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21.05.2026 Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno mexicano no tiene bases jurídicas para mantener bajo vigilancia especial a las diez personas recientemente señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales, aunque advirtió que las órdenes emitidas por el vecino país sí pueden derivar en mecanismos de búsqueda internacional.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que las acusaciones y órdenes judiciales giradas por cortes estadounidenses generan notificaciones internacionales conocidas como fichas rojas de Interpol, las cuales permiten alertar a otros países sobre individuos requeridos por la justicia.
Sheinbaum puntualizó que dichas alertas no implican automáticamente acciones de vigilancia dentro de México, ya que las instituciones nacionales únicamente pueden actuar conforme a investigaciones o mandamientos judiciales emitidos por autoridades mexicanas. Indicó que, mientras las personas señaladas permanezcan en territorio nacional, no existe una disposición legal que obligue a un seguimiento específico solo por los requerimientos de otro país.
“No hay nada legal que nos obligue a una vigilancia particular a las otras personas (…) hay una orden de aprehensión de parte del Gobierno de Estados Unidos, eso hace que se alerten fichas rojas llamadas por la Interpol, eso es del Gobierno de Estados Unidos, si ellos llegaran a salir de México, otros países, a partir de la alerta roja que emitió el Gobierno de Estados unidos, pudiera llegar a detenerlos”, precisó en la conferencia matutina de este 21 de mayo.
No obstante, explicó que el escenario cambia en caso de que alguno de los acusados abandone México, pues las alertas internacionales podrían facilitar su localización y eventual detención en otra nación que mantenga cooperación con Estados Unidos a través de Interpol.
Las declaraciones se producen luego de que el Departamento de Justicia estadounidense revelara investigaciones y órdenes contra presuntos operadores ligados al crimen organizado y redes de narcotráfico. El tema ha reavivado el debate sobre los límites de la cooperación bilateral en materia de seguridad y el alcance de las solicitudes internacionales emitidas por Washington.
La presidenta reiteró que su administración mantendrá coordinación con el gobierno estadounidense en temas de seguridad, pero insistió en que cualquier acción dentro del país debe apegarse a la Constitución y a los procedimientos legales mexicanos. En ese sentido, defendió que México no puede proceder únicamente por señalamientos extranjeros si no existen carpetas de investigación o mandatos judiciales nacionales.
Las fichas rojas de Interpol son mecanismos de cooperación policial internacional utilizados para ubicar a personas buscadas por distintos países. Sin embargo, especialistas recuerdan que estas notificaciones no equivalen por sí mismas a una orden de captura universal, ya que cada Estado decide si procede o no con la detención conforme a su legislación interna.
La postura de Sheinbaum se da además en un contexto de creciente presión del gobierno estadounidense hacia México por el combate al narcotráfico, especialmente en temas relacionados con tráfico de fentanilo, lavado de dinero y extradiciones de presuntos integrantes de cárteles.