La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) protagonizó un hecho histórico al celebrar por primera vez en más de dos siglos de existencia una sesión extraordinaria fuera de sus sedes tradicionales.
El Pleno se trasladó al municipio de Tenejapa, en los Altos de Chiapas, donde ministras y ministros sesionaron en la explanada de la Casa de la Cultura ante más de dos mil personas de comunidades tsotsiles y tseltales.
La jornada fue marcada por un gesto simbólico: las y los integrantes del máximo tribunal portaron trajes autóctonos de la región, en señal de respeto y reconocimiento a las culturas originarias.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz definió el encuentro como “el nuevo rostro de la justicia”, subrayando que la itinerancia busca acercar las decisiones judiciales a la ciudadanía y romper la distancia que suele existir entre las resoluciones del tribunal y las comunidades que las reciben.
La sesión extraordinaria tuvo como primer asunto el amparo en revisión 344/2025, promovido por la comunidad tsotsil de La Candelaria, que exigía hacer operativo su derecho al autogobierno. Por unanimidad, la Corte ordenó al Congreso de Chiapas legislar para garantizar este derecho, marcando un precedente en la defensa de la libre determinación de los pueblos indígenas.
El contexto de esta decisión se inscribe en una nueva etapa de la SCJN, que busca fortalecer la legitimidad de sus resoluciones mediante la cercanía territorial. La itinerancia, propuesta por la actual integración del tribunal, pretende que las comunidades puedan observar directamente cómo se discuten y resuelven los asuntos, generando transparencia y confianza en la labor judicial.
Además, la elección de Tenejapa no fue casual: se trata de un municipio con fuerte presencia indígena, donde las demandas de autonomía y reconocimiento cultural han sido constantes.
La sesión extraordinaria en Chiapas representa un parteaguas en la historia judicial del país. No solo por la novedad de trasladar al Pleno fuera de la capital, sino porque el acto estuvo acompañado de un reconocimiento explícito a las comunidades originarias, tanto en lo simbólico como en lo jurídico.
El uso de trajes tradicionales por parte de las ministras y ministros reforzó la idea de que la justicia debe dialogar con la diversidad cultural de México, mientras que la resolución sobre el autogobierno indígena dio contenido concreto a ese gesto.
