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17.09.2026 Ciudad de México.-La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves a la exigencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que México identifique, detenga y procese a funcionarios públicos y políticos vinculados con los narco cárteles mexicanos, y sostuvo que las autoridades mexicanas ya actúan cuando existen elementos que acreditan la comisión de delitos, sin importar la filiación partidista de los involucrados.
Durante su conferencia matutina del 17 de septiembre, Sheinbaum rechazó que México necesite recibir juicios desde Washington sobre la manera en que enfrenta al crimen organizado y planteó que la cooperación bilateral debe partir de una responsabilidad compartida, incluida la persecución del narcotráfico, el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y el consumo de drogas dentro de Estados Unidos.
La respuesta de la mandataria ocurrió después de que Trump incluyera en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas un llamado a México para hacer más frente a las organizaciones criminales y, particularmente, contra funcionarios que presuntamente colaboren con ellas.
Aunque el mandatario estadounidense reconoció avances del gobierno mexicano, entre ellos el decomiso de mayores cantidades de droga, la desarticulación de laboratorios clandestinos y el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera, sostuvo que México debe incrementar sus acciones contra las estructuras criminales y contra servidores públicos que les brinden protección o apoyo.
Frente a ese señalamiento, Sheinbaum estableció como criterio la existencia de pruebas y el cumplimiento de las leyes mexicanas. Explicó que cuando se cuenta con elementos que relacionan a un funcionario con un ilícito, las instituciones proceden independientemente del partido político al que pertenezca.
La presidenta también recordó que el sistema penal mexicano establece requisitos específicos para iniciar procesos y determinar responsabilidades, un punto que ya había planteado en semanas anteriores al hablar de solicitudes estadounidenses relacionadas con funcionarios mexicanos.
En particular, Sheinbaum ha señalado que México requiere que las acusaciones y solicitudes de detención o extradición presentadas por Estados Unidos cuenten con elementos que puedan ser considerados dentro del sistema penal mexicano.
El pasado 2 de septiembre, afirmó que Washington no había entregado pruebas adicionales para sustentar la solicitud de detención con fines de extradición de 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
La discusión adquiere relevancia porque en abril de este año el Departamento de Justicia estadounidense presentó acusaciones contra Rocha Moya y otros funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Los señalados han rechazado las acusaciones y el caso abrió un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad.
Pero el planteamiento de Sheinbaum este jueves no se limitó a defender la actuación mexicana. La presidenta trasladó parte de la discusión hacia Estados Unidos y cuestionó qué medidas está tomando ese país dentro de su propio territorio para reducir la demanda de drogas y perseguir a quienes participan en las redes de distribución.
“¿Qué pasa del otro lado?”, preguntó la mandataria al plantear que la estrategia contra el narcotráfico no puede concentrarse exclusivamente en el país donde se producen o transitan las sustancias.
Sheinbaum sostuvo que también sería necesario conocer qué hace el gobierno estadounidense para detener a los distribuidores de drogas que operan dentro de su territorio, combatir el lavado de dinero y evitar el ingreso ilegal de armas a México.
Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento fue la crisis de consumo de opioides en Estados Unidos. La presidenta planteó que el problema no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del suministro de drogas provenientes de México, sino también desde la evolución histórica del consumo de opioides y las políticas relacionadas con medicamentos para el dolor.
En ese contexto, cuestionó qué acciones desarrolla Estados Unidos para prevenir las adicciones, atender a jóvenes y reducir el consumo que sostiene una parte de la demanda de sustancias ilícitas.
La mandataria sostuvo que México no puede ser responsabilizado de manera aislada por un fenómeno que involucra producción, distribución, demanda, financiamiento, armas y lavado de dinero a ambos lados de la frontera.
También puso énfasis en el tráfico ilegal de armas procedentes de Estados Unidos hacia México. Señaló que el poder de fuego de las organizaciones criminales mexicanas no puede explicarse sin considerar el flujo ilícito de armamento desde territorio estadounidense.
El argumento forma parte de uno de los principales reclamos que el gobierno mexicano ha planteado a Washington durante las negociaciones de seguridad: mientras México enfrenta a las organizaciones que producen y trasladan drogas, Estados Unidos debe reforzar las acciones contra el tráfico de armas hacia territorio mexicano y contra los mecanismos financieros que permiten a los grupos criminales mover recursos.
La presidenta también hizo referencia a una investigación relacionada con agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, a quienes se ha señalado por permitir operaciones vinculadas con el tráfico de fentanilo en Nuevo México. Sheinbaum utilizó ese caso para insistir en que Washington también debe transparentar las investigaciones y resultados que obtiene dentro de su territorio.
En su documento presentado al Congreso estadounidense, Trump reconoció que el gobierno de Sheinbaum ha incrementado decomisos, destruido laboratorios y desplegado recursos militares y policiales, además de destacar la cooperación que, según Washington, ha contribuido a la eliminación de algunos líderes criminales. Sin embargo, acompañó ese reconocimiento con la exigencia de nuevas medidas contra las organizaciones criminales y la corrupción vinculada con ellas.
La respuesta de Sheinbaum se centró así en dos líneas: México debe investigar y procesar a cualquier funcionario cuando existan elementos legales que acrediten su participación en delitos, pero Estados Unidos también debe asumir su parte en una problemática que tiene componentes transfronterizos.
“Nosotros nos encargamos aquí en México”, sostuvo la presidenta al defender la actuación de las instituciones mexicanas, antes de insistir en que el gobierno también rinde cuentas y está sometido al escrutinio público.
Su planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la corresponsabilidad entre ambos países. Para México, combatir a los cárteles implica perseguir a quienes participan en la producción, distribución y protección política de las organizaciones criminales, pero también atender los factores que permiten que esas estructuras mantengan capacidad financiera y armada.
En ese sentido, Sheinbaum reclamó que la evaluación de los resultados mexicanos no sea unilateral y pidió conocer también los resultados concretos de Estados Unidos frente al consumo de opioides, la distribución de drogas, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas.
La disputa, por tanto, no se limita a la persecución de funcionarios presuntamente relacionados con el crimen organizado.
El intercambio de declaraciones entre ambos gobiernos vuelve a mostrar las diferencias sobre cómo repartir responsabilidades frente a un mercado de drogas que atraviesa la frontera y cuyos componentes abarcan tanto la oferta como la demanda.