*Retrovisor.
/ Ivonne Melgar /
Cuestionar la política de brazos caídos que en el sexenio anterior se tuvo frente al crimen organizado es algo hasta emocionalmente imposible para la 4T.
Por eso, la mayoría legislativa afín al gobierno estaba contenta celebrando las reformas que el expresidente les heredó con el plan C, hasta que la realidad del crimen organizado regresó a la agenda.
Ni siquiera con los recientes días de violencia, en Sonora y Tabasco, los morenistas se movieron de la prioridad que AMLO les dejó: la democracia de la tómbola para relevar al Poder Judicial.
Pero la fiesta de la feliz propaganda se interrumpe con las obligadas negociaciones que las amenazas de Trump le imponen a México en migración, aranceles y crimen organizado.
Mientras para los dos primeros temas existen precedentes de solución, el asunto de los cárteles resulta evidentemente incómodo para una Presidenta que apenas se está enterando de qué tamaño son las consecuencias de los abrazos.
La incomodidad también se observa en el Congreso, donde el amago de Trump de clasificar a los cárteles como terroristas, se atiende con la retórica de la unidad y la soberanía.
Y es que los pronunciamientos de los legisladores afines al gobierno se dan con apego a lo que se dice en las mañaneras presidenciales, donde en vez de ofrecer un acuerdo bilateral en seguridad, reclaman saber quién y cómo se llevaron a El Mayo Zambada.
Como lo reiteró ayer el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, la estrategia legislativa para los próximos tres meses es acompañar a la mandataria en todo lo que diga y pida.
A esta disciplina morenista debe sumarse la lealtad que la mayoría de los legisladores oficialistas le tienen a la retórica de López Obrador en materia de seguridad.
Por eso, en vez de proponer mecanismos de colaboración para entrarle en serio a la crisis binacional de seguridad y salud que genera el fentanilo, esta semana Monreal llegó a decir que, si es necesario, ellos van “a reformar la ley o la Constitución para garantizar la no invasión, la no interferencia, la no injerencia de nuestra soberanía”.
Con este telón de fondo debemos calibrar la relevancia del mensaje que ayer llevó a los diputados el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien les dijo que desde hace cuatro meses recibe la clara y contundente instrucción presidencial de que “la seguridad es una prioridad para las mexicanas y los mexicanos en nuestro país”.
El problema es que esa prioridad no figura en la agenda parlamentaria, copada en el primer periodo de sesiones, de septiembre a diciembre, por el plan C de López Obrador.
Y para los próximos tres meses del segundo periodo que hoy inicia, según lo informado por el coordinador Monreal, varias de las sesiones se irán en aprobar las leyes secundarias del plan C, incluyendo las de la reforma al Poder Judicial que, según lo dicho ayer por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, “es parte de las acciones por las cuales el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Trump no tienen confianza en este gobierno”.
El senador priista habló de otro punto que debería ser ocupación de la diplomacia parlamentaria que le toca desplegar al Congreso con sus pares en EU.
Dijo Alito que “no le tienen confianza al gobierno, porque los pasados seis años se la pasaron permitiendo que hiciera todo lo que quisiera el crimen organizado”.
En el mismo sentido, el jueves, el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que a sus legisladores no les da miedo afrontar con propuestas de solución los reclamos de Trump, por “la obvia y absolutamente probada realidad de que hay un crimen organizado gobernando de facto inmensas extensiones territoriales en este país”.
Y es que, agregó el panista, “por lo menos el anterior gobierno, sabemos que tiene un acuerdo con el crimen organizado”.
Hasta esta mañana, la condena a ese tipo de buenos tratos era exclusiva de la oposición.
Pero este viernes, García Harfuch hizo lo propio: “Las organizaciones criminales son quienes corrompen autoridades, quienes cobran piso, quienes extorsionan. Cualquier tipo de diálogo con las organizaciones criminales es un espejismo. Siempre, siempre, siempre sale mal”, sostuvo el secretario que inició su biografía pública en la Policía Federal Preventiva, en el sexenio de Calderón.
“La autoridad tiene la responsabilidad de combatir, obviamente siempre con el respeto a los derechos humanos, a todas las organizaciones criminales con una finalidad, proteger a la ciudadanía de nuestro país”, definió el excomisionado de la Agencia de Investigación Criminal en el sexenio de Peña Nieto.
Es una aclaración relevante ante la advertencia de Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como terroristas y las sospechas en EU de que aquí ha habido protección gubernamental para los narcos.
También es un anuncio para que tomen nota en Morena, donde son visibles las dificultades para digerir el desastre que dejó la estrategia de abrazos, no balazos.
Si no logran asimilar la realidad que el plan C buscó distraer, tampoco podrán cerrar filas con la Presidenta en este enfoque de la seguridad que, según García Harfuch, nunca saldrá bien con acuerdos inconfesables.
