Momento de acotar.
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Francisco Cabral Bravo/
Con solidaridad y respeto a Ricardo Ahued Bardahuil.
Celebro que Norma Rocío Nahle García esté reivindicando el papel de los técnicos y profesionales en la gobernanza. Ella misma es una mujer con una educación de primera y conocida por tomar decisiones con base en evidencia empírica. La capacidad ha sustituido a la demagogia. Nadie mejor que Ricardo Ahued Bardahuil en la secretaría de gobierno, conoce perfectamente el estado, tanto él como Nahle demuestran ser políticos profesionales dispuestos a trabajar juntos por el bien de Veracruz. Buena su designación creo, que Ricardo Ahued para negociar, la seguridad, la paz y la gobernanza. Son muchos los desafíos. Además, con capacidad política probada. Urge ante todo lo anterior, seguir luchando en defensa de sociedades fundadas en una profunda cultura de los derechos humanos, del diálogo, de la tolerancia, del compromiso con el bienestar generalizado de paz y respeto a la naturaleza. Es una batalla dura y difícil de ganar, pero no hay que rendirse en ese desempeño. Se debe luchar por establecer un Veracruz con un mayor porvenir. Es hora de construir un entramado sólido, pero eso implica unidad, un gran esfuerzo y una poderosa estrategia.
En otro orden de ideas se acerca el cambio administrativo del sexenio y con ello los respectivos movimientos en el tablero de la administración pública que, al menos al inicio, brindará muy pocas sorpresas. En efecto, serán meses en los que se observará cómo se mantienen y se cumple con la promesa de continuidad de las viejas apuestas o, en contraste, hacer efectivo el sentido de aquella frase en la que se proclaman los “cambios generacionales”, apuntando hacia lo nuevo, lo original, lo que se planteará como la diferencia con respecto al pasado. Vaya disyuntiva que tendrán que resolver quienes trazan y diseñan el perfil del siguiente gobierno.
Lo interesante será observar lo que sucederá cuando las grietas de la administración señalen a quienes hoy forman parte de la corte gubernamental. Porque, quizá, pocos han sido tan inmaculados e incorruptibles como suele presumirse y creerse. O tal vez, porque llegará el momento de enfrentarse a situaciones complejas y críticas. Así está por concluir un sexenio. Ya sabemos cuál fue el desenlace de aquella vieja historia del becerro de oro.
Ahora bien, como ya lo había mencionado, en todo ejercicio del poder que se base en un espíritu democrático y de libertad, de expresión, por ejemplo, las grietas del poder podrían ser ventanas que colocarán en la mesa nombres, decisiones y resultados que no serán parte de aquel pasado lleno de malosos y bandidos.
¿Surgirán nuevos villanos? ¿Se renovarán las conspiraciones universales? ¿Cuál será la narrativa que impere cuando se señale a más de un prócer? Se avecina nuevas historias, de eso no cabe la menor duda, lo cual, a fin de cuentas, ya agradecemos, pues entre los caricaturistas y humoristas gozarán de oportunidades para que atesoremos aquello que siempre es un antídoto contra el poder omnímodo y militarista, sí, el humor
En otro orden de ideas la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional derivados de los resultados de las elecciones del 2 de junio último, juegan un papel significativo para saber si Morena, PT y PVEM van a lograr la mayoría calificada, y si es el caso, lo harán con el contexto de la Constitución y la ley.
Sobre este tema abundan las declaraciones y las entrevistas en los medios que no aclaran las cosas y ello ha dado vida a un proceso de designación creciente que lastima el derecho a saber. ¿Qué es lo que verdaderamente sucede conforme a la normatividad vigente?
El primer punto que debe despejarse en sí, para efectos de la asignación de los partidos de representación proporcional (RP) se debe (no debería que es otra cosa) considerar a las coaliciones como si se tratara de un solo partido o deben tratarse a los partidos por separados.
El artículo 54, fracción V de la Constitución establece que: “V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida.
“Está base no se aplicará el partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8%. La Constitución se refiere explícitamente a partidos no a coaliciones.
De ahí, por tanto, que los artículos del 16 al 21 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales regulan la asignación de RP por partidos no por coaliciones.
En otro contexto se iniciaron los primeros tambores de guerra con respecto al análisis de las reformas al Poder Judicial.es un hecho que los cambios que se quieren hacer a la Suprema Corte de Justicia de la nación se darán sí o sí.
¿De qué tipo serán? Eso apenas lo sabremos.
Por lo pronto, la iniciativa que envió el presidente saliente ha proporcionado todo tipo de comentarios, Pero quizá a algunos debemos darle un especial seguimiento, y es al análisis que han hecho profesionales precisamente al interior de la Corte.
No solo está siendo analizada por los ministros, sino por especialistas y expertos en la materia y que han hecho un servicio profesional de carrera en esos temas y no hay que dejarlos fuera, ya que los primeros borradores sobre el análisis de las reformas que se plantean hacer no son solo interesantes, sino plantean una realidad.
Por ejemplo, en el caso de la propuesta de la elección de personas juzgadoras por voto popular, esto no garantiza una mayor legitimidad, ni calidad en las decisiones judiciales, además estaríamos también hablando de una destitución injustificada de los actuales jueces federales y estatales, y también hay que anotar el costo de realizarlas, además de que de acuerdo con la DEA, el crimen organizado podría influir en esas elecciones, como de hecho, ya lo ha hecho en los estados al apoyar a ciertos candidatos.
Una modificación, estiman, que no esté bien planteada ni ejecutada, pueda trazar aún más los miles de casos que están ahora procesándose.
Y ahí, un dato, un juez en promedio en un año atiende 895 casos, para quienes han estado en un juzgado los expedientes que se analizan son muchas veces libros y libros de pruebas, que deben revisarse.
En el análisis previo que hasta ahora ha realizado personal de la Corte, se pone de ejemplo el caso de Bolivia, en donde se elige desde el 2011 a los jueces, pero han tenido fallas desde su puesta en marcha.
En diciembre del año pasado debían realizarse elecciones judiciales, pero dado que el partido Morena no tiene mayoría no se pudo definir a los candidatos, lo que ha generado una crisis política y judicial.
La reforma no aborda un cambio profundo en la impartición de justicia local, y de plano omite a las fiscalías locales o las defensorías públicas, que son el primer contacto de las personas que buscan justicia.
Su reforma se enfoca en los jugadores federales, sacar a los que ya están, reducir el periodo de sus encargos. ¿Se portan mal? ¿De acuerdo con quién?
Así pues, se echa la culpa a la Corte y a los jueces y magistrados de cosas que son responsabilidad de los poderes judiciales locales.
Además se ha alimentado la idea de que todos los jueces que liberan personas son corruptos y esto puede llegar a que se validen detenciones ilegales o se condene a gente que fue torturada, ¿Y las fiscalías?
Son las que nos hacen bien su trabajo, léase no investigan y por lo tanto, no integran bien las carpetas.
“La elección de jueces por voto popular es una mala idea, Pues los convertiría en actores políticos en lugar de árbitros imparciales”, advirtió el exministro de la SCJN, José Ramón Cossío
Hoy en día, quienes hemos tenido la infortuna de utilizar el Poder Judicial sabemos que, cuando llegamos a los tribunales federales, el acceso a la justicia mejora drásticamente. Leído lo anterior, el problema para la ciudadanía de a pie está en los tribunales locales. Los jueces elegidos tendrían dueños: los partidos que los apoyarían.
La reforma al Poder Judicial acabará con la división de poderes y el Estado de Derecho. No habrá certeza jurídica para empresas o particulares, A menos que apoyen a su juez o magistrado. El derecho de amparo, Pilar de nuestro sistema, está vulnerado, la amnistía aplica sin criterios claros y solo por voluntad del Ejecutivo.
Quienes entienden que todo país requiere de un Estado de derechos que regule los contrapesos y permita libertades y desarrollo, no son comprendidos.
La independencia del Poder Judicial tiene los meses contados.
