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02.09.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este miércoles que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha retirado la posibilidad de emitir facturas a más de 2 mil empresas comercializadoras vinculadas con la venta ilegal de combustibles, como parte de las acciones emprendidas por su gobierno contra la evasión fiscal y el contrabando de hidrocarburos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria dio a conocer el dato y señaló que las medidas fiscales forman parte de la estrategia para combatir el mercado ilícito de combustibles, en coordinación con distintas instituciones del Gobierno de México.
En atención a la instrucción de la presidenta, el SAT precisó posteriormente que entre octubre de 2024 y agosto de 2026 se canceló la posibilidad de emitir comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) a 2 mil 205 empresas comercializadoras que vendían combustible de manera ilegal.
El organismo explicó que la medida está dirigida a impedir que estas empresas continúen utilizando el sistema de facturación fiscal para respaldar operaciones relacionadas con la comercialización irregular de combustibles.
El SAT señaló que con estas acciones busca combatir la evasión y la elusión fiscal, además del contrabando. La autoridad no indicó en el comunicado cuántas de las 2 mil 205 empresas fueron objeto de otras sanciones administrativas o penales, ni precisó el monto de las operaciones o impuestos asociados a los casos detectados.
La medida se inscribe en una estrategia más amplia para reforzar la trazabilidad de los hidrocarburos desde su importación o adquisición hasta su comercialización. En marzo pasado, el Gobierno de México anunció la incorporación del denominado “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” al CFDI, mecanismo desarrollado por el SAT en coordinación con la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
El complemento comenzó a aplicarse el 24 de abril de 2026 y tiene como propósito generar información adicional sobre las operaciones de compra y venta de hidrocarburos y petrolíferos, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control y trazabilidad y detectar esquemas relacionados con el mercado ilícito de combustibles.
La fiscalización también se relaciona con modificaciones a las disposiciones fiscales para 2026. El SAT estableció dentro de su Plan Maestro acciones para identificar operaciones irregulares, combatir la evasión y el contrabando, así como revisar esquemas relacionados con la utilización de comprobantes fiscales que no correspondan con operaciones reales.
En la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 también se incorporaron reformas relacionadas con los comprobantes fiscales que amparan operaciones con hidrocarburos, con la finalidad de prevenir esquemas de evasión y simulación fiscal asociados con el mercado ilícito de combustibles.
La problemática del llamado huachicol fiscal no se limita al robo de combustible directamente de ductos. El término también se utiliza para describir esquemas mediante los cuales combustibles adquiridos o introducidos al país de manera irregular son incorporados al mercado formal mediante documentación fiscal, declaraciones o registros que buscan aparentar la legalidad de las operaciones.
Por ello, el control de la facturación se ha convertido en uno de los mecanismos utilizados por las autoridades para identificar inconsistencias entre el combustible comercializado y la documentación que acredita su procedencia.
La decisión de impedir la emisión de facturas constituye una medida fiscal que limita la capacidad de las empresas señaladas para generar nuevos comprobantes fiscales, aunque por sí misma no equivale necesariamente a una sentencia penal ni determina de manera automática la responsabilidad de sus representantes legales por algún delito. Las eventuales responsabilidades administrativas o penales dependen de las investigaciones y procedimientos correspondientes.
El Gobierno federal ha planteado que el combate al mercado ilícito de combustibles requiere la participación conjunta de autoridades fiscales, energéticas, aduaneras y de seguridad. En ese esquema, el SAT concentra una parte de las acciones relacionadas con la información fiscal, la facturación y el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Con el reporte dado a conocer este miércoles, la cifra de empresas comercializadoras a las que se les retiró la posibilidad de facturar asciende a 2 mil 205 en el periodo comprendido entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
El SAT sostuvo que las medidas forman parte de sus acciones para combatir la evasión y elusión fiscal y el contrabando, mientras que el Gobierno federal mantiene el reforzamiento de los controles sobre la cadena de comercialización de combustibles. ([Gobierno de México][2])