Jorge Volpi
Cien mil, dice el registro oficial.
Cien mil desde 1964, aunque, previsiblemente, las cifras se disparan a partir del 2006. Intuimos -sabemos- que son muchas más.
Cien mil personas que continúan desaparecidas: cien mil ausencias, cien mil silencios. Cien mil historias que no acabamos de contar. Cien mil historias que nos resistimos a contar.
Si a cada una de esas cien mil personas le asociamos padres y madres, y al menos una pareja y un par de hijos, sumamos otras quinientas mil tragedias.
Medio millón de personas desasosegadas, inquietas, insomnes, atormentadas, destruidas por estas ausencias y estos silencios. Intuimos -sabemos- que son muchas más.
Medio millón de personas indignadas, rabiosas, furiosas por estas ausencias y estos silencios: por la incapacidad del Estado para hallarlas.
Estas cifras no hablan de excepciones, de un puñado de casos no resueltos, de errores técnicos o humanos: son números que solo se encuentran en guerras, revoluciones o feroces dictaduras.
Aquí, desde el 2000, nos jactamos de ser una democracia: una democracia con cien mil desaparecidos: intuimos -sabemos- que son muchos más.
Una democracia a la cual le faltan cien mil ciudadanos, cien mil piezas de rompecabezas, cien mil finales, ¿sigue siendo una democracia?
Desde el 2000, hemos sido gobernados por la derecha, de nuevo por el viejo partido hegemónico y por un régimen que se proclama de izquierda sin serlo demasiado, y las desapariciones no cesan: solo aumentan.
(Y esta vez solo hablamos de las desapariciones, no de las muertes violentas, que superan el cuarto de millón, o de los desplazados internos, cuyo número ni siquiera podemos calcular.)
Simplemente, no sabemos dónde están esas cien mil personas. Intuimos -sabemos- que son muchas más.
Somos una sociedad en la que pueden desvanecerse cien mil personas, así, sin más.
En Leftovers, una de las mejores series de los últimos tiempos, de un día para otro desaparece el 2 por ciento de la población del mundo: ciencia ficción que, en nuestro caso, es real.
Lo más impresionante -lo más descorazonador- es que apenas hablamos de ello: llegamos a una cifra redonda, nos desgarramos las vestiduras un día o dos, las autoridades se excusan o lanzan invectivas contra quien se los recuerda, y volvemos al silencio. Cien mil desaparecen y preferimos callar. Intuimos -sabemos- que son muchos más.
Somos una sociedad a la que no le importan esos cien mil desaparecidos, el medio millón de familias que los lloran o aún los buscan: eso somos. O no hacemos nada por encontrarlos o lo hacemos muy mal.
Si nos importara llenar esos vacíos, si tuviéramos un poco de vergüenza, haríamos algo. Intentaríamos algo para que el gobierno -cualquier gobierno- supiera que sí nos importan. Que nos importan tanto como el cuarto de millón de muertes ocurridas en México desde el 2006.
Desde el 2000, todas las fuerzas políticas del país nos han gobernado y ninguna, ninguna, ha hecho lo que se debe de hacer.
Ninguna ha considerado una prioridad absoluta -por encima de guerras contra el narco, reformas estructurales, transformaciones, aeropuertos, refinerías y trenes- la reforma radical de nuestro sistema de justicia.
Ninguna le ha dado prioridad a la profesionalización de policías, ministerios públicos y fiscales, al rediseño de procuradurías o fiscalías, a la colegiación de los abogados, a la independencia de los jueces.
Como demuestran estos cien mil desaparecidos -y el cuarto de millón de muertos- en México la justicia no existe.
En México, donde se resuelve menos del uno por ciento de los delitos, incluidas las desapariciones y las muertes violentas, simplemente no existe el Estado de derecho.
Cien mil historias truncas, sin cuerpos, sin final. Intuimos -sabemos- que son muchas más. Sí, esto somos.
