Sheinbaum Pardo revisará reforma en Veracruz que para pedir revocación de mandato

Cuauhtémoc, Ciudad de México. 1 de julio 2026. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia (SECIHTI); Felipe Arturo Ávila Espinosa, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones de México. Foto: Hazel Cárdenas/Presidencia

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09.07.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que solicitará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal analizar la reciente reforma aprobada por el Congreso de Veracruz que modifica las reglas para promover un proceso de revocación de mandato de la gobernadora Rocío Nahle García, al reducir de dos meses a un mes el periodo disponible para reunir las firmas ciudadanas necesarias para solicitar el mecanismo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal explicó que el Gobierno de México revisará el contenido de la reforma para determinar si los cambios aprobados por el Poder Legislativo veracruzano podrían representar una restricción al derecho de participación ciudadana.

“Lo va a revisar la Consejería Jurídica. Hay que revisar exactamente la reforma y si realmente limita el derecho de la ciudadanía para poder solicitar la revocación de mandato. Eso es lo que tenemos que analizar antes de emitir una opinión”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre las modificaciones realizadas a la legislación estatal.

La reforma fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de Veracruz como parte de cambios a la Ley de Revocación de Mandato del estado. Entre las principales modificaciones se encuentra la reducción del plazo para recabar las firmas de apoyo ciudadano, que pasa de dos meses a un periodo de un mes. El resto de los requisitos para activar el procedimiento permanecen sin cambios, incluido el porcentaje de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal que deben respaldar la solicitud.

La modificación ha generado cuestionamientos por parte de legisladores de oposición y organizaciones civiles, quienes consideran que disminuir a la mitad el tiempo para reunir las firmas podría hacer más difícil que la ciudadanía ejerza este mecanismo de democracia participativa, especialmente en un estado con una amplia extensión territorial y más de seis millones de personas inscritas en el padrón electoral.

Desde el Congreso local, los diputados que respaldaron la reforma sostuvieron que el ajuste busca armonizar los tiempos del procedimiento y brindar mayor certeza jurídica al calendario del eventual proceso de revocación de mandato, además de facilitar su organización por parte de las autoridades electorales.

El mecanismo de revocación de mandato permite que la ciudadanía solicite la conclusión anticipada del cargo de un titular del Poder Ejecutivo mediante una consulta organizada por la autoridad electoral, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la legislación correspondiente. En el ámbito federal, esta figura fue incorporada a la Constitución durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y posteriormente replicada en diversas entidades federativas.

En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle inició su administración el 1 de diciembre de 2024, por lo que cualquier eventual proceso de revocación deberá desarrollarse conforme a los tiempos y requisitos previstos en la legislación local.

La presidenta Sheinbaum evitó pronunciarse a favor o en contra de la reforma mientras no concluya el análisis jurídico. No obstante, dejó claro que el criterio central será determinar si la modificación aprobada por el Congreso veracruzano afecta o no el derecho de la ciudadanía a impulsar este instrumento de participación democrática.

“Primero hay que conocer con precisión el alcance de la reforma. Lo importante es garantizar que los derechos de participación ciudadana se respeten plenamente y que cualquier modificación legal esté en concordancia con los principios constitucionales”, señaló la mandataria.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio del debate nacional sobre el alcance de los mecanismos de democracia participativa y el equilibrio entre la regulación de estos procesos y la protección de los derechos políticos de la ciudadanía. El análisis que realice la Consejería Jurídica podría definir si el Gobierno Federal considera que la reforma se apega al marco constitucional o si existen elementos para cuestionar su legalidad.