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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que enviará al Congreso de la Unión la nueva iniciativa denominada “plan B” de su reforma electoral, luego de las negociaciones con los partidos aliados y del revés legislativo que sufrió su propuesta constitucional original días antes.
Durante la conferencia mañanera del pueblo, la primer mandataria afirmó que ya existe un entendimiento político limitado para avanzar en algunos puntos del proyecto, especialmente en lo relacionado con el manejo del gasto público en congresos locales y gobiernos municipales.
“Hubo un acuerdo para el manejo de recursos”, afirmó la presidenta al explicar que la nueva propuesta busca garantizar que el dinero público se utilice para obras y servicios en beneficio de la población y no para privilegios o gastos administrativos de la clase política. “El recurso que se ahorre de destinar menos a los congresos estatales o a los municipios debe ir para beneficio de la gente”, sostuvo.
El anuncio se produce tras la derrota legislativa que sufrió la reforma político-electoral original impulsada por el gobierno federal, que requería mayoría calificada en el Congreso y no logró reunir los votos suficientes debido a divisiones dentro de la propia coalición oficialista integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde.
Ante ese escenario, el Ejecutivo decidió avanzar con una estrategia alternativa basada en cambios a leyes secundarias, lo que requiere únicamente mayoría simple en el Poder Legislativo. Esta vía, conocida como “plan B”, pretende rescatar parte de los objetivos centrales de la reforma inicial, principalmente la reducción de gastos en el sistema político y electoral del país.
De acuerdo con la explicación ofrecida por Sheinbaum, la iniciativa plantea reducir privilegios en los congresos locales, disminuir el número de regidores en algunos municipios y establecer límites al uso de recursos públicos en estructuras legislativas y administrativas. Con estas medidas, el gobierno calcula que podrían liberarse alrededor de cuatro mil millones de pesos que serían destinados directamente a obras públicas, infraestructura y servicios en estados y municipios.
La presidenta enfatizó que el objetivo central es que el dinero público tenga un impacto directo en la vida cotidiana de la población. “No se trata de pagar bonos, asesores o beneficios adicionales a funcionarios, sino de que esos recursos se usen para bachear, mejorar el agua potable o ampliar el drenaje”, dijo al explicar la lógica de su propuesta.
Sin embargo, el acuerdo político alcanzado con los partidos aliados solo cubre una parte de la agenda original del gobierno. La propia mandataria reconoció que el consenso logrado hasta ahora se limita principalmente a dos aspectos: la reducción del presupuesto de los congresos estatales y el recorte de gastos en cabildos municipales. Otros cambios más profundos, como modificaciones al financiamiento de partidos, eliminación de escaños plurinominales o alteraciones al sistema electoral, no contaron con respaldo suficiente dentro de la coalición.
El gobierno federal ha defendido estas medidas como parte de su política de austeridad y combate a privilegios en el sistema político. Desde el inicio de su administración, Sheinbaum ha insistido en que el gasto electoral y legislativo en México es elevado en comparación con las necesidades sociales del país, por lo que ha planteado reducir costos y redirigir recursos a programas y obras públicas.
Las negociaciones que derivaron en el anuncio del “plan B” se llevaron a cabo en los últimos días entre dirigentes y legisladores de Morena, el Partido Verde y el PT, con la mediación de la Secretaría de Gobernación. Los encuentros buscaron evitar una fractura en la coalición gobernante después del fracaso de la reforma constitucional presentada en febrero.
Aunque el oficialismo asegura que existe respaldo para la nueva propuesta, sectores de la oposición han anticipado críticas y posibles impugnaciones si consideran que los cambios afectan el equilibrio institucional o el funcionamiento del sistema electoral mexicano.
La iniciativa será enviada formalmente al Congreso este martes, donde iniciará su proceso de análisis y discusión legislativa. El resultado de ese debate será clave para determinar hasta qué punto el gobierno de Sheinbaum logra rescatar su agenda de reforma política tras el revés parlamentario que marcó uno de los episodios más relevantes del inicio de su sexenio.
