millones de clientes, equivalentes a más de la mitad de la población adulta del país.
Además, administraba importantes cantidades de recursos públicos. Según Associated Press, hasta octubre de 2026 mantenía alrededor de 800 millones de dólares en depósitos estatales, procedentes de organismos públicos, fondos de pensiones y entidades relacionadas con las grandes centrales hidroeléctricas paraguayas.
La presencia de esos recursos en una institución vinculada empresarialmente al mandatario se convirtió en uno de los principales motivos de indignación pública.
Las investigaciones sobre las operaciones del banco también detectaron préstamos de grandes cantidades de dinero a empresas relacionadas con sus propietarios, operaciones que habrían excedido los límites legales y que carecían de garantías suficientes.
Intervención bancaria dejó a millones sin acceso a sus ahorros
El Banco Central de Paraguay ordenó intervenir Ueno Bank el martes 3 de noviembre, después de detectar graves problemas de solvencia.
La revisión de sus operaciones encontró créditos deficientemente documentados, financiamiento a compañías vinculadas con sus propietarios y gastos registrados de manera incorrecta como activos.
Una vez corregidas las cuentas, el capital disponible de la institución quedó por debajo de la mitad del mínimo exigido por la legislación bancaria.
La intervención provocó la suspensión de los servicios financieros de la entidad, incluidas las operaciones mediante aplicaciones, tarjetas y transferencias, lo que dejó a millones de clientes sin acceso inmediato a sus depósitos.
La situación generó largas filas frente a las sucursales, mientras ahorradores y jubilados exigían información sobre el destino de sus recursos.
El problema también alcanzó a los trabajadores de empresas pertenecientes al Grupo Vázquez, quienes denunciaron incertidumbre laboral y dificultades para cobrar sus salarios.
La gravedad del caso llevó a las autoridades a detener a ocho altos directivos de Ueno, entre ellos su fundador, Miguel Vázquez, y el presidente de la institución, Juan Manuel Gustale.
Además, la Fiscalía presentó cargos contra 27 directivos bancarios y personas relacionadas con las operaciones investigadas, por presuntos delitos que incluyen lesión de confianza e intento de estafa.
Las autoridades financieras anunciaron un procedimiento para trasladar las cuentas de los clientes y los activos recuperables a otras instituciones, además de establecer mecanismos para comenzar a devolver los depósitos.
Peña también promulgó una legislación de emergencia para facilitar pagos a los ahorradores y garantizar la restitución de recursos públicos y fondos jubilatorios.
Protestas y exigencia de juicio político
Mientras se desarrollaba la crisis financiera, las calles de Asunción se convirtieron en escenario de movilizaciones contra el Gobierno.
Cientos de personas, entre jubilados, trabajadores, estudiantes y clientes de Ueno Bank, se concentraron para exigir que se les devolviera su dinero y que los responsables de las irregularidades fueran investigados.
Las manifestaciones incluyeron pancartas con exigencias de destitución y consignas contra Peña. En algunos momentos se registraron enfrentamientos con las fuerzas policiales, que utilizaron gases irritantes y proyectiles de goma para dispersar a los manifestantes.
El descontento llegó al Congreso paraguayo, donde 35 legisladores de oposición formalizaron una solicitud de juicio político contra el presidente y el vicepresidente.
La iniciativa incluyó señalamientos por presuntos conflictos de intereses, manejo de fondos jubilatorios y posibles responsabilidades gubernamentales en las condiciones que permitieron el crecimiento y la expansión de la institución financiera.
El proceso de destitución requería una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados y posteriormente otra mayoría calificada en el Senado. Sin embargo, la crisis se agravó cuando sectores del propio Partido Colorado, que había respaldado a Peña desde su llegada al poder en 2023, comenzaron a sumarse a las exigencias para apartarlo del cargo.
La ruptura política resultó determinante para precipitar su renuncia.
Una crisis que trasciende la caída de un banco
La salida de Santiago Peña no resuelve por sí misma las consecuencias económicas y judiciales del colapso de Ueno Bank. Millones de clientes siguen dependiendo de los mecanismos establecidos para recuperar sus depósitos, mientras las investigaciones deberán determinar cómo se autorizaron las operaciones cuestionadas, qué responsabilidades corresponden a los directivos y si existieron beneficios indebidos o interferencias políticas.
El caso también abrió un debate sobre la supervisión financiera, la independencia de los organismos reguladores y el manejo de recursos públicos en instituciones privadas.