IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El mensaje del embajador estadounidense no es diplomacia rutinaria, es una señal de alerta que pone en jaque la confianza y exhibe las debilidades estructurales del entorno de inversión en México.
Por momentos, la política exterior parece moverse en códigos suaves, casi imperceptibles. Pero hay declaraciones que rompen esa inercia y aterrizan con fuerza en el terreno económico. El reciente señalamiento del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es uno de ellos. No se trata de una opinión aislada, sino de un mensaje directo al corazón de los mercados, sin certeza jurídica, seguridad y combate a la corrupción, no hay inversión sostenible.
El caso de Sinaloa se vuelve paradigmático. En un contexto donde la competencia global por atraer capital es feroz, cualquier indicio de debilidad institucional pesa. Y pesa mucho. Cuando un diplomático de alto nivel advierte sobre riesgos, lo que realmente ocurre es un ajuste inmediato en la percepción, los inversionistas recalibran, dudan, frenan.
La primera consecuencia es silenciosa pero poderosa, aumenta el riesgo percibido. No hace falta que cambien las leyes para que el capital se retraiga; basta con la sospecha de que podrían cambiar de forma arbitraria. La posibilidad de conflictos legales, la fragilidad de los contratos o la sombra de la corrupción generan un entorno donde invertir deja de ser una apuesta estratégica y se convierte en una decisión defensiva.
A partir de ahí, el efecto dominó es inevitable. Proyectos que estaban en fase de análisis se posponen, otros se reevalúan y algunos, simplemente, se mudan. Porque el capital —especialmente el estadounidense— no sólo busca rentabilidad, busca certidumbre. Y bajo marcos regulatorios como el de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), las empresas no pueden darse el lujo de operar en entornos donde la opacidad o la ilegalidad sean riesgos latentes.
Incluso cuando la inversión no se cancela, se encarece. Más abogados, más seguros, más protocolos, más seguridad privada. El resultado es claro, proyectos menos competitivos, menos atractivos y, en muchos casos, menos viables. En otras palabras, la incertidumbre no sólo ahuyenta el capital, también lo deforma.
Pero el impacto no se queda en lo económico. La declaración de Ronald Johnson también activa un mecanismo de presión internacional. Los organismos financieros, las calificadoras de riesgo y las cámaras empresariales toman nota. La reputación de un estado —y por extensión del país— entra en juego. Y en ese terreno, recuperar la confianza es mucho más difícil que perderla.
No todos los sectores reaccionan igual, pero algunos son particularmente sensibles. La manufactura de exportación depende de reglas claras; la energía y la infraestructura requieren estabilidad a largo plazo. En esos rubros, la incertidumbre no es tolerable. Otros sectores, como el comercio o los servicios, pueden adaptarse, pero no compensan la pérdida de inversiones estratégicas.
El fondo del asunto es más profundo, la inversión extranjera ya no responde únicamente a costos bajos o ventajas geográficas. Hoy, el verdadero diferencial competitivo es el estado de derecho. La certeza jurídica —esa garantía de que las reglas no cambiarán, de que los contratos se respetarán y de que las instituciones funcionarán— se ha convertido en el activo más valioso de cualquier economía.
¿Significa esto un golpe inmediato a la inversión en Sinaloa? No necesariamente. Pero sí representa un factor disuasivo que puede inclinar decisiones clave. En un escenario donde los capitales comparan destinos, basta una duda para perder la oportunidad.
La advertencia está sobre la mesa. Ignorarla sería un error. Porque cuando la inversión duda, el desarrollo se detiene. Y en esa pausa, otros avanzan.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico en comunicación en la Ibero y en la Universidad Anáhuac, campus norte CDMX.
