*La acusación de alienación parental presenta un componente de género muy elevado y se utiliza con frecuencia contra la madre.
/ Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo ./
09.12.2025 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, Reem Alsalem, expresaron su preocupación por la utilización ilegítima de la figura del síndrome de alienación parental, en procesos judiciales en diversos Estados Parte de la Convención de Belém do Pará, como sería el caso de México.
Cabe señalar que México adoptó el Tratado de la Convención de Belém do Pará, el 9 de junio de 1994, en Brasil y lo ratificó en 1988.
La acusación de alienación parental presenta un componente de género muy elevado y se utiliza con frecuencia contra la madre.
“Uno de los patrones sexistas del recurso a la alienación parental es la caracterización de la madre como un ser vengativo y delirante por su pareja, los tribunales y los testigos periciales”, señala la ONU.
El Comité de Expertas y la Relatoría han tenido conocimiento de múltiples casos a lo largo de toda la región que se resuelven dentro de los órganos de justicia tomando como base la figura del síndrome de alienación parental que niegan la custodia de las hijas e hijos a la madre y se la otorgan al padre acusado de violencia familiar.
Además, permiten compartir la custodia con el padre violento aún en los casos en que las hijas e hijos y la madre se encuentran en grave riesgo; o que obligan a la madre a cambiar de país de residencia para que el padre que ejerce violencia pueda convivir con las y los hijos.
La utilización de esta controvertida figura en contra de las mujeres, en casos donde alegan violencia por razones de género o violencia contra las hijas e hijos, es parte del continuum de violencia de género y podría generar responsabilidad a los Estados por violencia institucional.
Caso Ángela Birkenbach
Cimacnoticias ha dado cobertura a uno de los casos que se enmarca dentro de estos señalamientos en Nayarit.
La familia de la empresaria canadiense Ángela Birkenbach, víctima de feminicidio, denunció la existencia de una red de corrupción dentro del sistema judicial mexicano, la cual, aseguran, ha operado en favor del presunto feminicida, permitiéndoles obtener la custodia de los hijos y, con ello, el control de la herencia de la empresaria.
Ángela, propietaria del complejo turístico El Limoncito Hills, fue asesinada en Octubre del 2023 presuntamente por Sergio “N”, quien era su pareja y padre sus hijos. Él, actualmente se encuentra recluido en Nayarit como presunto autor intelectual del delito, junto con Alejando «N», presunto actor material de los hechos, sin embargo aún no se ha logrado que su caso sea llevado a juicio y con ello obtener una sentencia condenatoria.
En junio, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco (PPNNA) retiró la custodia de los niños, hijos de Ángela a su madre, es decir, a su abuela materna, para entregarla a Rosalba Primavera, hermana del presunto feminicida, decisión que de acuerdo con la familia de la víctima, se dio mediante alienación parental, es decir, bajo manipulación de los niños para rechazar a la familia materna.
El 2017, Cimanoticias realizó la primera investigación sobre las orfandades por feminicidio y constató la ausencia de una política pública específica y de información estadística que mostrara las dimensiones de los efectos del feminicidio. Periodista, Lucía Lagunes Huerta. Columna Orfandad por feminicidio
Nayarit inicia juicio por feminicidio de canadiense Ángela Birkenbach.
Su familia pide recuperar a sus hijos
Exigen, eliminar esa figura
En este sentido, el Comité de Expertas y la Relatoría instan a los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará a realizar investigaciones prontas y exhaustivas para determinar la existencia de violencia contra las mujeres y a explícitamente prohibir, durante dichos procesos judiciales, evidencia que busque desacreditar un testimonio con base en el síndrome de alienación parental, tal y como se recomienda en la “Declaración sobre la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos”.
Asimismo, instan a los Estados eliminar esta figura para no colocar en una situación de alta vulnerabilidad tanto a las niñas y niños como a las madres, y para evitar el alto riesgo para estas de perder la custodia de sus hijas e hijos, utilizando, en su lugar, los principios de interés superior de la infancia, el de igualdad entre hombres y mujeres, y el de debida diligencia, así como la perspectiva de género y de interseccionalidad.
En concordancia con ello, la Plataforma EDVAW que es el órgano de cooperación entre los mecanismos mundiales, regionales y de las Naciones Unidas relativos a los derechos de la mujer, de la que forma parte el Comité de Expertas y la Relatoría, ya ha hecho un llamado para que se tome en cuenta la violencia contra las mujeres por razones de género como un factor esencial en la determinación de la custodia de las hijas e hijos.
.En este sentido, el Comité y la Relatoría hacen notar que el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará obliga a los Estados Parte a “condenar todas las formas de violencia contra la mujer y […] adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”, así como también a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.
Igualmente, el Comité y la Relatoría subrayan la obligación de los Estados Parte de “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”.
El Comité de Expertas y la Relatoría manifiestan su plena voluntad de otorgar colaboración técnica a los Estados en esta o cualquier otra materia relacionada con la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas por razones de género.
