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/ Agustín Basilio de la Vega. /
La combinación de un sistema de baja presión, la llegada de humedad del Golfo de México y una vaguada otoñal la semana pasada, provocaron intensas lluvias en varios estados de la República Mexicana ocasionando deslaves, derrumbes y desbordamientos de ríos en cerca de 140 municipios de México y, en particular, en el norte del Estado de Veracruz.
Las autoridades veracruzanas suspendieron las clases los días 8 y 9 de octubre, sin embargo, estas medidas resultaron insuficientes ante la severidad de las inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra presentadas en los municipios de Álamo, Tuxpan, Cazones y Poza Rica, entre otros. De acuerdo con lo señalado por testigos, las afectaciones fueron peores a las de 1999 cuando la depresión tropical 11 interactuó con el frente frío número 5.
Las emergencias que han provocado la muerte de decenas de personas y pérdidas millonarias se han visto agravadas por dos factores institucionales: la desaparición del Fondo para la Atención de Desastres Naturales (FONDEN) y la degradación de Instituciones federales como la otora SCT, BANOBRAS y SEGOB entre otras.
El Gobierno del Presidente López Obrador decidió eliminar 109 fideicomisos desde el inicio de su administración por lo que el FONDEN empezó a vaciarse en el año 2021. En total se perdió una bolsa superior a 35 mil millones de pesos destinados exclusivamente para atender emergencias provocadas por fenómenos naturales. A partir de entonces, es la SHCP la que, dependiendo de la disponibilidad de recursos, otorga financiamiento para estas labores.
Con la pérdida de los recursos asegurados, sus reglas de operación y procedimientos, el Gobierno perdió su capacidad de atender de manera ordenada las evaluaciones de daños a la población, a la infraestructura y al medio ambiente. Con la desaparición del FONDEN también se perdió la capacidad de valorar los montos necesarios para ayudar a las personas y los recursos necesarios para la reconstrucción de la infraestructura.
La eliminación de este fideicomiso también anuló los procedimientos eficientes interinstitucionales de ejecución de programas y obras públicas expeditas que podían contar con aportaciones inmediatas y ordinarias con programas multianuales. Si de verdad se quería mejorar su funcionamiento, bastaba con mejorar sus reglas de operación, pero el gobierno decidió tomar sus recursos para usarlos en sus obras faraónicas y sus programas electorales.
El otro aspecto que imposibilita que el gobierno atienda eficientemente las emergencias es la degradación de instituciones claves como las Secretarias de Estado, dependencias y órganos desconcentrados que han despedido a técnicos con experiencia y bien capacitados.
El gobierno de Morena ha disminuido presupuestos y programas con el pretexto de una mal entendida austeridad que privilegia el derroche de recursos en elefantes blancos y programas populistas en lugar de hacer operativas a las instituciones sociales, sanitarias, de seguridad, educativas y técnicas. Reparte “espejitos” en lugar de atender su función sustantiva. Las dependencias federales no cuentan ni para la gasolina que se necesita para realizar sus labores.
A lo anterior se suma la descomposición social provocada por la ocurrencia de “abrazos no balazos” que durante 7 años ha propiciado la rapiña y la vandalización sin escrúpulos. Estas escenas caóticas se multiplican haciendo las emergencias más dolorosas.
Ante la incompetencia del gobierno de atender pronta y expeditamente las consecuencias destructivas de los fenómenos naturales, a los mexicanos nos corresponde ayudar a las personas mediante vías confiables e institucionales de la sociedad civil como Caritas o la Cruz Roja que pueden ayudar de manera eficaz y sin usar electoralmente la ayuda.
X @basiliodelaVega
