*
25.09.2024. Ciudad de Mexico.- El senador Luis Donaldo Colosio Riojas recordó los casos en los que militares han actuado con letalidad contra la población civil advirtiendo que “No se tratan de eventos aislados”.
En su participación para fijar postura en el debate legislativo contra la reforma de AMLO para pasar a Guardia Nacional a la Sedena, evocó el último hecho.
En la víspera en Culiacán cuando balearon a un joven abogado por proteger a su familia y luego pretendieron criminalizar señalando que era su ario.
Igual que en el caso de los cinco jóvenes acribillados en Nuevo Laredo.
Recordó el lamentable asesinato de una niña de 5 años en 2022 cuando balearon el auto de una familia.
Intervención del Sen. Luis Donaldo Colosio, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, para pronunciarse a favor de la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. 24 de septiembre de 2024.
El reconocimiento de los derechos de las personas indígenas y de los pueblos originarios es una deuda pendiente del Estado mexicano. Desde hace más de tres décadas, derivado de los Acuerdos de San Andrés, el Gobierno Federal se comprometió a atender las demandas de estas comunidades y reconocer plenamente sus exigencias, pero desde entonces solamente se han regateado los derechos de las comunidades indígenas, solamente se han limitado los alcances jurídicos de las reformas.
El reconocimiento de los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, así como el respeto y garantía a la libre determinación y a la autonomía, incluso sobre sus tierras y territorios, son asignaturas pendientes.
Los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas de nuestro país son un baluarte social, cultural e histórico para México. Y, sin embargo, hoy en México ser joven y ser indígena significa vivir en desventaja. Por eso la reforma que se plantea el día de hoy, no solo es necesaria, es un ejercicio urgente de justicia, y las deudas históricas de la nación se les debe encarar de frente para corregirlas.
No se trata de negar los indiscutibles avances que han habido en la materia, como la reforma constitucional de 1992 que reconoció la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada precisamente en los pueblos indígenas o la reforma del 2001 al artículo 2° de nuestra Carta Magna que plantea cierta autonomía en las formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Pero tampoco se trata de maximizar los limitados avances de las reformas constitucionales previas, que poco han hecho para transformar la vida de las comunidades, erradicar las condiciones de pobreza y construir una relación horizontal con ellas desde la autonomía.
Esta reforma resalta la importancia de las comunidades indígenas, al tiempo en que también trunca una injusticia histórica de invisibilización de nuestras comunidades afromexicanas, además de reconocerles como sujetos de derecho público en la Constitución; y eso no es algo que se debe escatimar.
Desde que fue presentada esta propuesta de reforma el 5 de febrero, las alianzas de los pueblos indígenas exigieron su pronta aprobación en las Cámaras y sostuvieron que “es un paso en sentido correcto para resarcir una deuda histórica con las comunidades que, desde la colonia, padecen el despojo… por parte del propio gobierno, así como de empresas y del crimen organizado”.
El día de hoy, compañeras y compañeros, no podemos cometer el error de darles la espalda, sino por el contrario, es momento de sumarnos a la lucha que desde hace décadas han librado nuestros pueblos originarios para demostrar que los derechos humanos se exigen, no se mendigan.
El derecho a la autodeterminación, una participación política activa, la protección y tutela de tierras y territorios, así como la salvaguarda de lenguas y culturas. Derechos todos necesarios para garantizarles plenitud de voz y decisión en las determinaciones que impactan su desarrollo económico, social y cultural para poder tener acceso pleno al ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. Un piso parejo en un escenario históricamente disparejo.
No se trata de concesiones ni tampoco de buena voluntad, sino de lo que el Estado mexicano está obligado a proveer para toda su gente, de legislar con una perspectiva de derechos humanos y derechos colectivos con el orgullo de lo que representan para cada mexicana y mexicano las raíces de todos nuestros pueblos.
Y, sin embargo, hay que reconocer que este es simplemente un paso más en la consolidación de la inclusión total de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas, puesto que hay aún muchas asignaturas pendientes si queremos realmente ejercer justicia plena: derechos de educación, derechos de salud, derechos de representación política, derechos de territorio y recursos naturales. Todos son conceptos que deberemos continuar reforzando de la mano del Poder Ejecutivo y de todo el pueblo de México puesto que la justicia social, compañeras y compañeros, es un ejercicio de construcción diaria y de responsabilidad compartida.
En Movimiento Ciudadano refrendamos nuestro apoyo y solidaridad total con nuestras hermanas comunidades indígenas y pueblos afromexicanos, manifestando con mucho gusto y orgullo que, cuando se trate de reconocer derechos y corregir males históricos en México siempre podrán contar con nosotros.
Por lo tanto, compañeras y compañeros, no solo les invitamos a votar a favor de este dictamen, sino también les invitamos a no soltar el tema, a no soltar a nuestras comunidades, a no soltar nunca la obligada labor de justicia que el pueblo de México nos exige y nos reclama.
¡Larga vida a nuestros pueblos afromexicanos y comunidades indígenas!
A’ho metakiase.
Gracias, Presidente.
Nada valió, la mayoría de Morena y aliados en el Senado, con el voto del veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez,
militarizaron la guardia nacional.
