* El crimen que estremeció a Veracruz.
11.09.2025 Cosoleacaque, Ver. — A cuatro años y medio del crimen que sacudió al sur de Veracruz, un tribunal del Distrito Judicial de Coatzacoalcos dictó sentencia contra cinco personas implicadas en el asesinato de la exalcaldesa Gladys Merlín Castro y su hija Carla Enríquez Merlín, ocurrido el 15 de febrero de 2021. Las condenas van de los **45 a los 55 años de prisión**, en lo que representa uno de los fallos más contundentes en materia de feminicidio en la entidad.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), el juicio oral 53/2024 concluyó con la sentencia condenatoria de 55 años para Isabel “N”, Víctor “N”, Marcos de Jesús “N” y Marco Antonio “N”, por el delito de feminicidio. En tanto, Luis Alberto “N” fue sentenciado a 45 años de prisión por homicidio doloso calificado. Todos los sentenciados perdieron sus derechos civiles y políticos.
El crimen que estremeció a Veracruz
La madrugada del 15 de febrero de 2021, Gladys Merlín y su hija Carla fueron asesinadas dentro de su domicilio ubicado en la calle Correos del Barrio Primero, en Cosoleacaque. El ataque fue perpetrado por personas cercanas a su entorno: dos de los agresores eran escoltas personales de Carla, y otros dos pertenecían al equipo de seguridad familiar. Las investigaciones apuntan a un intento de robo que derivó en una ejecución violenta, aunque el móvil no fue detallado públicamente por la Fiscalía.
El caso generó indignación nacional y se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad que enfrentan las mujeres, incluso aquellas con trayectoria política. Gladys Merlín había sido diputada local y presidenta municipal, mientras que Carla Enríquez comenzaba a consolidar su carrera pública.
Ambas mujeres, con trayectoria y aspiraciones políticas, fueron víctimas de un entorno que sigue siendo hostil para las mujeres en espacios de poder. Su caso permanece como una herida abierta en la memoria colectiva, y su legado exige una respuesta institucional que vaya más allá del castigo penal.
Investigación y proceso judicial
La Policía Ministerial logró la detención de los implicados en las semanas posteriores al crimen. Entre ellos se encontraban elementos activos del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), quienes presuntamente facilitaron el acceso a la vivienda para consumar el ataque.
Durante el proceso judicial, se documentó el robo de más de tres millones de pesos en joyería y relojes, lo que reforzó la hipótesis de un crimen premeditado con fines económicos. Sin embargo, el silencio institucional sobre las motivaciones reales ha dejado vacíos narrativos que siguen alimentando el reclamo social por una justicia integral.
Con esta resolución, el Poder Judicial de Veracruz cierra uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la impunidad en feminicidios. No obstante, organizaciones feministas y familiares de las víctimas han insistido en que la justicia no termina con la sentencia, sino con el esclarecimiento total de los hechos y la reparación del daño.
Revictimización
La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que Gladys Merlín Castro y Carla Enríquez Merlín fueron víctimas de revictimización tras el feminicidio, debido a la filtración y difusión de fotografías de sus cuerpos, tomadas en la escena del crimen.
Según reportes oficiales la fiscal Verónica Hernández Giadáns informó en febrero de 2021 que se abrió una carpeta de investigación para sancionar a quienes difundieron las imágenes, reconociendo que este acto constituye un delito tipificado en el artículo 298 del Código Penal del Estado de Veracruz. Nunca hubo un detenido.
¿Qué dice la ley?
El artículo 298 establece que será sancionado quien:
– Fotografíe, videograbe o difunda imágenes de cadáveres o restos humanos bajo resguardo institucional.
– Si el responsable es servidor público, la pena se agrava en una tercera parte.
Aunque la Fiscalía negó que los policías ministeriales a cargo del caso fueran responsables directos, reconoció que la difusión de las imágenes revictimizó a las víctimas y sus familias, y comprometió el respeto al debido proceso.
Este componente del caso refuerza la exigencia de justicia integral, no solo penal, sino también en términos de dignidad, memoria y reparación.
Herida abierta
El doble feminicidio de Gladys y Carla permanece como una herida abierta en la memoria colectiva, y su resolución judicial marca un precedente en la exigencia de justicia para las mujeres víctimas de violencia en contextos de poder.
Gladys Merlín Castro fue una figura política reconocida en el sur de Veracruz. Se desempeñó como diputada local y presidenta municipal de Cosoleacaque, donde consolidó una carrera marcada por el trabajo comunitario y la gestión pública.
Su liderazgo político la convirtió en referente regional, estatal y federal, especialmente en un contexto donde la participación femenina en cargos de elección popular sigue enfrentando obstáculos estructurales.
Su hija, Carla Enríquez Merlín, comenzaba a abrirse paso en la vida pública. Aunque aún no ocupaba cargos formales, era considerada una promesa política en la región, con vínculos activos en estructuras partidistas y sociales.
