*Junto con un grupo de diputadas, presentan la iniciativa de Ley de Derechos de las Personas Mayores.
Xalapa, Ver. a 14 de noviembre de 2019.- A fin que los adultos mayores tengan la certeza de que sus derechos son salvaguardados, en su libre ejercicio y en todo ámbito de sus vidas, como lo reclaman, como lo merecen, como se los hemos de reconocer y como lo mandata nuestra Constitución, la diputada Mónica Robles Barajas presentó este jueves la iniciativa con proyecto de Ley Estatal de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz.
“Cierto es que no podemos detener el paso del tiempo en nuestras vidas, pero sí podemos contribuir y debemos actuar determinantemente, como Diputados y Diputadas, para que la garantía de la dignidad humana, el ejercicio de derechos humanos, el respeto y la inclusión, sean las realidades de las veracruzanas y veracruzanos que, por su edad, hoy y mañana, deben gozar de atención de calidad en su salud; efectivo acceso a servicios básicos; aprecio, oportunidades y trato digno”, explicó sobre la propuesta presentada con sus compañeras diputadas A nombre de las diputadas de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno; Rosalinda Galindo Silva y María Esther López Callejas.
Durante su intervención en el Pleno y ante integrantes de Vida digna para personas mayores A.C (VIDAM A.C) y del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., así como especialistas y defensores de los Derechos Humanos de las personas mayores en Veracruz, Robles Barajas subrayó que cifras oficiales de la Comisión Nacional de Población (Conapo), en México, hay casi 14 millones de Personas Mayores, lo que significa 11 por ciento de la población total y, en Veracruz, 12.6 por ciento de la población total, es decir, un millón 68 mil 102, son Personas Mayores: 45.8 por ciento son hombres y 54.2 por ciento, mujeres.
“De este registro, 28 por ciento no cuenta con seguridad social; 21 por ciento tiene pobreza alimentaria; 16 por ciento, no cuenta con vivienda y el 20 por ciento, no tiene un empleo. El panorama en nuestra entidad se nubla aún más a causa de la vulnerabilidad de las Personas Mayores indígenas ya que, en los 47 municipios donde más de 600 mil personas hablan alguna lengua indígena, 16.4 por ciento de ellas tienen 60 años y más, lo que agrava su situación de calidad de vida”, abundó.
Asimismo, agradeció el aporte en experiencias, conocimientos y propuestas de especialistas del Programa del Adulto Mayor del DIF Xalapa; del Inapam Delegación Veracruz, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Veracruz, de Titulares de Unidades de Género, funcionariado del Gobierno del Estado, del COPIPEV, del DIF Estatal; de la Secretaría de Salud y de Institutos Municipales de las Mujeres, quienes en 8 reuniones de trabajo posteriores, se dedicaron a elaborar conjuntamente con equipos de asesoría legislativa, el diseño de una nueva Ley de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz, armonizada con la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Por último, Mónica Robles dijo que la iniciativa presentada hace un reconocimiento de las personas adultas mayores como titulares de derechos y no como grupo vulnerable, eliminando el concepto de asistencia social, a fin de que no se siga promoviendo la idea o el estereotipo de que la vejez implica sólo asistencialismo y no el ejercicio de derechos. Una nueva Ley que prevenga, sancione y elimine cualquier tipo de discriminación y que ratifique el compromiso de la sociedad, los gobiernos y los Poderes públicos, para garantizar que el envejecimiento se viva con dignidad y plenitud de derechos, con el máximo nivel de calidad de vida posible.
“Planteamos medidas específicas y el mejoramiento de las que ya existen, para combatir el abandono, el maltrato y la violencia, enfocándonos en dotar de instrumentos legales a la acción institucional, para que efectivamente se combatan las situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad social, así como para asegurar mejores servicios de salud integral, cuidados paliativos, protección social y acceso a la vivienda, el empleo y el autoempleo y, sobre todo, garantizar el acceso a la justicia”, concluyó.
