*Organizaciones de la sociedad civil pidieron acelerar la construcción de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.
*Foto: Georgina Monroy / Organizaciones llamaron a acelerar la construcción del Sistema Nacional de Cuidados.
/ Escrito por Georgina Monroy Vázquez /
31.08.2026 /CimacNoticias.com/ México se encuentra ante una oportunidad para transformar la organización social de los cuidados, pero requiere acelerar la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNyPC) y articular las iniciativas existentes bajo una política de Estado, advirtieron organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
La falta de infraestructura y servicios públicos suficientes mantiene una distribución desigual de estas responsabilidades. En particular, las mujeres continúan asumiendo una parte desproporcionada del trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, una situación que limita su autonomía económica y social.
Así lo planteó el Consorcio Organizador del Encuentro Nacional El futuro de los cuidados en México, integrado por 10 organizaciones, tras la cuarta edición de este encuentro.
Cerca de 300 activistas, funcionarias, académicas, cuidadoras, integrantes de organizaciones territoriales y representantes del sector privado de 18 entidades federativas y otros países de la región participaron en el encuentro.
En su posicionamiento Hacia la consolidación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados en México. Prioridades estratégicas para avanzar en la garantía del derecho al cuidado, el consorcio reconoció los avances institucionales registrados en los últimos años, pero alertó que persisten obstáculos estructurales para garantizar este derecho.
La falta de servicios aumenta la carga sobre las mujeres
Uno de los principales problemas identificados es la desigualdad en el acceso a servicios de cuidados, especialmente en zonas rurales, indígenas y periurbanas.
De acuerdo con la información expuesta, cuando no existe infraestructura pública suficiente, las familias deben asumir y costear de manera individual las responsabilidades de cuidado, una carga que recae particularmente sobre las mujeres.
Esta situación no solo implica más horas destinadas al cuidado. También puede limitar las posibilidades de las mujeres para incorporarse al mercado laboral, generar ingresos, disponer de tiempo propio o desarrollar otras actividades, profundizando las desigualdades económicas y sociales.
Las organizaciones señalan que el trabajo de cuidados ha sido históricamente invisibilizado, feminizado y precarizado, por lo que construir un sistema nacional requiere reconocer tanto a quienes necesitan cuidados como a quienes realizan estas tareas.
La situación también alcanza a las cuidadoras comunitarias, quienes ante la falta de servicios suficientes destinan tiempo y recursos para responder a las necesidades de sus comunidades.
Las organizaciones consideran que este aporte debe ser reconocido en las políticas públicas, pues representa un trabajo que actualmente se sostiene en buena medida de manera invisible.
9 de cada 10 personas con discapacidad no asisten a un centro de cuidados
La insuficiencia de servicios también se refleja en las personas que requieren cuidados.
La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, señala que 9 de cada 10 personas con discapacidad en México no asisten a un centro de cuidados.
Además, del total de servicios de cuidados existentes en el país, únicamente 2 por ciento está destinado a personas mayores, en un contexto de envejecimiento de la población.
Ante ello, las organizaciones plantean ampliar y diversificar la infraestructura pública mediante centros de cuidado infantil, centros de día para personas mayores y servicios para personas con discapacidad.
También proponen fortalecer los sistemas comunitarios y colectivos que ya funcionan en los territorios, así como desarrollar modalidades domiciliarias y móviles que respondan a las diferentes condiciones del país.
Para el consorcio, esta expansión debe incorporar una perspectiva territorial, interseccional y participativa, tomando en cuenta las experiencias de las comunidades y de las mujeres cuidadoras.
El cuidado no remunerado también requiere protección
La construcción del sistema, sostienen las organizaciones, no puede limitarse a crear servicios para quienes requieren cuidados. También debe garantizar derechos para quienes realizan estas tareas.
Esto incluye a las personas que cuidan de manera no remunerada dentro de sus familias, particularmente aquellas que realizan cuidados intensivos, de tiempo completo o de larga duración.
También se propone avanzar en medidas compensatorias, reconocer los periodos de cuidado para efectos previsionales y generar acceso a apoyos económicos, servicios de respiro, esparcimiento y acompañamiento.
También plantea abrir la discusión sobre esquemas de seguridad social para quienes se dedican al cuidado de manera intensiva, de forma que no queden excluidas de derechos como la protección frente a riesgos y el acceso a ingresos durante la vejez.
En el caso del trabajo remunerado, las organizaciones llaman a garantizar contratos formales, seguridad social, capacitación y trayectorias profesionales para quienes trabajan en el sector de cuidados.
Presupuesto e infraestructura, entre las prioridades
En este sentido, se identifican ocho prioridades estratégicas para avanzar en la construcción del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados: participación efectiva de la sociedad civil; ampliación de infraestructura y servicios públicos; inversión progresiva y sostenible; profesionalización y condiciones laborales dignas; cambio cultural y corresponsabilidad de género; armonización normativa; articulación de las iniciativas existentes, y fortalecimiento de los sistemas de información y monitoreo.
Entre ellas destaca la necesidad de incrementar de manera sostenida la inversión pública.
El Anexo Transversal 31 permitió establecer una línea base del gasto público en cuidados de alrededor de 1.2 por ciento del PIB para 2026. Aunque las organizaciones consideran importante contar con esta medición, advierten que los recursos actuales son insuficientes para construir un sistema universal.
La inversión, plantean, debe permitir ampliar la cobertura, mejorar la calidad de los servicios y profesionalizar al personal, particularmente ante el incremento de la demanda de cuidados asociado con el envejecimiento poblacional y la informalidad laboral.
Hombres, Estado y empresas también deben cuidar
Para las organizaciones, redistribuir el trabajo de cuidados requiere también transformar los mandatos de género que han asignado históricamente estas responsabilidades a las mujeres.
Por ello, plantean impulsar una corresponsabilidad social y de género que involucre a hombres, familias, Estado, sector privado, comunidades y sociedad.
Dentro de estas propuestas se considera promover masculinidades cuidadoras desde la educación y mediante campañas que muestren referentes positivos de hombres que participan en estas tareas.
También plantea políticas laborales como licencias de paternidad y licencias parentales que contribuyan a modificar las dinámicas en los centros de trabajo.
La meta es que cuidar no sea una actividad penalizada o invisibilizada laboralmente, sino una responsabilidad reconocida y compartida.
México debe articular los programas existentes
Se reconoce las iniciativas impulsadas por el Gobierno Federal, entre ellas los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS, las acciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la Pensión Mujeres Bienestar y el Sistema de Información de Cuidados (SIDECU).
Sin embargo, se considera necesario evitar que la diversidad de programas genere nuevas formas de fragmentación institucional.
Las organizaciones plantean que estas acciones deben converger en una estrategia común y contar con una hoja de ruta que permita avanzar progresivamente hacia el Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.
También consideran necesario fortalecer el marco jurídico, incluido el reconocimiento explícito del derecho al cuidado, así como reformas laborales y de seguridad social que protejan a las personas con responsabilidades familiares.
El reto: que cuidar deje de ser una responsabilidad de las mujeres
Estas acciones ocurre a poco más de un año de la adopción del Compromiso de Tlatelolco de 2025, que reconoce el cuidado como un derecho humano, un trabajo y una condición para la igualdad de género.
Para las organizaciones, este contexto representa una oportunidad para consolidar una política pública integral, sostenible y de largo plazo.
El llamado está dirigido a los tres órdenes de gobierno, al Poder Legislativo, al sector privado, las comunidades, las personas cuidadoras, quienes requieren cuidados y la sociedad civil.
La apuesta es transformar la actual organización social del cuidado para que no continúe recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres, sino que sea reconocido como un derecho y asumido como una responsabilidad compartida.