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04.08.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la decisión de incorporar un sello visible del Gobierno de México en los medicamentos adquiridos con recursos públicos y destinados al sector salud, al sostener que la medida busca dificultar el robo, desvío y posterior comercialización ilegal de productos que deben entregarse gratuitamente a la población.
El tema ha cobrado relevancia debido a los nuevos requisitos establecidos para la compra consolidada de medicamentos correspondiente a 2027 y 2028. Las bases de adquisición contemplan que determinados productos incorporen elementos como la leyenda “Gobierno de México”, el Escudo Nacional y mensajes que identifiquen los medicamentos como pertenecientes al sector público. La industria farmacéutica ha advertido que adaptar los procesos de producción y etiquetado podría representar un costo cercano a 10 mil millones de pesos.
Sheinbaum explicó que la intención no es colocar una marca política sobre los medicamentos, sino hacer evidente desde el momento de su fabricación que se trata de productos comprados con dinero público y que no pueden comercializarse.
“El objetivo que tiene que venir ya impreso en la caja de medicamentos es que no haya robo del medicamento y se venda después en otra farmacia”, explicó la Presidenta durante su conferencia del 2 de junio.
La mandataria describió el mecanismo que, según su explicación, se busca evitar. Actualmente, dijo, algunos medicamentos que llegan a hospitales y centros de salud cuentan con una calcomanía o una leyenda que identifica su carácter gratuito, pero ésta puede retirarse.
“Hoy tienen una calcomanía, una —¿cómo se dice?— un sticker, una calcomanía, que se pone, o tienen a veces un impreso”, señaló.
A partir de ahí, planteó el riesgo de que medicamentos destinados a pacientes del sistema público sean sustraídos y posteriormente colocados en establecimientos privados.
“Entonces, se presta —lo hemos visto— a que una persona tome los medicamentos que llegan a un Centro de Salud o a un hospital, y tenga un acuerdo con la farmacia de enfrente y se los lleve”, afirmó.
La Presidenta agregó que, en esos casos, la identificación actual puede retirarse y el producto termina comercializándose pese a que fue adquirido con recursos públicos.
“Entonces, le quitan la calcomanía y los venden a no sé cuánto, cuando en realidad fueron comprados por el gobierno, o bueno, fueron comprados por el Estado mexicano, por la gente, con el dinero del pueblo, y alguien privado se beneficia”, sostuvo.
Por ello, la instrucción es que la identificación forme parte del propio empaque y no dependa exclusivamente de una etiqueta que pueda desprenderse.
“Entonces, el objetivo es que ya venga impreso: ‘este medicamento es gratuito y pertenece al Sector Salud’, con un sello especial. Entonces, ese es el objetivo”, explicó.
La Presidenta volvió a abordar el asunto el 16 de junio, cuando un reportero le preguntó específicamente por el sello y por la posibilidad de utilizarlo como herramienta contra la venta ilegal.
“Sí, esa es la idea, que tenga un sello más grande pues permite que no haya… que sea reconocido el medicamento y que no haya esta venta ilegal”, respondió.
Cuando se le preguntó cuál sería el diseño, Sheinbaum fue concreta: “Gobierno de México”, va a tener un sello del Gobierno de México”.
El contexto del anuncio es un problema más amplio de comercialización irregular de medicamentos. En esa misma conferencia de junio, la Presidenta reconoció que existe venta de medicamentos en establecimientos y plataformas donde no deberían comercializarse y señaló que corresponde a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, atender una parte de esa problemática.
“Esta situación de que se puedan vender, o sea, que haya venta de medicamentos en lugares donde no debe haber venta de medicamentos, lo atiende la Cofepris”, dijo.
También distinguió entre la venta irregular de medicamentos en el mercado y el desvío de productos que fueron adquiridos específicamente por el gobierno.
“Y otra parte que sí se ha controlado mucho es el tema de la salida de medicamentos comprados por el gobierno por alguna corrupción que hay en el Centro de Salud o en el hospital, y que se entregan a farmacias que están fuera del sector”, afirmó.
La declaración resulta relevante porque el propio Gobierno federal ha vinculado el nuevo sistema de identificación con una estrategia más amplia para controlar la cadena de suministro de medicamentos públicos, desde su adquisición hasta su llegada a los centros de salud.
No se trata únicamente de una decisión gráfica. En las bases de la compra consolidada se establecieron nuevos requisitos de etiquetado. De acuerdo con información publicada sobre el proceso, los empaques deberán incorporar referencias como “Gobierno de México”, el Escudo Nacional, “la salud es un derecho” y “uso exclusivo del sector público”. También se han referido leyendas como “medicamento gratuito” y “prohibida su venta”.
La dimensión de la operación explica parte de la controversia. La compra consolidada para 2027 y 2028 contempla alrededor de 3 mil 600 millones de piezas de medicamentos, de acuerdo con representantes de la industria. Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma, señaló que los cambios en los procesos de fabricación y etiquetado podrían representar alrededor de 10 mil millones de pesos.
El cálculo no significa que el Gobierno federal haya anunciado un pago de 10 mil millones de pesos exclusivamente por imprimir el sello. Se trata de una estimación de la industria sobre los costos adicionales que implicaría modificar líneas de producción, adquirir equipo, incorporar etiquetas y realizar otros ajustes para cumplir con las nuevas especificaciones.
Gual Cosío explicó que el problema para los fabricantes va más allá de pegar una etiqueta en una caja. Los proveedores tendrían que modificar procesos industriales y adquirir maquinaria para incorporar los nuevos elementos a las líneas de producción.
La dimensión de la compra también debe colocarse dentro de la estrategia de adquisiciones del Gobierno federal. Desde marzo, Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, informó que el país se encontraba trabajando de manera anticipada en la compra correspondiente a 2027 y 2028.
En aquella ocasión explicó que se habían identificado 3 mil 352 tipos de medicamentos, equivalentes a 4 mil 826 millones de piezas que ya habían sido adquiridas y se encontraban en proceso de distribución para las necesidades del sector salud.
El Gobierno también ha modificado el modelo de selección de medicamentos. En marzo, las autoridades sanitarias explicaron que se había trabajado en la reducción y racionalización del número de claves mediante protocolos de atención y criterios médicos. La Secretaría de Salud señaló que 21 por ciento de los medicamentos utilizados en atención primaria podía ser sustituido por alternativas consideradas más eficaces.
La administración de Sheinbaum ha presentado estos cambios como parte de una reorganización integral de la compra pública, con el objetivo de evitar adquisiciones fragmentadas y mejorar la distribución.
La Presidenta también ha defendido los avances en el suministro. El 31 de marzo, el Gobierno federal informó que el promedio de abasto en IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE superaba 97 por ciento y que el objetivo era alcanzar 100 por ciento.
En este escenario, el sello adquiere una segunda función: facilitar la identificación de los productos que pertenecen al sistema público y hacer más difícil que sean confundidos con mercancía adquirida por particulares.
La propia Sheinbaum ha explicado que el problema no se limita a medicamentos robados de hospitales. En junio se le preguntó por la presencia de medicamentos ilegales en tianguis y plataformas digitales, ante lo cual señaló que Cofepris debía intervenir.
La Presidenta también recordó que existe un mecanismo para que las personas puedan comprobar si un medicamento cuenta con autorización sanitaria. En junio informó que el Gobierno puso a disposición un Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos, mediante el cual se puede consultar si un producto está autorizado, buscarlo por nombre, sustancia activa o fabricante.
El Gobierno pretende así combinar varias herramientas: identificación física de los medicamentos públicos, controles en la cadena de suministro, vigilancia sanitaria y mecanismos digitales para verificar registros.
La polémica, sin embargo, se concentra ahora en el costo y en la pertinencia del nuevo requisito. Mientras la administración federal sostiene que un sello más visible puede ayudar a inhibir el robo y la reventa, la industria advierte que la modificación de los procesos productivos tendrá un impacto económico considerable.
En las bases de la contratación consolidada también se establece que el proceso está dirigido a garantizar medicamentos e insumos para los ejercicios fiscales 2027 y 2028. Los lineamientos oficiales publicados en el Diario Oficial de la Federación señalan que la planeación de la compra busca garantizar las mejores condiciones para el Estado en precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
Por ello, el debate no se limita al diseño del empaque. En el fondo está la pregunta de cuánto costará implementar el nuevo sistema y si ese gasto se traducirá efectivamente en una reducción de las pérdidas por robo y desvío.
Sheinbaum ha dejado clara su posición: el dinero público destinado a medicamentos debe traducirse en tratamientos para la población y no en mercancía que termine en farmacias privadas.
“Este medicamento es gratuito y pertenece al Sector Salud”, es precisamente la idea que la Presidenta quiere que quede visible en cada empaque.
El reto será comprobar que el nuevo mecanismo tenga resultados medibles. Si el sello consigue dificultar el desvío y permite identificar rápidamente medicamentos públicos en el mercado ilegal, el Gobierno podrá argumentar que el gasto asociado al cambio cumplió una función sanitaria y de control. Si no reduce el robo o la reventa, permanecerá abierta la discusión sobre si modificar millones de empaques fue suficiente frente a un problema que también requiere vigilancia, trazabilidad, investigación y sanciones.
Lo que sí está confirmado es que la medida forma parte de la próxima compra consolidada y que el Gobierno federal pretende que los medicamentos destinados al sector público puedan reconocerse a simple vista.
Para Sheinbaum, esa identificación no es propaganda, sino un mecanismo de protección de un bien que, por haber sido adquirido con recursos públicos, debe llegar gratuitamente a quienes lo necesitan.