09.08.2023 México.- En un movimiento estratégico orientado a “reforzar la seguridad en el ámbito aeroportuario”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado la emisión de un decreto que otorga el control operativo y administrativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que incluye tanto el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM), a la Secretaría de Marina (Semar).
La decisión, que actualmente se encuentra en etapa de revisión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca robustecer la seguridad nacional y potenciar la colaboración entre las Fuerzas Armadas y el gobierno en la consecución de sus objetivos.
El razonamiento detrás de este cambio recae en la priorización de la seguridad en los aeropuertos del país segun López Obrador quien ha destacado la necesidad de abordar las deficiencias sistémicas que han afectado la seguridad en estos puntos neurálgicos, lo que ha resultado en vulnerabilidades susceptibles de ser explotadas por actores externos con intenciones ilícitas.
En este contexto, el decreto propuesto contempla la transferencia total del control del AICM y SACM a la Semar, con base en sus atribuciones y experiencia en el ámbito de la seguridad.
El presidente ha señalado que esta medida encuentra respaldo en el Plan Nacional de Desarrollo de su administración, que establece como uno de sus pilares fundamentales el fortalecimiento de la seguridad nacional. La Semar, al ser una institución encargada de preservar la seguridad y protección del país, cumple con los objetivos de salvaguardar el territorio nacional, mantener el orden constitucional y garantizar la legítima defensa.
El decreto, cuya entrada en vigor está prevista para 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), implica una serie de pasos para llevar a cabo esta transición de control. Entre ellos, se requiere una actualización del capital social de las entidades involucradas, basada en los estados financieros auditados del ejercicio fiscal inmediato anterior, y su notificación oficial al almirante secretario de la Semar, José Rafael Ojeda Durán.
En cuanto a las implicaciones financieras, el decreto establece que las erogaciones resultantes de este cambio deben realizarse dentro de los presupuestos ya autorizados para cada uno de los ejecutores de gasto. Esto se realizará a través de movimientos compensados, sin incrementar el presupuesto regularizable ni asignar recursos adicionales para el ejercicio fiscal vigente.
La medida ha desencadenado una serie de debates y discusiones en la esfera pública y política. Mientras algunos elogian la decisión como un paso hacia una mayor seguridad y colaboración entre las instituciones, otros plantean interrogantes sobre el aumento de la presencia de las Fuerzas Armadas en sectores no tradicionalmente militares y su posible impacto en la democracia y el equilibrio de poderes.
Con esta decisión se pone de relieve la importancia de un debate informado y cuidadoso sobre los límites y alcances de la intervención militar en cuestiones no directamente relacionadas con la seguridad nacional y que estaban en manos de la operación civil.
