*Evita pronunciarse sobre nuevos procesos.
12.11.2025. Ciudad de México.-La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó esta mañana del 12 de noviembre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Al ser cuestionada sobre la situación jurídica del exmandatario priista, Sheinbaum confirmó que Duarte está próximo a cumplir su sentencia, pero evitó pronunciarse sobre la existencia de otros procesos penales en su contra.
En respuesta a preguntas de la prensa, la presidenta señaló que Duarte “está por concluir su condena”, en referencia a la sentencia de nueve años que cumple por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
La audiencia para definir su posible liberación anticipada fue reprogramada para el próximo 19 de noviembre, según información oficial.
Sheinbaum se mostró cautelosa al hablar del caso, indicando que no tiene conocimiento de si existen otros procesos abiertos contra el exgobernador. “No me corresponde a mí determinar si hay otras causas pendientes. Eso le toca a la Fiscalía y al Poder Judicial”, afirmó.
La mandataria evitó emitir juicios políticos o éticos sobre la figura de Duarte, aunque reconoció que “más allá de la sanción penal, hay una sanción moral que la sociedad ya ha dictado”.
Javier Duarte fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México, donde fue sentenciado por delitos relacionados con corrupción durante su gestión como gobernador de Veracruz entre 2010 y 2016.
Su caso se convirtió en uno de los símbolos del desvío de recursos públicos y el abuso de poder en gobiernos estatales priistas, generando una fuerte reacción social y política.
La postura de Sheinbaum contrasta con la narrativa de combate frontal a la corrupción que ha caracterizado su administración. Sin embargo, en esta ocasión optó por una respuesta institucional, centrada en el respeto a los tiempos judiciales y en deslindarse de cualquier intervención directa en el proceso.
El posible regreso de Duarte a la vida pública, aunque aún incierto, ha reactivado el debate sobre la rendición de cuentas y la reincorporación de figuras vinculadas a escándalos de corrupción.
Diversos actores políticos han manifestado su preocupación por lo que consideran señales de impunidad, mientras que otros insisten en que debe respetarse el debido proceso.
La presidenta concluyó su intervención reiterando que su gobierno no interfiere en decisiones judiciales y que confía en que las instituciones actúen conforme a derecho. “La justicia debe ser imparcial, sin presiones ni privilegios”, dijo.
