HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha dado un duro golpe legal que podría afectar, si no se echa para atrás, a la zona serrana del municipio de Coatepec, lo que afectaría en el futuro mediato la dotación de agua a miles de habitantes y los derechos de cientos de ejidatarios.
Ha dado por buena una falsa constancia de posesión de 2 mil hectáreas en el municipio de Coatepec, en la ladera del Parque Nacional Cofre de Perote, que legalizará invasiones, permitirá la paulatina desforestación de bosques que se consideran insustituibles y romperá el delicado equilibrio medioambiental en la región.
¿Por qué los funcionarios de la Sedatu lo han hecho de manera tan expedita, cuando estos procedimientos se llevan años para investigar, ir a campo, y contrastar si otros derechos son invocados?
Se me ocurren tres posibilidades: demostrada ineptitud e inexperiencia, falta de recursos para realizar la investigación o evidente corrupción de funcionarios; en esta última caben intereses económicos por posibles cohechos, o políticos, por el posible beneficio oficial a organizaciones campesinas afines.
Los señalamientos en el sentido de que esta decisión fue tomada para favorecer a una organización campesina se han fortalecido. El Movimiento Por la Defensa de la Sierra señala directamente a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) de haber invadido, desde enero de 2019, diversos lotes de la zona denominada Jinicuil Manso, al poniente de la mancha urbana.
Aunque han sido invitados a retirarse, todo 2019 estuvieron invadiendo diversos predios. Según el movimiento de defensa, “la CIOAC, que se había apersonado en la Sedatu con anterioridad, realizó una petición de adjudicación de tierras, presentando un documento donde las autoridades municipales de Coatepec reconocían al Sr. Francisco Ruiz como propietario de 2 mil hectáreas de terreno, quien estaba dispuesto a cederlas para el beneficio de la organización”.
La periodista Flavia Morales, de la agencia AVC, señala en un despacho enviado este domingo que la constancia dada por buena por los funcionarios de Sedatu ya ha sido identificada como falsa por la agente municipal de Tapachapan, quien ya ha interpuesto una denuncia en contra de quien resulte responsable.
Los afectados, por su parte, dicen que “es increíble que Sedatu haya aceptado esta constancia a nombre de Francisco Ruíz Hernández quien dice tener la posesión de 2 mil hectáreas de forma pacífica desde hace 40 años y alega que estos son terrenos nacionales”.
Gobierno federal busca beneficiar a la CIOAC
En febrero de 2020, el conflicto creció cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se emitió un “aviso de medición y deslinde” de las 2 mil hectáreas de terreno y se presumía la propiedad nacional de éstas.
“En la misma publicación se convocaba a los propietarios a presentarse, en menos de 30 días hábiles, con documentos certificados para avalar sus respectivas propiedades: solo algunos propietarios tuvieron noticia del requerimiento y se apersonaron en las oficinas de Sedatu para hacer valer sus derechos, sin embargo, muchos no tuvieron conocimiento del hecho y, por lo tanto, quedaron a la deriva de la decisión que determinara la secretaría”, señala Por la Defensa de la Sierra.
Y añade: “La Sedatu no comunicó a los convocados la causa del procedimiento de “medición y deslinde” por lo que nadie conocía el motivo real de su proceder, así algunos propietarios contrataron abogados para defender sus derechos”.
La superficie de 2 mil hectáreas se localiza en la cuenca Alta de la Antigua, en la ladera del Parque Nacional Cofre de Perote específicamente en la microcuenca Gavilanes, e incluye los predios “La Granada” y “La Corteadura”, con gran valor ambiental.
A pesar de la evidente ilegalidad de la solicitud de la CIOAC, la Sedatu no desistió de su intensión de “medir y deslindar” el área en cuestión, ignorando la resolución judicial e impuso su proceder bajo el argumento de que la secretaría tiene las facultades para hacerlo tales faenas, bajo petición o de oficio.
El movimiento señala: “La Sedatu comunicó de mala fe a los vecinos que relajaría las bases remitidas en el DOF para facilitar el proceso, omitiendo la caducidad del plazo de notificación y permitiendo, a quienes no respondieron al primer llamado, apersonarse durante las faenas para mostrar sus documentos. El argumento de la secretaría en este punto, dice, es dar certeza a la propiedad de más de 500 inmuebles de la parte alta de Coatepec, sin embargo, su proceder en nada limita las nuevas pretensiones que la CIOAC pueda realizar”.
Pero no solo está en juego la propiedad de los legítimos propietarios que están siendo víctimas de un gobierno federal que pasa por alto las leyes que debería preservar, sin que por cierto haya acompañamiento del gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez; ello afectará también un recurso básico para la población.
En riesgo, el agua para miles de veracruzanos
El agua que deriva de esa zona alta del municipio de Coatepec permite que la región cuente con este recurso cada vez más escaso en el país; de hecho, la comisión municipal de agua de Coatepec hace muchos años que agrega a sus recibos un cobro especial por concepto de bono ecológico: lo recaudado es invertido en las comunidades serranas para evitar que desforesten sus terrenos, hoy puestos a merced de invasores por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La página en internet Coatepec Contemporáneo señala que “la última vez que el estado pretendió interferir, erróneamente, en la zona ocurrió en 1985 cuando quiso entubar la totalidad del líquido del río Huehueyapan y ofrecer sus aguas a las grandes ciudades. En ese momento, Coatepec no permaneció impávido: la organización que abanderó el Lic. Jácome Roldan preservó este patrimonio que hoy gozamos y que nutre la tierra cafetalera de Coatepec y Xico”.
Así, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador organiza giras para ‘supervisar’ el avance de su programa estrella Sembrando Vida, sometiéndose al engaño de sus subalternos (como en Veracruz, donde habilitaron un vivero hechizo en Perote), la Sedatu está abriendo una peligrosa vía para el desmonte de la zona conocida como Sierra Alta, en un programa que bien podría denominarse Sembrando Muerte.
Paga Gobierno de Veracruz deuda de la Fiscalía con el IPE por 42.8 mdp
Mientras el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, convalece en un hospital privado del Puerto de Veracruz del contagio de Covid-19, que por cierto hizo saltar las alarmas no solo en su oficina sino también en el gabinete porque nunca se le vio con protección en reuniones, en Xalapa el gobernador Cuitláhuac García se apuntaba otro diez en materia de regularización financiera del gobierno veracruzano.
El jueves pasado atestiguó la firma de convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado entre la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), por 42 millones 816 mil 686 pesos en concepto de Aportaciones y Recargos de los ejercicios 2015, 2016 y 2017.
En presencia de José Luis Lima Franco, titular de la Sefiplan, además de las titulares de la Fiscalía y el IPE, Verónica Hernández y Daniela Griego, el mandatario fue partícipe del acuerdo que permitirá que 31 millones 92 mil 184 pesos de Aportaciones y 11 millones 724 mil 502 pesos de Recargos, que no fueron enterados por la FGE a Sefiplan por falta de recursos, sean cubiertos en beneficio de mil 799 trabajadores.
El mandatario recordó que desde la llegada de la nueva administración del IPE, su directora general, Daniela Griego Ceballos, se ha empeñado en recuperar más de 688 millones de pesos, a través de 36 convenios que favorecen al personal de dependencias y órganos autónomos que tenían un pasivo con el Instituto.
En dicho acuerdo, la titular de la FGE, Verónica Hernández Giadáns enterará puntualmente sobre las cuotas, aportaciones y, en su caso, retenciones por préstamos al IPE, garantizando el derecho a la seguridad social de los trabajadores, y adquiere la obligación de incorporar un sistema de registro, control y difusión de cuotas de los trabajadores y aportaciones patronales en la página web de la Fiscalía.
Polvo de gis
Cuitláhuac podría arrastrar a AMLO en 2021… Mientras Consulta Mitofsky observa una aprobación promedio del presidente Andrés Manuel López Obrador de 50.2% en la semana 86, que experimenta el mayor incremento en la aprobación al crecer 2 puntos porcentuales en una semana, la suerte del morenista Cuitláhuac García Jiménez no es precisamente positiva. La misma casa encuestadora señala que en el mes de junio solo el 28.9% de los encuestados aprueba su gobierno, frente a un 70.4% que está en desacuerdo. García Jiménez registró una baja en la aprobación, al pasar de 31.7% en mayo, a 28.9% en junio, al parecer por una equivocada gestión de la pandemia. De ahí que haya pasado del lugar 29 al 30 del ranking nacional de gobernadores, poniendo en entredicho las posibilidades de su partido en los comicios de 2021.
Frases sin disfraces
“Hay que tener cuidado al elegir a los enemigos porque uno termina pareciéndose a ellos”. Jorge Luis Borges
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