*Toman instalaciones de la SEV
/Darío Pale/
01.12.2925. Integrantes del Sindicato Renovador Magisterial Veracruzano (SRMAV) tomaron este lunes las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en protesta por presuntas irregularidades y fabricación de delitos contra docentes de nivel secundaria.
Jorge García, secretario de Trabajos y Conflictos del SRMAV, señaló que la Subsecretaría de Educación Básica, encabezada por Maritza Ramírez Aguilar, ha incurrido en prácticas que calificó como “tonterías”, al presuntamente fabricar acusaciones de acoso contra directores y maestros con el objetivo de justificar cambios de adscripción.
Uno de los casos recientes —explicó— ocurrió en la Escuela Unión, ubicada en la Congregación Unión del municipio de Galápagos, donde un docente fue señalado por acoso sin que se hubiera aplicado el protocolo correspondiente.
“No hay un proceso como marca la ley. No se aplicó ningún protocolo y, para colmo, el supervisor entregó al maestro la queja de la supuesta agraviada, violando el debido proceso y la secrecía de la investigación”, denunció.
García recordó que hace mes y medio se presentó un caso similar en Actopan, donde un director también fue acusado de manera irregular. Dijo desconocer si el docente ya fue reinstalado, pero aseguró que el gremio está preocupado por la repetición de estas situaciones.
Por ello, hizo un llamado al diputado local Reveriano, presidente de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, para que dé prioridad a la iniciativa que busca sancionar a quienes presenten denuncias o pruebas falsas contra trabajadores de la educación.
“Esperamos que esta vez sí se atienda, porque esto está afectando la estabilidad laboral y la honra de compañeros inocentes”, señaló.
Respecto al maestro de la Congregación Unión, informó que continúa en resguardo y que únicamente se le ha adelantado que podría regresar en enero, aunque no existe un proceso formal ni resolución alguna.
La toma de la SEV, dijo, busca presionar a las autoridades para que detengan estas prácticas, revisen los casos y garanticen investigaciones conforme a derecho.
“El mensaje es claro: exigimos legalidad, respeto al debido proceso y el cese de estas acciones arbitrarias”, finalizó.
