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10.04.2026 Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la reciente reforma electoral acotada, identificada públicamente como “Plan B”, representa un paso importante hacia la austeridad institucional y la consolidación de un sistema electoral “más eficiente y cercano a la ciudadanía”, tras su aprobación en el Congreso de la Unión.
Durante su posicionamiento, la mandataria subrayó que uno de los principales logros de la reforma es la reducción de costos operativos en el aparato electoral, particularmente en el Instituto Nacional Electoral. “Durante años se construyó una estructura electoral muy costosa. Lo que estamos haciendo ahora es ajustar sin vulnerar la democracia”, señaló.
El llamado “Plan B” surgió luego de que una reforma constitucional más amplia no alcanzara la mayoría calificada en el Poder Legislativo. En su lugar, se impulsaron cambios a leyes secundarias, lo que permitió su aprobación por mayoría simple. Entre los puntos centrales se encuentran la reestructuración administrativa del INE, modificaciones en los procesos de fiscalización y ajustes en la operación del Servicio Profesional Electoral.
Sheinbaum defendió que estos cambios no afectan la autonomía del organismo electoral. “Se ha querido instalar la idea de que se pone en riesgo la democracia, pero es falso. El INE sigue siendo autónomo, sigue organizando elecciones libres. Lo que cambia es que ahora tiene que hacerlo con mayor eficiencia”, sostuvo.
La presidenta también destacó que la reforma busca eliminar duplicidades dentro de la estructura electoral. “Había áreas que realizaban funciones similares. No se trata de debilitar, sino de ordenar y hacer más funcional el sistema”, explicó. En ese sentido, insistió en que el ahorro generado podrá destinarse a programas sociales.
El debate en torno al “Plan B” ha sido intenso. Sectores de oposición, así como consejeros del propio INE, han advertido sobre posibles riesgos en la organización de elecciones y en la capacidad operativa del instituto. Sin embargo, Sheinbaum rechazó estas críticas. “Es parte del debate democrático. Pero hay que decirlo con claridad: no hay ningún retroceso en derechos políticos ni en garantías electorales”, afirmó.
Asimismo, la mandataria enmarcó la reforma dentro de un proceso más amplio de transformación institucional iniciado en administraciones anteriores. “Estamos dando continuidad a un proyecto que busca erradicar los excesos del pasado y fortalecer la vida pública del país”, dijo.
Entre otros aspectos, la reforma contempla ajustes en la comunicación política y en la regulación de propaganda, así como cambios en los procedimientos sancionadores. Especialistas han señalado que algunos de estos puntos podrían ser objeto de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a impugnaciones promovidas por actores políticos y organizaciones civiles.
Al respecto, Sheinbaum aseguró que su gobierno respetará cualquier resolución judicial. “Vivimos en un Estado de derecho. Si la Corte determina algo, se acatará. Pero estamos convencidos de que la reforma es constitucional”, expresó.
Finalmente, la presidenta reiteró que el objetivo central del “Plan B” es fortalecer la democracia mexicana desde una perspectiva de austeridad y eficacia. “No se puede hablar de democracia si se sostiene sobre estructuras excesivamente costosas. La democracia también debe ser austera y responsable con los recursos públicos”, concluyó.
La implementación de la reforma se dará de manera progresiva y será puesta a prueba en los próximos procesos electorales, en medio de un clima político que anticipa nuevos debates sobre el rumbo del sistema democrático en México.
