/ Por Ángel Álvaro Peña/
El combate a la inseguridad en México es responsabilidad de dos poderes: el Ejecutivo y el Judicial; sin embargo, por la costumbre de que el Presidente de la República tenía el control de todo organismo del estado, se le adjudica la violencia, al Presidente, en este caso a la Presidenta.
Para llevar a cabo el proceso de un sólo delincuente con un solo delito, es necesario que intervengan tanto el Poder Ejecutivo, a través de la detención, la redacción de las carpetas de investigación, y una vez realizada esta tarea, se entregan evidencia y detenido al Poder Judicial. Éste ha basado la liberación de delincuentes argumentando la inadecuada redacción de dicha carpeta.
Los integrantes del Poder Judicial, nunca antes habían dado a conocer la poca pericia de los procuradores y fiscales, de plasmar su versión de los hechos y reflejar con claridad, las pruebas, esto se convirtió en el pretexto principal para liberar infractores. Es decir, el juez no era imparcial sino que, si había dinero de por medio, apoyaba al abogado defensor y contribuía a la impunidad, cuando su función social no es esa, sino regresar el escrito para exigir que estuviera redactado correctamente.
Una vez que se anuncia la reforma al Poder Judicial, y se señala a jueces y ministros como responsables de la liberación de importantes delincuentes, es cuando denuncian la mala redacción de los expedientes. Desde luego que pagan justos por pecadores y no todos son iguales. De esto hay evidencias honrosas.
Prueba de lo anterior es la división que existe en el Poder Judicial, porque mientras los secretarios, los jueces, los escribanos de los diferentes juzgados pelean por lo que consideran sus derechos violentados en las calles, los ministros y magistrados sólo dirigen la orquesta desde sus residencias y en restaurantes de lujo, desde donde imponen criterios a los líderes y desatan la manipulación a los medios.
En un estudio realizado en 2022 se señala que hasta 65 miembros de una misma familia trabajan en el Poder Judicial, 23.8 por ciento más de cuatro parientes, 49 por ciento, dos, según datos del Consejo de la Judicatura.
La hija de la senadora Olga Sánchez Cordero, trabaja en la Corte, con un salario superior a los 200 mil pesos mensuales. También está en nómina su hermana y seis sobrinos y sobrinas.
En pocas oficinas de gobierno las diferencias sociales están tan marcadas como en el Poder Judicial, eso nadie puede negarlo.
Pero los que realizan el paro, los plantones, las marchas bajo el sol, sólo son carne de cañón en las calles, cargando pancartas bajo el sol y perdiendo tiempo y dinero, porque a las bases del Poder Judicial no se le pagan los salarios y no por órdenes externas sino por las condiciones de los poderosos que, dentro de ese poder, se adueñan hasta de los pocos pesos que ganan quienes les escriben las sentencias y justifican los fallos.
El Poder Judicial es una muestra de la explotación, de las diferencias sociales y hasta de la discriminación dentro de un mismo gremio. Esas diferencias surgieron luego del anuncio de la reforma al Poder Judicial, como muchos otros secretos que se guardaban “por seguridad”, cuando en realidad la causa real eran esos “misterios” que impedían conocer la corrupción en los juzgados.
La resistencia contra la reforma también sacó a la luz la complicidad de la oposición que causaba una sociedad clandestina, así que de inmediato se dedicaron a tergiversar todos los factores que implica el proceso de la reforma al Poder Judicial.
El líder del PAN afirmó que la tómbola del sábado 12 de octubre, que realizaron los senadores, era para conocer los nombres de las personas que llenarían las vacantes, cuando en realidad se sortearon los cargos. Para que los nombres de los seleccionados surjan, hay de por medio una serie de filtros que tienen que ver no sólo con la trayectoria, sino que se someterán a debates, investigación, experiencia y exámenes.
En esa sesión se informó sobre las vacantes, los espacios que habrán de renovarse y se realizó la insaculación para que la elección de magistraturas y espacios de jueces.
La mitad de los cargos que no se votarán el 1 de junio, quedarán para la elección de 2027, a través de la elección de voto popular. Sin embargo, la oposición, con la complicidad de algunos medios y “analistas” a sueldo afirman que la capacidad de las personas para esos puestos sólo tiene a la tómbola como tamiz para ocuparlos.
La reforma al Poder Judicial debía ocurrir, los términos y los detalles se corregirán sobre la marcha, como ocurrió en algunos de sus párrafos. Será en las leyes secundarias donde puedan intervenir, desde luego con conocimiento de causa y sin gritos de los integrantes de la oposición, que, si bien no tienen voto suficiente, influyen en las decisiones del Legislativo.
El Poder Judicial y el Ejecutivo no están acostumbrados a trabajar en coordinación, saben de la subordinación o de la enemistad, pero no de la concordancia en beneficio del país y en favor de las leyes y la justicia.
PEGA Y CORRE.- Movimiento Ciudadano continúa su acercamiento al gobierno de manera sutil pero constante. La emecista Ivonne Aracelly Ortega Pacheco impulsa una iniciativa para reformar el artículo 80 de la Constitución Política, en materia de perspectiva de género, con la finalidad de agregar el término “Presidenta” como depositaria del Poder Ejecutivo Federal… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
