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04.12.2025 Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La minuta, enviada horas antes por la Cámara de Diputados, deriva de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal y busca regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, priorizando su consumo humano y doméstico frente a autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones.
La aprobación se dio en un proceso acelerado, lo que generó críticas de legisladores de oposición y organizaciones sociales que señalaron la falta de estudios técnicos, económicos y de consulta a comunidades indígenas, como lo mandata la Constitución. Aun así, la mayoría conformada por Morena y sus aliados logró avalar el dictamen en fast track.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, defendió la reforma al afirmar que “el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua”, y que se crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”. Según dijo, la legislación elimina la visión mercantilista del agua y la devuelve a su dueño legítimo: el pueblo de México.
Por parte del Partido Verde, la senadora Juanita Guerra Mena sostuvo que la reforma consolida una visión de Estado donde el agua deja de ser mercancía para asumirse como un bien social. “Hace que México avance hacia un modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que garantiza el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos”, expresó.
Desde el PT, la legisladora Lizeth Sánchez García destacó que la nueva ley reconoce y da personalidad jurídica a más de 70 mil comités de agua, otorgándoles derechos y obligaciones claras. Señaló que se protege el patrimonio de familias campesinas al facilitar la transmisión de derechos en herencias y compraventas, y que se define el uso agropecuario familiar para diferenciar pequeños productores de grandes agroindustriales.
Críticas y cuestionamientos
La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, advirtió que la reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral, al otorgar al Gobierno Federal la facultad de decidir discrecionalmente quién mantiene su concesión y quién la pierde. “Es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias”, dijo.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, señaló que el proyecto carece de estudios económicos y presupuestales, no incluye análisis de impacto financiero ni asegura inversión en infraestructura y vigilancia de sistemas de agua. Además, acusó que no se consultó a los pueblos originarios, por lo que “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, alertó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, generan más trámites e incertidumbre para el campo mexicano y concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras. “Crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político”, advirtió, al señalar que la reforma desincentiva la inversión y frena proyectos de tecnificación.
La minuta aprobada en lo general será discutida en lo particular, con la presentación de reservas de diversos grupos parlamentarios. De mantenerse la mayoría oficialista, se prevé que la reforma quede avalada en su totalidad y sea enviada al Ejecutivo para su promulgación.
El debate en torno a la Ley General de Aguas expone el choque de visiones; mientras el oficialismo sostiene que se trata de un avance en el reconocimiento del agua como derecho humano, la oposición advierte que el proceso legislativo fue apresurado y sin garantías de participación social, lo que anticipa nuevas controversias políticas y jurídicas en torno a su aplicación.
