*La revictimizacion exhibe la cultural patriarcal y los grupos de la machosfera (incluyendo mujeres patriarcales) .
08.11.2026 Ciudad de México.- La exigencia de Sasha Sokol para que Luis de Llano Macedo cumpla íntegramente la disculpa pública que le ordenó un tribunal desató una nueva oleada de agresiones en su contra. Esta vez, la violencia no provino únicamente de quien fue declarado civilmente responsable del abuso sexual y daño moral que le ocasionó cuando ella tenía 14 años, sino también de usuarios de redes sociales que cuestionaron su reclamo, la responsabilizaron por insistir en el caso y trasladaron hacia ella la exigencia de que acepte una disculpa que no corresponde a la orden judicial.
Tan destacado fue su caso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la condena civil en su contra, estableciendo un precedente histórico al dictaminar que las acciones para reclamar por violencia sexual sufrida durante la niñez y la adolescencia son imprescriptibles, sin embargo la matriz patriarcal que envuelve a la sociedad mexicana, permea en -muchos y muchas- personas patriarcales, que normalizan la violencia porque dicen que en el pasado era igual y nadie se quejaba.
La controversia exhibe una expresión persistente de la cultura patriarcal mexicana: la tendencia a examinar, cuestionar y descalificar a las mujeres que denuncian violencia sexual, mientras se minimizan las conductas de los hombres agresores señalados y se les concede la posibilidad de explicar los hechos bajo sus propios términos, cuando y como quieran.
En lugar de concentrar la discusión en el cumplimiento de una resolución judicial, una parte de las reacciones digitales convirtió a la víctima en objeto de escrutinio. Se cuestionó por qué habla, por qué no acepta las disculpas, por qué continúa litigando e incluso por qué sus padres no evitaron lo ocurrido.
Frente a esos cuestionamientos, Sokol decidió responder con preguntas que obligan a cambiar el centro de la conversación: ¿por qué una víctima de abuso infantil puede modificar la manera en que comprende y relata lo sucedido cuando finalmente reconoce la violencia que experimentó?, ¿por qué se le juzga cuando decide hablar?, ¿por qué se responsabiliza a sus padres y por qué resulta más sencillo condenarla que intentar comprenderla?
Abogados han referido que en la sentencia del caso Sasha Sokol–Luis de Llano hay un punto jurídico que aclara buena parte de la discusión: De Llano no fue condenado simplemente a “pedir perdón” como él quisiera. La resolución ordenó un perdón público videograbado, difundido en YouTube, Twitter e Instagram, en el mismo formato en que circularon las declaraciones ilícitas y, además, “previamente aprobado por la jueza de origen”, bajo parámetros de no revictimización.
“¿Por qué tanta precisión? Porque la propia sentencia explica que la disculpa es una medida de satisfacción: su finalidad es dignificar a la víctima mediante un “reconocimiento público de responsabilidad”. Y esa responsabilidad fue declarada respecto de afectaciones a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, integridad física, psicológica y moral, intimidad y honor, derivadas también de la relación sostenida cuando ella era menor de edad. Por eso una disculpa judicial no puede vaciar de contenido aquello que la sentencia ordenó reparar”, indica .
Su mensaje no es una discusión sobre susceptibilidades ni una disputa entre dos versiones equivalentes. Coloca sobre la mesa un problema de fondo: la revictimización, es decir, la violencia adicional que enfrenta una persona cuando, después de haber sufrido una agresión, debe soportar cuestionamientos, descalificaciones y señalamientos por contar lo que vivió o por exigir justicia.
La respuesta social también evidencia que el reconocimiento jurídico de la responsabilidad de un agresor no garantiza que la víctima deje de enfrentar prejuicios. Puede obtener una resolución favorable y, aun así, encontrarse con una sociedad que le exige silencio, comprensión hacia quien la dañó y conformidad con una reparación que no cumple las condiciones establecidas por la autoridad.
La polémica tiene un antecedente judicial que no puede perderse de vista. La relación entre Sokol y De Llano ocurrió en la década de 1980, cuando ella tenía 14 años y él era un hombre adulto de aproximadamente 40 años. La diferencia de edad, experiencia y poder dentro de la industria del entretenimiento constituye un elemento fundamental para comprender por qué no puede presentarse aquella historia como un vínculo entre dos personas en condiciones de igualdad.
Durante años, el productor habló públicamente del vínculo y realizó declaraciones que la cantante consideró una minimización del daño que sufrió. En marzo de 2022, Sasha decidió hacer pública su experiencia y denunciar las circunstancias de aquella relación. Su testimonio abrió una discusión sobre el abuso sexual infantil, las relaciones asimétricas de poder y la normalización de conductas de hombres adultos hacia adolescentes.
El litigio llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que el 25 de junio de 2025 confirmó por unanimidad la responsabilidad civil de Luis de Llano por daño moral. La resolución mantuvo las medidas de reparación impuestas, entre ellas el pago de una indemnización, la publicación de una disculpa y la obligación de abstenerse de mencionar públicamente a la cantante fuera de los términos autorizados.
El fallo también sentó un precedente relevante al establecer que las acciones civiles para reclamar reparación por abuso sexual infantil no deben quedar sujetas a la prescripción en los términos analizados por el máximo tribunal.
Una disculpa bajo sus propias condiciones
La nueva controversia comenzó cuando De Llano difundió un video en el que presentó una solicitud de perdón público como cumplimiento de la sentencia. La grabación apareció durante la madrugada del 5 de noviembre y fue publicada en un canal de YouTube creado expresamente para difundir ese mensaje, identificado como “Cumplimiento Luis de Llano”.
En el material, el productor reconoció su responsabilidad civil por daño moral, admitió que sus declaraciones de 2022 habían sido desafortunadas e inexactas y afirmó que habían minimizado el impacto de los hechos en la vida de Sokol. También expresó que no volvería a mencionar a la cantante en medios de comunicación ni redes sociales.
Sin embargo, el problema no era solamente que hubiera pronunciado una disculpa. El punto central era que, de acuerdo con la cantante y su representación jurídica, el productor presentó un texto distinto al aprobado por la autoridad judicial y omitió aspectos esenciales de la reparación.
Sasha explicó que la disculpa debía reconocer expresamente que, cuando ella tenía 14 años, no estaba en condiciones de consentir una relación con un hombre adulto que ocupaba una posición de poder; también debía reconocer que sus padres no fueron cómplices de lo sucedido.
Esos elementos no aparecieron en el video.
La defensa de la artista agregó que existía un procedimiento judicial para revisar la grabación antes de su difusión: De Llano debía entregar el material al juzgado, permitir que la representación de Sasha lo revisara y esperar la autorización correspondiente para publicarlo. Según los abogados, el productor omitió esos pasos y difundió unilateralmente su propia versión.
La representación legal sostuvo que no se trataba de diferencias menores de redacción, sino de modificaciones que alteraban el sentido de la reparación.
El antecedente tampoco es menor: el 2 de septiembre de 2026, De Llano fue detenido por órdenes judiciales relacionadas con el incumplimiento de las medidas impuestas en la sentencia. Las autoridades ejecutaron dos arrestos administrativos acumulables de 15 horas, después de que se aplicaran medidas de apremio por su resistencia a cumplir las disposiciones.
Por ello, la publicación de un nuevo mensaje que la víctima considera ajeno a lo ordenado por el tribunal abrió otro frente en el litigio. Sokol anunció que incorporaría al despacho Zinser y Asociados a su equipo jurídico también en materia penal, además de continuar con las acciones para exigir el cumplimiento de la resolución civil
Las preguntas de Sasha frente a la revictimización
Después de la controversia y de las reacciones que recibió por rechazar el video, Sokol publicó una reflexión dirigida a quienes estaban utilizando su tiempo y sus espacios digitales para atacarla.
En lugar de responder uno por uno a los comentarios, planteó cinco preguntas que apuntan a desmontar prejuicios profundamente arraigados sobre las víctimas de abuso sexual durante la infancia.
La primera fue: «¿Por qué una víctima de abuso infantil cambia el relato de lo sucedido una vez que se da cuenta de la realidad?».
La pregunta aborda una de las ideas equivocadas más frecuentes: que una víctima necesariamente debe identificar desde el primer momento la violencia que está experimentando y describirla con las mismas palabras durante toda su vida.
El abuso infantil no siempre es reconocido como tal por quien lo padece. Cuando el agresor es una persona adulta, conocida, cercana o con autoridad, la manipulación de los límites, la confianza y los afectos puede dificultar que una niña comprenda lo que sucede. Lo que durante la infancia pudo interpretar como una relación especial, una muestra de cariño o una situación normalizada puede adquirir otro significado al crecer, desarrollar herramientas para identificar la violencia y comprender las relaciones de poder.
Esto no significa que cualquier modificación de un testimonio deba darse por verdadera de manera automática. Significa que los cambios en la comprensión y la narración de una experiencia traumática no pueden utilizarse, por sí solos, como argumento para desacreditar a una víctima.
La segunda pregunta de Sokol fue: «¿Cuál es la edad promedio a la que se llega a comprender el abuso como tal cuando éste ha sido continuo?».
No existe una edad universal en la que una persona necesariamente identifica que sufrió abuso sexual. La comprensión depende de su desarrollo, del contexto en el que ocurrieron los hechos, de la relación con el agresor y de las posibilidades que tuvo para reconocer y nombrar lo sucedido.
La Comisión Real australiana sobre respuestas institucionales al abuso sexual infantil documentó que, entre las personas sobrevivientes que participaron en sus sesiones de investigación, transcurrieron en promedio 23.9 años antes de que hablaran con alguien sobre el abuso. En el caso de las mujeres, el promedio registrado fue de 20.6 años.
El mismo organismo explica que la revelación no suele ser un acontecimiento único: puede producirse gradualmente, de manera parcial y en distintos momentos de la vida. También identificó la vergüenza, el miedo a no ser creídas y las posibles consecuencias familiares y sociales como obstáculos para hablar.
La tercera pregunta fue: «¿Por qué la gente juzga a la víctima cuando finalmente decide revelar el abuso?».
La respuesta se encuentra, en buena medida, en los prejuicios de una sociedad que continúa imponiendo a las mujeres la obligación de demostrar que son víctimas ideales: que hablaron inmediatamente, que reaccionaron de determinada manera, que no mantuvieron contacto con el agresor, que no cambiaron su versión y que su comportamiento posterior coincide con lo que otras personas esperan de ellas.
Cuando una mujer no cumple con esas expectativas, aparecen las sospechas. Se cuestiona su memoria, sus motivaciones, sus decisiones y hasta el momento que eligió para denunciar.
En el caso de Sasha, el cuestionamiento se ha trasladado incluso a su decisión de exigir que una sentencia sea cumplida en los términos establecidos por un tribunal.
La cuarta pregunta fue: «¿Por qué la gente tiende a culpar a los padres de la víctima?».
Este señalamiento reproduce otro mecanismo de desplazamiento de responsabilidades: en lugar de concentrarse en la conducta del adulto que tenía la obligación de respetar los límites de una menor, se busca una explicación en las decisiones de quienes estaban a cargo de protegerla.
Preguntar si los padres sabían, por qué no intervinieron o cómo permitieron determinadas circunstancias puede ser relevante dentro de una investigación cuando existen elementos que lo justifiquen. Pero convertir esas preguntas en acusaciones automáticas contra la familia, sin pruebas, desvía la responsabilidad de quien ejerció la conducta abusiva.
En el caso de Sokol, la propia cantante ha señalado que la resolución judicial exige reconocer expresamente que sus padres no fueron cómplices.
Finalmente, la quinta pregunta fue: «¿Por qué a la gente le resulta más fácil juzgar en lugar de intentar comprender?».
Es quizá la interrogante que resume toda la controversia. Porque comprender una experiencia de abuso exige reconocer que las niñas no tienen la misma capacidad de decisión, información y autonomía que las personas adultas, y que la responsabilidad de establecer límites y respetar su integridad corresponde a quien tiene mayor edad y poder.
La violencia digital también puede convertirse en una segunda agresión
Los ataques contra Sokol no son un fenómeno aislado ni una consecuencia inevitable de la exposición pública de una artista. Se inscriben en un patrón de violencia contra las mujeres que encuentra en las plataformas digitales un espacio para reproducir estereotipos, descalificaciones y discursos misóginos.
Un estudio académico publicado en 2022 en la revista Journal of Interpersonal Violence, titulado Rape Culture, Revictimization, and Social Representations: Images and Discourses on Sexual and Violent Crimes in the Digital Sphere in Mexico, analizó las representaciones sociales presentes en las conversaciones digitales sobre delitos contra las mujeres en México.
La investigación identificó cuatro patrones discursivos: incredulidad frente a las agresiones sexuales, culpabilización de las víctimas, revictimización y desvalorización de las mujeres.
Los resultados permiten comprender por qué, ante una denuncia de violencia sexual, las conversaciones pueden abandonar el comportamiento del agresor para concentrarse en examinar la vida, las decisiones y la credibilidad de quien denuncia.
En esa dinámica, la exigencia de justicia se interpreta como venganza; la insistencia en que se cumpla una sentencia se presenta como falta de perdón, y el rechazo a una disculpa incompleta se transforma en motivo de ataques.
Se trata de una forma de presión social que busca imponer a las víctimas cómo deben comportarse después de haber sufrido violencia: deben hablar, pero no demasiado; denunciar, pero sin incomodar; aceptar las disculpas, aunque no reparen el daño, y cerrar el capítulo cuando el entorno considere que ya es suficiente.
Esa expectativa también tiene una dimensión de género. A los hombres señalados por ejercer violencia se les suele conceder el espacio para explicar, justificar o reinterpretar sus actos, mientras que a las mujeres se les exige probar constantemente que su sufrimiento es legítimo.
Una sentencia no depende de la voluntad del agresor
El caso de Sasha Sokol plantea una distinción fundamental entre pedir perdón y cumplir una reparación ordenada por la justicia.
Una disculpa pública derivada de una sentencia no es un gesto voluntario que el responsable pueda modificar a su conveniencia, ni una concesión que la víctima deba agradecer. Es una obligación jurídica cuyo contenido y condiciones no quedan a disposición de quien debe cumplirla.
Tampoco corresponde a las redes sociales decidir si la cantante debe aceptar el mensaje, abandonar el litigio o considerar reparado el daño. Esa discusión no sustituye las determinaciones de los tribunales.
El reclamo de Sokol tiene una dimensión que trasciende su historia personal: pone sobre la mesa el derecho de las víctimas de violencia sexual infantil a ser reconocidas, escuchadas y reparadas sin que el proceso de exigir justicia se convierta en otra fuente de agresiones.
Lo que está en discusión no es si una mujer debe perdonar a quien le hizo daño, sino si un hombre declarado civilmente responsable puede decidir por sí mismo cómo cumplir una resolución judicial.
Y también si una sociedad está dispuesta a dejar de interrogar a las víctimas sobre por qué hablaron, por qué tardaron, por qué cambiaron su manera de comprender lo sucedido o por qué no aceptan cualquier disculpa, para comenzar a cuestionar las relaciones de poder que hicieron posible el abuso.
Sasha puso cinco preguntas sobre la mesa. Ninguna exige una explicación a la víctima sobre por qué decidió defenderse. Todas obligan a mirar de frente los prejuicios que todavía protegen al agresor y castigan socialmente a quien se atreve a denunciar.
Porque la justicia no termina cuando una mujer consigue que un tribunal reconozca el daño que sufrió. También implica que pueda exigir el cumplimiento de esa resolución sin tener que enfrentar una nueva condena pública por hacerlo.