*Senadoras y senadores petistas plantearon controles de identidad, capacitación con perspectiva de género.
*Foto: Notigram / La propuesta busca que empresas y autoridades establezcan medidas obligatorias de prevención, atención y preservación de evidencias, ante la falta de información sobre delitos sexuales cometidos durante viajes por aplicación.
03.09.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en el Senado pidió a los gobiernos de las 32 entidades federativas fortalecer la supervisión de las plataformas de transporte por aplicación y establecer protocolos obligatorios para prevenir y atender casos de violencia sexual contra mujeres durante viajes contratados mediante aplicaciones digitales.
La propuesta fue presentada por las senadoras Geovanna Bañuelos, Liz Sánchez, Yeidckol Polevnsky y Ana Karen Hernández, encabezadas por el senador Alberto Anaya Gutiérrez, quienes plantearon reforzar la coordinación entre autoridades de movilidad, seguridad pública, empresas de transporte y las instituciones encargadas de atender a víctimas.
El planteamiento busca que la seguridad de las mujeres durante viajes en plataformas digitales no dependa únicamente de las medidas que las propias usuarias pueden activar durante un recorrido.
Aunque aplicaciones como Uber, DiDi e InDrive cuentan con herramientas como seguimiento del viaje, información sobre quien conduce y botones de emergencia, el PT señaló que estos mecanismos no garantizan por sí mismos traslados seguros para las mujeres.
“La seguridad de las mujeres no debe depender únicamente de que ellas permanezcan en alerta durante todo el trayecto”.
¿Qué riesgos enfrentan las mujeres en viajes por aplicación?
El PT advirtió que las usuarias pueden enfrentar diferentes situaciones de riesgo durante los viajes contratados mediante plataformas digitales.
Entre ellas identificó cambios injustificados de ruta, detenciones no previstas, diferencias entre la identidad registrada y la persona que conduce, así como el uso de vehículos que no corresponden con los datos mostrados por la aplicación.
Ante estas situaciones, las y los senadores consideraron necesario fortalecer los mecanismos de prevención y establecer responsabilidades claras para las empresas y las autoridades.
La propuesta plantea que las plataformas realicen verificaciones periódicas de identidad y antecedentes de los conductores, además de comprobar que los vehículos utilizados correspondan con los datos registrados.
También propone implementar mecanismos para detectar comportamientos atípicos durante los recorridos.
Protocolos obligatorios ante violencia sexual
Uno de los principales planteamientos es establecer protocolos obligatorios de actuación ante posibles casos de violencia sexual contra mujeres durante viajes por aplicación.
Estos protocolos deberán definir las acciones que tendrán que realizar las plataformas desde el momento en que reciban un reporte, así como los procedimientos para:
- Preservar la información relacionada con el viaje.
- Dar aviso oportuno a las autoridades.
- Facilitar la ubicación precisa de la víctima.
- Establecer mecanismos de auxilio inmediato.
- Brindar acompañamiento a las víctimas.
El PT señaló que los botones de emergencia deben ser visibles, accesibles y funcionales. Consideró que esta herramienta resulta insuficiente si no existe una respuesta rápida, no permite compartir la ubicación precisa o no establece comunicación efectiva con las autoridades.
La iniciativa también propone capacitación con perspectiva de género para conductores y personal encargado de atender reportes, con el objetivo de evitar respuestas indiferentes, cuestionamientos revictimizantes o la minimización de las agresiones.
Además, plantea garantizar que las mujeres víctimas de violencia reciban información clara sobre las acciones que pueden emprender y las instituciones a las que pueden acudir, así como acceso a acompañamiento psicológico, médico y jurídico.
¿Cuántos delitos sexuales ocurren durante viajes por aplicación?
La propuesta del PT también advierte sobre la falta de información específica para conocer la dimensión de la violencia sexual contra mujeres en servicios de transporte por aplicación.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y mayo de 2026 se iniciaron 33 mil 993 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en las 32 entidades federativas.
El Estado de México concentró 4 mil 280 carpetas de investigación; Jalisco, 2 mil 492; Nuevo León, mil 923, y Puebla, mil 814.
Sin embargo, el documento señala que actualmente no existe información suficiente para determinar cuántos de estos delitos están relacionados específicamente con taxis o vehículos contratados mediante aplicaciones digitales.
Por ello, el PT propuso que el SESNSP, en coordinación con las fiscalías y procuradurías estatales, establezca criterios homologados para identificar, registrar y publicar periódicamente estadísticas sobre acoso, abuso sexual, violación y otras conductas violentas cometidas contra mujeres y niñas durante viajes contratados mediante plataformas digitales.
La información deberá generarse bajo criterios que garanticen la protección de los datos personales de las víctimas.
PT busca evitar que conductores denunciados cambien de plataforma
Otro de los puntos centrales de la propuesta es evitar que conductores suspendidos o denunciados por posibles delitos puedan migrar de una plataforma a otra y continuar prestando el servicio sin que exista una alerta preventiva.
Las y los senadores señalaron que la falta de comunicación entre empresas puede permitir que personas denunciadas por hechos posiblemente constitutivos de delito pasen de una aplicación a otra sin que existan mecanismos para advertir a la nueva plataforma o evaluar el riesgo.
El planteamiento busca generar mecanismos de coordinación que permitan prevenir estas situaciones, sin vulnerar los derechos de las personas involucradas ni los datos personales.
Para el Partido del Trabajo, garantizar viajes seguros para las mujeres requiere una responsabilidad compartida entre autoridades, empresas e instituciones de atención a víctimas.
La propuesta sostiene que la prevención de la violencia no puede trasladarse exclusivamente a las usuarias mediante recomendaciones para mantenerse alerta durante sus recorridos.
“No queremos usuarias obligadas a vivir en alerta, sino autoridades coordinadas, plataformas responsables y mecanismos eficaces que prevengan la violencia, atiendan dignamente a las víctimas y garanticen justicia”, enfatizaron las y los senadores.