*Las extorsiones se perseguirán de oficio, anuncia.
*La extorsión le duele a muchas personas en México, reconoció.
*La Ciudadanía a la expectativa que combatan la corrupción entre extorsionadores con las autoridades ministeriales y policiacas.
08.07.2025 Ciudad de México.- En un drástico cambio en la Estrategia de Seguridad nacional la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció otro de los flagelos que afecta a millones de mexicanas y mexicanos, perpetrado por la delincuencia organizada, como un delito que está creciendo y el cual, admitió, el gobierno no ha podido controlar dejando a miles de familias en la indefensión y el dolor.
Durante la conferencia matutina de este martes 8 de julio, Sheinbaum Pardo anunció la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que será enviada como iniciativa de ley y prevé una reforma constitucional para permitir su aplicación en todo el país.
La Jefa de Estado Sheinbaum Pardo expuso que se debe modificar la Constitución para que la extorsión se combata de oficio y se armonice una misma legislación para todas las entidades en México.
“Para que pueda haber una Ley General contra la Extorsión tiene que modificarse la Constitución en las atribuciones del Congreso (…) Se modifica la Constitución, se hace una Ley General contra la Extorsión y todos los estados deben hacer sus leyes de acuerdo con la ley general”, detalló.
La estrategia nacional antiextorsión, destaca en la propuesta, la modificación del marco legal para que la persecución del delito ya no dependa de la denuncia de la víctima, lo que actualmente la pone en riesgo mortal.
En el planteamiento presidencial el Estado asumiría la responsabilidad de iniciar las investigaciones, permitiendo que las extorsiones se persigan de oficio.
“Ya no será necesario que la víctima sea quien realice la denuncia, se le quita ese peso para que lo asuma el Estado, se perseguirá de oficio”, expuso.
“Esta modificación a la ley que refuerza la estrategia. ¿En qué consiste? Que ya no descanse en la víctima la denuncia. Hoy, quien denuncia, quien tiene que denunciar la extorsión, es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano. Se persigue de oficio. La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado”, explicó Sheinbaum.
Ernestina Godoy consejera jurídica de la Presidencia, por su parte dio pie al anunció de la Presidenta de México: “Hoy la presidenta firmará una iniciativa dirigida a la Cámara de Diputados con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de las facultades constitucionales necesarias para expedir una legislación general en la que se establezca, como mínimo, la homogeneización del tipo penal y de sus penas”.
“(El delito de extorsión) ya es considerado grave en el artículo 19 constitucional y en esta ley se establecerá de manera clara que será perseguido de oficio. El Estado asuma totalmente la responsabilidad para proteger a víctimas, testigos y ofendidos”, señaló.
La estrategia también contempla el fortalecimiento de la línea 089, una herramienta de denuncia anónima que estará vinculada con las unidades de investigación estatales y federales.
En los casos de extorsión presencial, se desplegará una unidad especializada para atender e investigar los hechos.
Sheinbaum precisó que ya existen unidades especializadas atendiendo estos casos, pero la estrategia busca fortalecer su funcionamiento a nivel nacional.
El proyecto incluye todas las formas de extorsión, sin modificar las penas actuales, pero establece que todas deberán ser perseguidas de oficio, sin necesidad de que la víctima formalice una denuncia.
En la víspera la Jefa del ejecutivo admitió que la extorsión es un delito que duele en México: “Es el delito que está creciendo, el que no hemos podido disminuir. Entonces, van disminuyendo los homicidios, los delitos de alto impacto y estamos trabajando para que sea más acelerada esta disminución y la extorsión, que es un delito que le duele mucho a las personas porque afecta a todos los niveles”.
La mandataria federal explicó que las extorsiones se registran en varias regiones del país, pero, insistió, es un delito que afecta tanto a personas de bajos recursos como a los de altos: “Es mucho más presente en algunas regiones del país, pero afecta (igual) a una persona de bajos recursos económicos y a una de altos recursos económicos.
Sheinbaum Pardo adelantó que entre los ejes de su iniciativa que se debe fortalecer la capacidad del Estado para garantizar las carpetas de investigación y que el sistema de justicia pueda detener a delincuentes y que no sean liberados, pero todo conforme a derecho y respetando los derechos humanos, adelantó.
“Tenemos que fortalecer las capacidades del Estado mexicano para garantizar las carpetas de investigación y, obviamente, del sistema de justicia de nuestro país, que no libere a delincuentes, pero en el marco del sistema penal acusatorio que tenemos en México, pues debemos fortalecer las capacidades por el número de homicidios y delitos de alto impacto que tenemos en el país, para poder detener delincuentes en el marco de la ley, del derecho y de los derechos humanos.
“Por eso estamos fortaleciendo el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, respetando al ciudadano, pero tenemos que garantizar que las carpetas de investigación tengan las pruebas suficientes para poder hacer las detenciones”, insistió.
El delito de extorsión presentó un incremento en los primeros cinco meses de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, y que ha dejado a millones de familias desplazadas y lastimadas con robos y homicidios, por las extorsiones del crimen organizado, que han hecho un productivo negocio para los delincuentes coludidos con algunos servidores públicos corruptos.
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que no siempre son fieles a la realidad ya que estas se alimentan de las cifras que proporcionan las fiscalías, muchas de ellas infiltradas por las bandas de extorsión, refieren que de enero a mayo de 2024 se registraron 4 mil 644 denuncias de extorsión y, en el mismo periodo de este año, sumaron 4 mil 882 casos, es decir, 238 víctimas más.
García Harfuch presentó la estrategia nacional contra la extorsión, que comprende acciones operativas para prevenir y proteger a la población.
El domingo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que en la nueva política antiextorsion participará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el congelamiento de cuentas bancarias en las que se depositan los cobros de las extorsiones.
Explicó además que se solicitarán órdenes judiciales para bloquear líneas telefónicas vinculadas a ese delito y se desarrollarán operativos sorpresa en prisiones para el aseguramiento de equipos telefónicos que se utilizan para cometer este ilícito, como principal punto pero no el único, de donde salen las llamadas de extorsión, pues quienes han sido victimas de este flagelo, han detectado que los criminales tienen sus propia red de comunicaciones en video y en telefonía, que hasta antenas tienen.
García Harfuch destacó que la estrategia es posible gracias a la recién aprobada nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite robustecer las investigaciones, ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales y detener a generadores de violencia relacionados con la extorsión.
La ciudadanía se ha expresado en redes saludando con cierto escepticismo la vuelta de tuerca de la nueva estrategia anti extorsión señalando que queda corta la iniciativa porque no se ha tomado en cuenta varios factores que hacen que los criminales actúen en total impunidad.
Por ejemplo la colusión de autoridades con las bandas dedicadas a la extorsión pues no solo existen las pequeñas bandas sino los de alta gama que se dedican ahora a los despojos de bienes inmuebles o territorios indígenas, quienes son acribillados para quitarles sus propiedades o territorios y cuando se defienden las víctimas son las que terminan en la cárcel, entre otros muchos casos que han dejado huella en el ánimo de miles de familias mexicanas afectadas que no verán el resarcimiento del daño, ni la justicia, en sus casos.
