*Zurda
/Ruth Zavaleta Salgado/
El martes por la tarde asesinaron al magistrado Edmundo Román Pinzón, quien fue presidente del Poder Judicial de Guerrero entre 2005 y 2011. En la actualidad, era el presidente de la segunda Sala Penal ubicada en Acapulco. ¿Cuál fue el motivo de su asesinato?, tal vez nunca lo sabremos, igual como ha pasado con otros muchos asesinatos, por ejemplo, el del perredista Armando Chavarría, el 20 de agosto de 2009, cuando fungía como presidente del Congreso local.
Apenas la semana pasada escribimos en este mismo espacio lo que Roberto Scarpinato advirtió sobre los riesgos de elegir popularmente a los integrantes del Poder Judicial frente a la posible intervención de los grupos criminales en el proceso de elección. Aún no hay información pública sobre los motivos del artero crimen del magistrado, por lo tanto, no se sabe si tiene relación con alguna aspiración para formar parte del futuro Poder Judicial que se está conformando, o si responde a los asuntos que atendía en la sala penal, sin embargo, lo que se dio a conocer en algunos medios de comunicación es que, previamente, había recibido amenazas y no contaba con ninguna protección especial (tal vez no la solicitó).
De cualquier forma, el artero crimen llamó poderosamente la atención porque sucedió un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum se hubiera reunido con una treintena de gobernantes estatales y los responsables de la política de seguridad pública en Acapulco en donde fue asesinado el juzgador. Ahí, la titular del Poder Ejecutivo federal convocó a los gobernantes locales, tanto del nivel estatal, como municipal, a asumir su responsabilidad en cuanto a la implementación de la estrategia de seguridad pública.
Ciertamente, el evento fue un acierto, porque representó un cambio en la forma de implementar la política de seguridad pública con respecto a lo que hizo el expresidente López Obrador, toda vez que no se excluyó al bloque de gobernadores de los partidos opositores y trató de sumar. Por otra parte, la coordinación la asumió el secretario Omar García Harfuch, pero, inevitablemente, el asesinato del magistrado empañó el mensaje de fuerza que pretendió proyectar la Presidenta, porque podría interpretarse como una reacción de algún grupo criminal. Eso podrá aclararse si se descubre quién mando ejecutarlo.
Lamentablemente, este no fue el único hecho que opacó el cónclave de mandatarios, porque hubo otros hechos que, de igual forma, no abonan a la narrativa de unidad. El primero tiene que ver con la errónea reacción de Sheinbaum contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucia Piña Hernández, porque al presentar su segundo y último informe frente al Poder Judicial, mencionó “que se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”, además, dijo que fueron señalados como “traidores del pueblo”, y esto afectó la confianza ciudadana hacia ellos. Aunque la ministra no dijo un nombre, todos sabemos quién fue el artífice de los ataques. Esto, a pesar de ser una verdad pública, agravió a la presidenta Sheinbaum, quien, como ya es costumbre, no la dejó pasar y arremetió contra la ministra y el Poder Judicial. ¿Qué quiere la Presidenta, unidad o confrontación? Bien se sabe que una política exitosa de seguridad pública requiere de la participación de los juzgadores.
El segundo hecho fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados en la madrugada del jueves. Resulta que los legisladores del oficialismo, a diferencia del anterior sexenio, que votaban sin mover ni una “coma” al paquete financiero del expresidente López Obrador, hoy sí cambiaron el presupuesto de la presidenta Sheinbaum. Por un lado, disminuyeron el recorte al presupuesto a las universidades, pero, por el otro, recortaron una tercera parte del presupuesto solicitado por el INE, ¿de qué se trata?, ¿cómo van a realizar una elección transparente y creíble, si el INE no tiene recursos suficientes? Con esto queda demostrado que lo que quieren no es una elección democrática, sino la imposición descarada de juzgadores a modo, la duda es ¿a modo de quién?
