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20.07.2026. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, no responde a motivaciones políticas, sino a una investigación iniciada hace más de un año por la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles que, según las autoridades, habría provocado un millonario daño al erario.
Durante su conferencia matutina, la mandataria federal respondió a las críticas de dirigentes del Partido Acción Nacional y del expresidente Felipe Calderón, quienes calificaron la captura del histórico político panista como un acto de justicia selectiva. Sheinbaum rechazó esas versiones y sostuvo que el proceso judicial está sustentado en pruebas recabadas durante meses de investigación.
“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año, en donde se hacen todas las diligencias para garantizar ante los jueces que existen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó la presidenta.
La jefa del Ejecutivo insistió en que corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad o inocencia del exmandatario estatal, al tiempo que subrayó que cualquier persona investigada cuenta con el derecho a defenderse.
“Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial”, señaló Sheinbaum al referirse al proceso que enfrenta Ruffo Appel.
Las declaraciones surgieron después de que la FGR informara que Ruffo Appel figura entre los presuntos integrantes de una organización dedicada al llamado “huachicol fiscal”, un esquema mediante el cual combustible procedente de Estados Unidos ingresaba al país con documentación alterada para evadir el pago de impuestos.
De acuerdo con la explicación ofrecida por la presidenta, la mecánica consistía en declarar ante las autoridades aduaneras que los ferrotanques transportaban materiales distintos al diésel o la gasolina, evitando así el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“Entraban tanques de ferrocarril y no reportaban que traían diésel, sino otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos. Eso es lo que se ha llamado huachicol fiscal”, explicó la mandataria.
Según la investigación federal, la empresa Ingemar S.A. de C.V., de la cual Ruffo Appel ha reconocido haber sido accionista, aparece vinculada con la importación del combustible presuntamente introducido de manera irregular al país. La Fiscalía sostiene que la red operaba mediante agencias aduanales, empresas ferroviarias, transportistas y comercializadoras distribuidas en diversos estados
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la indagatoria comenzó tras diversos aseguramientos de combustible realizados en 2025, entre ellos el decomiso de millones de litros transportados en carrotanques ferroviarios. Precisó que la investigación permanece abierta, que ya fueron ejecutadas ocho órdenes de aprehensión y que todavía existen más personas bajo investigación.
La Fiscalía ha señalado que la organización investigada habría ocasionado un perjuicio superior a los cuatro mil millones de pesos mediante la evasión de impuestos y la importación irregular de hidrocarburos, considerada hasta ahora una de las mayores operaciones de contrabando de combustible detectadas en México.
La detención de Ernesto Ruffo Appel adquirió una fuerte dimensión política debido a su papel en la historia democrática del país. En 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición reconocido tras una elección estatal, al ganar la gubernatura de Baja California bajo las siglas del PAN, rompiendo más de seis décadas de hegemonía del PRI en las entidades federativas.
Mientras el PAN y diversos dirigentes opositores sostienen que existe un uso político de la justicia, el Gobierno federal insiste en que el caso deriva exclusivamente de una investigación ministerial sustentada en pruebas y autorizada por un juez. La audiencia judicial para definir la situación jurídica del exgobernador continúa en desarrollo, en tanto la FGR mantiene abiertas las pesquisas contra otros presuntos integrantes de la red de contrabando de hidrocarburos.