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30.07.2026 Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los nuevos lineamientos para fortalecer los derechos de las audiencias en radio y televisión representen un mecanismo de censura y defendió el proceso de consulta pública abierto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Ante las críticas surgidas desde distintos sectores de la industria de la radio y la televisión, la mandataria sostuvo que su gobierno no pretende limitar la libertad de expresión y afirmó que, si esa hubiera sido la intención, habría tenido oportunidad de hacerlo antes.
“Si buscáramos censurar, ya lo habríamos hecho”, expresó Sheinbaum durante su conferencia matutina de este jueves, al responder a los cuestionamientos relacionados con el proyecto regulatorio.
La presidenta insistió en que la propuesta no debe interpretarse como una disposición para controlar los contenidos de los medios de comunicación, sino como un mecanismo destinado a establecer con mayor claridad los derechos de quienes escuchan la radio y ven televisión.
“Nunca ha habido más libertad de expresión que ahora”, afirmó la mandataria, al defender la situación de la prensa y los medios durante su administración.
El pronunciamiento ocurre después de que la CRT pusiera a disposición del público el anteproyecto de los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. La consulta inició el 27 de julio y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, periodo durante el cual concesionarios, organizaciones civiles, especialistas, académicos, radioescuchas y televidentes pueden presentar observaciones y propuestas.
El documento busca establecer mecanismos para que las personas puedan ejercer derechos que ya están reconocidos en el marco constitucional y legal mexicano. Entre ellos se encuentran el acceso a contenidos e información veraz, plural, clara, respetuosa e incluyente.
La propuesta también contempla obligaciones para los concesionarios de radio y televisión, tanto comerciales como públicos y sociales. Entre ellas se encuentra la publicación de códigos de ética y la existencia de una Defensoría de las Audiencias, figura encargada de recibir y atender las inconformidades de quienes consideren que sus derechos fueron vulnerados.
Uno de los cambios que ha generado mayor discusión es la intervención de la autoridad reguladora cuando una persona no quede conforme con la respuesta otorgada por el defensor de las audiencias o cuando el medio de comunicación no atienda la recomendación correspondiente. La CRT ha señalado que este mecanismo busca hacer efectivos derechos que ya existen y no establecer controles sobre la línea editorial de los medios.
La controversia se intensificó por el contenido de algunos apartados del proyecto. Entre ellos se encuentra el artículo 53, que contempla facultades de monitoreo relacionadas con el cumplimiento de los lineamientos, disposición que ha generado cuestionamientos entre actores de la industria por el alcance que pudiera tener sobre los medios de comunicación.
La discusión también alcanza la posibilidad de que las reglas tengan algún efecto sobre las conferencias matutinas de la Presidencia, conocidas como “mañaneras”, debido a que son transmitidas por radio y televisión y constituyen uno de los principales canales de comunicación del gobierno federal.
Sobre este punto, Sheinbaum defendió nuevamente el ejercicio de comunicación que mantiene desde el inicio de su administración y destacó que las conferencias son utilizadas para informar directamente a la población sobre las acciones y decisiones del gobierno.
La polémica ha colocado frente a frente dos planteamientos: por un lado, quienes consideran necesario fortalecer los mecanismos para que las audiencias puedan exigir información diferenciada entre hechos, opiniones y publicidad; por otro, quienes advierten que algunas de las nuevas facultades regulatorias podrían terminar afectando la libertad editorial de los medios.
El gobierno federal sostiene que el proyecto no modifica el derecho de los medios a decidir sus contenidos. La propia regulación vigente en materia de derechos de las audiencias establece principios relacionados con la libertad de expresión, la libertad programática y la libertad editorial, así como la prohibición de la censura previa.
El antecedente inmediato de los nuevos lineamientos se encuentra en la reforma al marco de telecomunicaciones y radiodifusión, que estableció nuevas disposiciones para garantizar los derechos de las audiencias y determinó la necesidad de contar con mecanismos institucionales para hacerlos efectivos.
La CRT asumió las funciones regulatorias que anteriormente correspondían al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), organismo que ya había emitido lineamientos en esta materia. En diciembre de 2024, el entonces IFT aprobó nuevos Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias, incluyendo disposiciones sobre códigos de ética y defensorías.
El nuevo proceso busca ahora establecer mecanismos actualizados conforme al nuevo marco legal y a la estructura institucional vigente.
Uno de los argumentos centrales de la autoridad reguladora es que las audiencias no deben ser consideradas únicamente receptoras pasivas de contenidos. El proyecto plantea reconocerlas como sujetos con derechos específicos frente a los concesionarios de radio y televisión.
Esto implica, entre otras cuestiones, que los medios deberán contar con procedimientos para atender inconformidades y transparentar los mecanismos mediante los cuales sus audiencias pueden presentar quejas.
La consulta pública adquiere especial relevancia porque todavía no se trata de un ordenamiento definitivo. El proceso permite que los distintos sectores involucrados formulen observaciones antes de que concluya la elaboración de las reglas.
La propia CRT señala que cualquier persona interesada puede participar en la consulta y presentar comentarios, opiniones, aportaciones o elementos de análisis sobre los mecanismos propuestos.
En medio de la controversia, Sheinbaum también cuestionó que algunos representantes de la industria estén criticando disposiciones que, según su planteamiento, ya habían sido discutidas o aceptadas en procesos anteriores. La presidenta defendió que el gobierno está abierto a escuchar las observaciones que se presenten durante la consulta.
El debate ocurre además en un momento de especial sensibilidad respecto a la relación entre autoridades y medios de comunicación. Las nuevas reglas han sido interpretadas por algunos sectores como una posible ampliación de las facultades regulatorias, mientras que el gobierno insiste en que su finalidad es garantizar derechos de las audiencias que ya están contemplados en la Constitución y en la legislación.
Sheinbaum planteó que el ejercicio debe ser revisado a partir de su contenido y no bajo la premisa de que se trata de un mecanismo de censura. Su argumento central es que la existencia de reglas para proteger a las audiencias no significa que el gobierno tenga facultades para decidir qué puede o no puede publicar un medio.
“¿Cuándo hemos buscado su censura?”, cuestionó la presidenta al responder a las críticas, en una defensa directa de la propuesta y del proceso de consulta.
El punto central de la discusión será, por tanto, cómo quedarán redactadas las disposiciones finales y cuáles serán exactamente las facultades de la CRT frente a los concesionarios. También será determinante la manera en que se establezcan los procedimientos para atender las quejas de las audiencias sin interferir en la libertad editorial.
La consulta permanecerá abierta hasta el 21 de agosto. Durante ese periodo, la industria, organizaciones sociales, especialistas y ciudadanos podrán plantear modificaciones al anteproyecto antes de que se determine su versión definitiva.
Mientras ese proceso avanza, la presidenta mantiene su postura: los lineamientos buscan fortalecer los derechos de quienes reciben contenidos de radio y televisión y no establecer un mecanismo de censura.
La controversia, sin embargo, seguirá centrada en el equilibrio entre ambos derechos: garantizar que las audiencias tengan herramientas efectivas para reclamar información y contenidos respetuosos de sus derechos, sin que la regulación termine convirtiéndose en una intervención indebida sobre la libertad de expresión y la independencia editorial de los medios.