*
24.03.2026 Ciudad de Mexico.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la posibilidad de conceder un indulto a Mario Aburto Martínez, responsable confeso del asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, al considerar que se trata de un tema de Estado y no de una decisión discrecional del Ejecutivo.
La postura de la mandataria surge luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas solicitara públicamente el indulto para el homicida de su padre, en el marco del 32 aniversario del magnicidio ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, uno de los episodios más impactantes de la historia política contemporánea de México.
Durante entrevistas recientes, Colosio Riojas planteó que el caso debe cerrarse de manera definitiva y dejar de ser utilizado con fines políticos.
“Lo único que he pedido… es que ya dejen de manosear más el caso”, expresó, al insistir en que el país necesita avanzar hacia una etapa de reconciliación.
El legislador incluso propuso una salida concreta: otorgar el indulto, permitir que Aburto abandone el país y dar un “carpetazo” al expediente, bajo el argumento de que continuar con el caso después de más de tres décadas resulta innecesario y políticamente desgastante.
Sin embargo, la presidenta Sheinbaum respondió con firmeza al planteamiento.
“Es un asunto de Estado, no es asunto de indulto de una presidenta”, declaró, marcando distancia frente a la posibilidad de utilizar la facultad constitucional de gracia en este caso.
Claudia, dejó claro que el expediente del asesinato de Colosio trasciende el ámbito personal o político y se inscribe en la esfera de la responsabilidad institucional del Estado mexicano.
El caso Colosio sigue siendo uno de los más controvertidos en la vida pública del país. Aunque la versión oficial sostiene que Mario Aburto Martínez actuó en solitario, y él mismo ha confesado en múltiples ocasiones haber disparado contra el candidato, a lo largo de los años han persistido dudas, teorías de conspiración y nuevas líneas de investigación.
De hecho, en años recientes el caso ha sido reabierto en distintos momentos por la Fiscalía General de la República, incluyendo la exploración de la hipótesis de un segundo tirador, lo que ha reavivado el debate político y social en torno al magnicidio.
En el plano jurídico, el indulto es una facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo federal, prevista en la Constitución mexicana. No obstante, especialistas coinciden en que su aplicación en un caso de esta magnitud implica no solo consideraciones legales, sino también políticas e históricas, debido al impacto que tuvo el asesinato en la estabilidad del país.
Además, el proceso judicial de Aburto ha estado marcado por controversias.
Fue condenado a 45 años de prisión, aunque su defensa ha promovido recursos legales para reducir la pena, argumentando irregularidades en el juicio. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intervenido para revisar aspectos del caso y ordenar la reposición de procedimientos, lo que evidencia que el expediente sigue abierto en términos legales e institucionales.
La negativa de Sheinbaum a conceder el indulto refuerza la postura de que el caso Colosio no puede resolverse únicamente mediante una decisión política individual, sino que requiere un tratamiento de Estado, en el que intervienen el sistema judicial, las víctimas y la memoria histórica del país.
Así, mientras el hijo del excandidato asesinado apuesta por el cierre definitivo del caso en nombre de la reconciliación, el gobierno federal sostiene que el magnicidio sigue siendo un asunto de interés público nacional, cuya resolución no puede reducirse a un acto de perdón presidencial.
