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Ciudad de México.-La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionara públicamente la difusión mediática, “a ocho columnas”, dijo de una solicitud del Departamento de Justicia estadounidense para detener con fines de extradición a políticos mexicanos entre ello la del Gobernador morenista Ruben Rocha Moya.
“Ni se va a encubrir a nadie ni se va a aceptar que se vulneren nuestras reglas. La justicia no puede construirse a partir del espectáculo”, sostuvo la jefa de Estado mexicano.
Para la mandataria mexicana, no se trata solo de un diferendo jurídico, sino de una señal preocupante sobre el respeto a la soberanía y al debido proceso.
“Estas cosas no se manejan en los titulares de los periódicos, se manejan por los canales institucionales”, expresó Sheinbaum en un tono firme pero sin romper del todo el tono diplomático.
Según explicó, su gobierno se enteró de la solicitud en medio de su amplia circulación en medios internacionales, lo que consideró inusual frente a los mecanismos de cooperación que históricamente han regido la relación bilateral.
El caso gira en torno a una petición de detención provisional con fines de extradición, no una solicitud formal, impulsada por fiscales del Distrito Sur de Nueva York.
A decir la nueva consejera jurídica Luisa María Alcalde, presente en la mañanera, este tipo de requerimientos debe justificarse con elementos claros de urgencia, como el riesgo de fuga o la posible obstrucción de la justicia. “No basta con señalar; se necesitan pruebas que sustenten la premura”, explicó.
México no rechazará colaborar, pero exige que cualquier solicitud cumpla con los estándares legales y se conduzca con discreción, dejo claro. “La relación con Estados Unidos es de cooperación, no de subordinación. Y menos cuando se trata de procesos que pueden afectar derechos y reputaciones”, añadió la presidenta.
Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron que, tras revisar la información disponible, no se encontraron elementos suficientes que acrediten la urgencia de la detención solicitada. Por ello, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya pidió información adicional a Washington antes de turnar el caso a un juez.
Sheinbaum reiteró que su administración “no protege a nadie”, pero subrayó que tampoco permitirá que acusaciones sin sustento se conviertan en juicios mediáticos. “Una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta es vulnerar principios básicos de justicia”, sostuvo.
Especialistas en derecho internacional consultados coinciden en que la filtración de este tipo de solicitudes rompe con la práctica habitual. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los procesos de extradición deben manejarse con confidencialidad, precisamente para evitar daños irreparables a la presunción de inocencia.
Mientras tanto, el tema ha escalado en la agenda pública y política. Para algunos analistas, la difusión del caso podría responder a presiones internas en Estados Unidos; para otros, abre un debate más amplio sobre los límites de la cooperación judicial entre ambos países.
La controversia apenas comienza, pero ya deja ver que la coordinación bilateral en materia de seguridad y justicia, una de las más sensibles, enfrenta un momento de tensión que pondrá a prueba los canales diplomáticos en los próximos días.
