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/ Lizeth Ríos* /
05.12.2025.- En México, el asilo debería ser sinónimo de protección y humanidad. Sin embargo, para las mujeres haitianas que huyen de la violencia, la pobreza y los desastres naturales que arrasan su país, el tránsito y la llegada a territorio mexicano representan un nuevo umbral de exclusión. El exilio no solo las obliga a cruzar una frontera geográfica, también las enfrenta con múltiples fronteras simbólicas -de raza, género y clase- que condicionan el acceso a sus derechos más básicos.
El sistema de asilo mexicano, aunque cobijado por los estándares internacionales de protección, opera dentro de una estructura social profundamente atravesada por el racismo y el sexismo. Las mujeres haitianas, racializadas y provenientes de un país históricamente empobrecido, enfrentan una discriminación interseccional. Su color de piel las vuelve objeto de vigilancia constante, su nacionalidad las asocia, injustamente, con estereotipos de irregularidad migratoria, y su condición de género las expone a violencias específicas, tanto en el tránsito como en los países de destino, e incluso al acudira a las instituciones que deberían protegerlas.
El racismo institucional no siempre se expresa en palabras. A veces se disfraza de exceso de trámites, de citas pospuestas o de expedientes extraviados; se manifiesta también en la ausencia de intérpretes y en la falta de información en criollo haitiano. En México, la espera se ha convertido en un dispositivo de control: mientras más se tarda el procedimiento, más se desgasta la esperanza. Miles de personas solicitantes de asilo viven atrapadas en una especie de limbo administrativo: sin documentos, sin trabajo, sin escuela para sus hijas e hijos, sin posibilidad de salir de la ciudad. En ese contexto, las mujeres haitianas enfrentan además diversas formas de violencia y discriminación, así como una doble carga para sostener la vida en la precariedad.
El caso de una mujer haitiana reconocida como refugiada y madre de un niño mexicano ilustra con crudeza esta exclusión. Al acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar el pasaporte de su hijo, fue objeto de burlas y maltrato. No hablaba español, y nunca se le ofreció un intérprete ni se le explicó el procedimiento. Cuando una acompañante de nuestra clínica jurídica intentó intervenir, un funcionario le dijo con sarcasmo: “¿Qué, ya se te olvidó el español?”. Esa frase encierra toda una estructura de poder. Negar el idioma es negar humanidad. Convertir la diferencia lingüística en motivo de burla es una forma de violencia racista. Una manera de recordarle a la mujer racializada, migrante y pobre que está fuera de lugar, incluso cuando busca ejercer el derecho de su hijo mexicano.
Otro testimonio revela otra cara del mismo sistema. Una mujer haitiana solicitante de asilo lleva más de un año esperando ser entrevistada por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Le dicen que no hay intérpretes. Su español es limitado, pero suficiente para entender el mensaje de fondo: su proceso no avanza porque el Estado no la considera una prioridad. Cansada de esperar, acudió al Instituto Nacional de Migración para tramitar una regularización migratoria por razones humanitarias -a la que tiene derecho como solicitante de asilo-, pero los agentes migratorios se negaron a recibir sus documentos: “hasta que te reconozcan como refugiada”, le dijeron. Esa negativa no solo es falsa, es cruel. Condena a una mujer a la irregularidad y la invisibilidad por una omisión institucional.
Estos casos no son excepciones. Son síntomas de un sistema que reproduce desigualdades históricas, donde ser mujer, afrodescendiente y migrante se convierte en una triple condena.
El desafío es urgente. México necesita un sistema de asilo que reconozca que el racismo y el sexismo no son accidentes administrativos, sino estructuras que deben desmantelarse. Un sistema que entienda que las mujeres haitianas no son “menos”, sino sujetas de derechos, portadoras de historias de resistencia y esperanza. Eso implica garantizar intérpretes, capacitar a funcionarios contra el racismo estructural, crear refugios dignos y culturalmente pertinentes, y asegurar que ningún procedimiento administrativo dependa del color de piel o del idioma de una persona.
Buscar asilo no debería ser una condena, sino una forma de protección. Pero para muchas mujeres haitianas en México, la frontera no termina en el río Suchiate, continúa en cada oficina, en cada ventanilla, en cada mirada que las deshumaniza. En sus historias, México se mira al espejo y se enfrenta a su propia deuda con la igualdad y el racismo.
Cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las autoridades se eufanan de los avances para garantizarles a las mujeres una vida libre de violencia. Pero sus discursos son huecos frente a la realidad: 10 mujeres son asesinadas diariamente. Mientras que las mujeres en contexto de movilidad y con necesidad de protección internacional quedan invisibilizadas y poco se hace para garantizarles una protección efectiva.
*Abogada de asilo, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
