*Escrito por Wendy Rayón Garay .
06.05.2025 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- Durante la inauguración del Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS Bienestar en el estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que retomará el Plan de Justicia para Atenco, un evento que aconteció hace 19 años en donde alrededor de 11 mujeres fueron víctimas de tortura y violencia sexual por parte de policías durante una protesta, un caso que continua impune.
Dicho Plan fue iniciado en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) para resarcir la deuda histórica con el pueblo de Atenco cuando sufrió represión por parte del Estado. La presidenta comentó que el seguimiento estará a cargo de la titular de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González.
Es importante señalar que el Gobierno de México a cargo de Sheinbaum Pardo, no dio detalles de cómo resarcirán lo vivido por mujeres y hombres del pueblo de San Salvador Atenco.
El caso Atenco se ha posicionado como un ejemplo paradigmático de cómo la violencia sexual es utilizada por agentes del Estado como una forma de tortura y control social sobre las mujeres, sobre todo en contextos de represión política.
Además, evidencia dos aspectos: la violencia sexual siendo una herramienta de represión con fines de castigo, intimidación y control especifico contra las mujeres para quebrar su resistencia y la impunidad institucional en donde las autoridades mexicanas no investigaron adecuadamente a los responsables incluso después de una sentencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Datos del informe ‘Mujeres con la frente en alto’ del Centro Prodh señalan que, a partir de su documentación, 29 mujeres fueron privadas de su libertad en un contexto de tortura. En el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres Privadas de la Libertad en México se encontró que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en alguna etapa de su proceso legal, las cuales son:
- 64.4% sufrió violencia en su detención y durante su traslado al Ministerio Público;
- más del 70% fue amenazada a su persona o a familiares;
- En el caso de mujeres detenidas en presencia de sus hijas e hijos, se emplearon amenazas a los mismos para conseguir una confesión o formar documentos inculpatorios;
- Las autoridades señaladas como principales responsables en denuncias por actos de tortura son la Policía Federal con el 28%, seguida de la Policía Ministerial Estatal con 16%.
“El 3 de mayo 2006, no se olvida. Hace 19 años las flores fueron el pretexto para desatar una barbarie en estos pueblos (Texcoco y Atenco)” mencionó en el evento, el integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina. También recordó que, la noche del 3 de mayo los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) de Texcoco se reunieron para asestar el golpe el movimiento social que se formó.
«No pudieron soportar que el pueblo organizado fuera capaz de echar abajo su gran negocio aeroportuario (…) Están libres, gozan de toda impunidad. Algunos siguen siendo servidores públicos, pero jamás gozarán de lo olvido o de la comodidad de nuestro silencio» -integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina.
Caso Atenco
Durante la administración estatal de Enrique Peña Nieto (2005-2011), agentes de la policía municipal impidieron que un grupo de comerciantes vendiera flores en el mercado de Texcoco. Debido a esta decisión arbitraria, los floristas convocaron una protesta con ayuda de activistas de la comunidad de San Salvador Atenco y bloquearon la carretera a Texcoco.
En respuesta se desplegaron 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PEP) y mil 815 agentes municipales y estatales para dar inicio a un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México contra personal solidarias con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaron a los floristas.
El saldo de ese enfrentamiento que duró dos días fue la muerte de Francisco Javier Cortés Santiago y Ollin Alexis Benhumea; así como la detención de 217 personas (integrantes del FPDT, solidarias y 10 menores de edad), dentro de los que estaban 47 mujeres. La mayoría de ellas sufrieron tortura sexual por los policías al interior de los vehículos usados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión.
«Allanamientos brutales, torturas sexuales contra decenas de mujeres, cacería de activistas en sus propias casas y en las de sus familias, un extranjero, hombre y cuatro extranjeras mujeres deportadas, no sin antes ser torturadas sexualmente, un artefacto de gas lacrimógeno que destrozó la cabeza de Alexis Benumea» -integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina.
En el Centro de Prevención y Readaptación Social (CEFERESO) Santiaguito de Almoloya de Juárez, 26 mujeres reportaron agresiones cuando fueron ingresadas a esta instancia y sus denuncias no fueron atendidas adecuadamente. Además, la mayoría de las personas detenidas estuvieron incomunicadas y se emitieron sentencias que oscilaron entre los 30 a los 112 años de prisión.
La búsqueda de justicia
Desde el primer instante, se contó con la intervención y documentación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) logrando que 21 policías estatales fueran consignados por abuso a la autoridad, siendo este un delito menor, y un policía estatal fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos contra una de las víctimas de agresión sexual y más tarde fue absuelto.
Ante esta decisión, 11 de las mujeres acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva (con debida diligencia y dentro de un plazo razonable) para esclarecer los hechos de forma integral e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad: material, intelectual y el encubrimiento en las investigaciones posteriores.
El 17 de septiembre de 2016, diez años después, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuando se identificó falta de avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Para el 28 de noviembre de 2018, la Corte IDH.emitió una sentencia en la que declaró culpable al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos contra las 11 mujeres, que incluyó detención arbitraria; tortura física, psicológica y sexual; y falta de acceso a la justicia
También se ordenó sancionar a las partes responsables, fortalecer el mecanismo interinstitucional contra la tortura sexual a mujeres y crear un observatorio independiente de fuerzas policiales (federal y del Estado de México), brindar medidas de atención y rehabilitación a las 11 mujeres.
Después de la sentencia todo sigue igual
Esta sentencia fue ordenada el 21 de diciembre de 2018, no obstante, a 7 años de ser emitida permanece incumplida. En 2023, Centro Prodh reportó que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito resolvió el amparo interpuesto por las Mujeres de Atenco, ordenando a la FGJEM remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación, bajo los parámetros ordenados por la Corte IDH.
Sin embargo, las medidas estructurales como la implementación del observatorio de uso de la fuerza se siguieron negando, el fortalecimiento al Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual ha sido casi nulo, y las medidas individuales de atención y rehabilitación no han sido cumplidas cabalmente.
«El Estado mexicano mantiene un paso lento en liquidar su deuda en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos de las mujeres, al tiempo que se mantienen vigentes las problemáticas que derivaron en la sentencia: la persistencia de la tortura sexual, la impunidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos y el abuso de la fuerza» -Centro Prodh
En 2024, la organización apuntó que, las autoridades no han incluido a las sobrevivientes a las investigaciones y estas no se han conducido siguiendo las líneas establecidas de la Corte IDH. Después de que el expediente se remitió a la FEVIMTRA no hubo avances sustantivos, sino que la instancia no ha investigado los hechos en su totalidad.
Por otro lado, aún no existe la creación del observatorio para monitorear el uso de fuerza de la Guardia Nacional como lo establece la sentencia de la Corte IDH para garantizar la no repetición; el Mecanismo de Seguimiento a Casos de Tortura Sexual no ha sesionado desde su emisión en marzo de 2023, así como también se desconoce las acciones a implementar para incluir las recomendaciones del Diagnóstico en la materia publicado en 2022 por la Secretaría de Gobernación.
«En este memorial de los hechos, reiteramos la exigencia de las mujeres sobrevivientes a que el Estado mexicano salde la deuda que ya tres administraciones federales han venido arrastrando, y que las autoridades se aseguren de que todos los responsables, incluyendo la cadena de mando involucrada en la planificación e implementación del operativo del 3 y 4 de mayo de 2006, sean debidamente juzgados y sancionados» -Centro Prodh<
